Estás en:
Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1. Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
2. Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de mayo de 2000.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.
RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
1º) Libro nº 3 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 61, nº 396.
Resolución de 18 de abril de 2000, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 99/196, instruido a Emprendedores Canarias, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Pub Ness.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Emprendedores Canarias, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 22 de septiembre de 1999, como consecuencia de la denuncia de fecha 30 de septiembre de 1998, formulada por D. Roberto Francisco Hernández Artiles, y del acta de inspección nº 10015, de 12 de noviembre de 1998.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES 1º) Con fecha 30 de septiembre de 1998, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 6770, denuncia formulada por D. Roberto Francisco Hernández Artiles contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que en la noche del 26 de septiembre entraron en el local y les entregan una tarjeta roja que les dijeron era un control. Al leerla vemos que decía "consumición obligatoria" y al efectuarla te entregan una tarjeta verde, sin la cual no puedes marcharte, y si la pierdes pagas 5.000 pesetas, algunos bebieron y otros no. Al salir, problemas con el portero que nos prohibía salir sin darle la tarjeta verde. Al fin nos marchamos sin hacerle caso. Esto es ilegal.
2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 12 de noviembre de 1998, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Presidente Alvear, 69, bajo, en Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 10015 en la que esencialmente se hace constar que el sistema de las tarjetas se empleó un solo fin de semana y comprobando que funcionaba bien en otros establecimientos en Madrid. Que dada la confusión creada y las quejas han dejado de utilizarlo. Que el funcionamiento de las tarjetas era como alegan los denunciantes. Carece y no dispone de Hojas de Reclamaciones, ni listas de precios, Libro de Inspección y dice están solicitados. Carece de la inscripción en el Registro General de Empresas, actividades y establecimientos turísticos. Presenta Hojas de Reclamaciones de la nº 170 al 178 del Cabildo.
3º) El 22 de septiembre de 1999, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 99/196, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
4º) Con fecha 13 de marzo de 2000 y habida cuenta que la titular consignada no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 135.000 pesetas.
5º) La empresa expedientada, en escrito de fecha 31 de marzo de 2000, registro de entrada nº 3159, ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis alega que el 4 de septiembre de 1999 se presentó al Cabildo lista de precios de la empresa con registro de entrada 165003498, posteriormente el Patronato envía escrito indicando dudas en la solicitud (fotocopia del contrato de arrendamiento o escritura propiedad), escritura de constitución de sociedad, C.I.F., D.N.I. representantes, impuestos de actividades económicas y se aporta. Se ha presentado todo, pero no ha recibido notificación alguna de tener concedido lo interesado.
6º) El siguiente hecho: estar funcionando en régimen de explotación turística como bar, sin haber notificado a la administración turística competente, los precios que hayan de regir en la prestación de los servicios y sin tener el libro de inspección y las hojas de reclamaciones, según consta en el acta nº 10015 (B-17).
FECHA DE INFRACCIÓN: 12 de noviembre de 1998.
Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 10015, de 12 de noviembre de 1998.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 10015, de 12 de noviembre de 1998, sin que la titular consignada haya presentado alegaciones que no hayan sido tenidas en cuenta por el Instructor del procedimiento en el momento de formular la Propuesta de Resolución, no desvirtuando dicha Propuesta, por lo que nos ratificamos en ella.
No obstante lo anterior y al carecer la titular consignada de antecedentes por infringir la normativa turística procede atenuar la sanción inicial dada.
El hecho imputado infringe lo preceptuado en el artº. 30.1 de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978 (B.O.E. de 19 de julio), en relación con el artículo 4º de la Orden de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio); artículo1º de la Orden de 31 de octubre de 1970 (B.O.E. de 17 de noviembre), y artículo 1º de la Orden de 13 de noviembre de 1986 (B.O.C. nº 139, de 19 de noviembre) (B-17.1)
Dicho hecho viene tipificado en el artº. 76.5, 6 y 9 en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) (B-17.2).
Calificados como: leve.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 90.000 pesetas, a Emprendedores Canarias, S.L., con C.I.F. B-35508688, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Pub Ness.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).- Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de abril de 2000.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.
2º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 38, nº 112.
Resolución de 28 de abril de 2000, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 99/213, instruido a Ataman Tours, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes Ataman Tours.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Ataman Tours, S.A., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 29 de septiembre de 1999, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 67704, de fecha 28 de julio de 1998, formulada por Dña. Caya Mentado Santana, y del acta de inspección nº 10301, de 9 de noviembre de 1998.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES 1º) Con fecha 6 de agosto de 1998, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 5588, Hoja de Reclamación nº 67704, de fecha 28 de julio de 1998, formulada por Dña. Caya Mentado Santana contra el establecimiento consignado, en la que manifiesta que tenía previsto un viaje el 14 de julio y había pagado 89.500 pesetas. Llamó el 13 del mismo mes, comunicándoles lo acontecido que, acudía a visita médica aconsejándome no viajara, por tener insuficiencia cardiaca. En la Agencia no me devuelven el importe por no avisar con tiempo. Reclamo todo por suspenderse el viaje por causa ajena a mi voluntad. Adjunto copia comprobante del médico.
2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 9 de noviembre de 1998, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Secretario Artiles, 44-46, 6º, en Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de esta Viceconsejería, levantando al efecto el acta nº 10301, en la que esencialmente se hace constar que la razón alegada por la reclamante no la considera como causa de fuerza mayor y no considera procedente la devolución íntegra del viaje contratado. De intentar llegar a un acuerdo económico de un porcentaje esta agencia se compromete a entablar contacto con la reclamante para lograr el mismo y comunicarlo al servicio de Inspección de Turismo el resultado en plazo de 15 días a partir de la fecha del acta.
3º) El 29 de septiembre de 1999, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 99/213, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
4º) Con fecha 13 de marzo de 2000 y habida cuenta que la titular consignada no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 251.000 pesetas.
5º) La empresa expedientada, en escrito de fecha 25 de marzo de 2000, recibido en esta Consejería el 30 del mismo mes y año, registro de entrada nº 3080, ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis alega que la sanción es por vulnerar el artº. 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Turismo, ello no es ajustado a Derecho al amparo del artº. 83.2 de la Ley de Turismo ... La Inspección podrá efectuar citaciones a los empresarios con los requisitos del artº. 40 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El artº. 40 preceptúa que la comparecencia será obligatoria cuando esté prescrita en norma con rango de Ley ..., deberá ser citado, expresando lugar, fecha, etc., se han vulnerado los preceptos indicados y la infracción no existe.
6º) El siguiente hecho: no haber comunicado a la Inspección de Turismo el acuerdo económico con el reclamante en 15 días a partir de la fecha del acta (A-17).
Se considera probado en virtud de la Hoja de Reclamación nº 67704, de fecha 28 de julio de 1998, y del acta de inspección nº 10301, de 9 de noviembre de 1998.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada en base a la Hoja de Reclamación nº 67704, de fecha 28 de julio de 1998, y al contenido del acta de inspección nº 10301, de 9 de noviembre de 1998, sin que la titular consignada haya presentado alegaciones que no hayan sido tenidas en cuenta por el Instructor del procedimiento en el momento de formular la Propuesta de Resolución, no desvirtuando dicha Propuesta, por lo que nos ratificamos en ella.
Dicho hecho infringe lo preceptuado en el artº. 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) (A-17.1).
Calificado como: grave.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 251.000 pesetas, a Ataman tours, S.A., con C.I.F. A-35323383, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes Ataman Tours.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de 2000.- El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.
3º) Libro nº 3 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 61, nº 397.
Resolución de 18 de abril de 2000, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 99/228, instruido a D. Juan Valerón Navarro, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Jamonal de Anselmo.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Juan Valerón Navarro, por Resolución de Iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 6 de octubre de 1999, como consecuencia de la denuncia de fecha 10 de febrero de 1998 cumplimentada por D. Jaime J. Cabrera del Pino, y del acta de inspección nº 10405, de 29 de diciembre de 1998.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES 1º) Con fecha 10 de diciembre de 1998, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 8630, denuncia de fecha 6 formulada por D. Jaime J. Cabrera del Pino, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que el 6 de diciembre de 1998, en el Restaurante el Jamonal Anselmo, cuando tomaba un refresco, aprecié la presencia de una cucaracha en la pared contigua. Cuando terminaba de tomarlo apareció en el vaso y pegada a él por el interior otra cucaracha. Pedí explicaciones y la Hojas de Reclamaciones y no las tenían en el local. Después llamé al 091 y tomaron los datos míos y del local. Pedí factura.
2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 29 de diciembre de 1998 se personó en el establecimiento de referencia, sito en Juan Manuel Duran, 19, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 10405, en la que esencialmente se hace constar que existe un cambio de titularidad a nombre de Anselmo Cardona y actualmente el titular es D. Juan Valerón Navarro. Careciendo de Hojas de Reclamaciones. Puede haber ocurrido que el reclamante hubiese visto alguna cucaracha, no obstante aporta documentación de la última fumigación del 27 de octubre de 1998. Se trató correctamente al cliente.
3º) El 6 de octubre de 1999 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 99/228, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
4º) Con fecha 13 de marzo de 2000 y habida cuenta que el titular consignado no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 175.000 pesetas.
5º) El expedientado, en escrito de fecha 31 de marzo de 2000, recibido en esta Consejería el 4 de abril del mismo año registro de entrada nº 3242, ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis alega que no ha presentado cambio de titularidad antes de la fecha de infracción. Al 29 de diciembre de 1998. No es cierto. Solicitó al Patronato el alta en la actividad de bar el 19 de mayo de 1998. No ha ejercido nunca como restaurante.
6º) El siguiente hecho: alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de D. Juan Valerón Navarro, que explota el establecimiento, sin comunicarlo como es preceptivo a la administración turística competente (R-5).
Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 10405.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al contenido del acta de inspección nº 10405, de 29 de diciembre de 1998, sin que el titular consignado haya presentado alegaciones que no hayan sido tenidas en cuenta por el Instructor del procedimiento en el momento de formular la Propuesta de Resolución, no desvirtuando dicha Propuesta, por lo que nos ratificamos en ella no obstante se atenúa por carecer de antecedentes.
El hecho probado constituye la infracción prevista en los artículos 2º y 5º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los Cambios de Titularidad de los Establecimientos Turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre) (R-5.1)
Dicho hecho viene tipificado en el artº. 76.1 en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Calificado como: leve.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 125.000 pesetas a D. Juan Valerón Navarro, con N.I.F. 42.617.070-W, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Jamonal de Aselmo.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).- Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de abril de 2000.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.
4º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 38, nº 109.
Resolución de 28 de abril de 2000, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 99/253 instruido a Australia Tours, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Australia.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Australia Tours, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 20 de octubre de 1999, como consecuencia de la denuncia de fecha 1 de noviembre de 1997 formulada por D. Karl Erik Karlsson, y del acta de inspección nº 9196, de 16 de diciembre de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 11 de noviembre de 1997, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 7802, denuncia de fecha 1 de noviembre de 1997 formulada por D. Karl Erik Karlsson, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que a la llegada a los apartamentos no había persona alguna que le entregara la llave para su alojamiento, ya que la recepción se encontraba cerrada, habiendo permanecido a la intemperie.
2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 16 de diciembre de 1997 se personó en el establecimiento de referencia, sito en calle Alféreces Provisionales, 25, en Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de esta Viceconsejería, levantando al efecto el acta nº 9196 en la que esencialmente se hace constar que según manifiesta Dña. Lidia Esther Godoy Bellas, recepcionista del establecimiento consignado, con antelación a la llegada del reclamante, el día anterior, entregó la llave del apartamento, el nº 316, a la guía de la agencia de Royal Tour, para que a su vez se la entregara al Sr. Karl Erik, toda vez que la recepción sólo abre de 10 a 13 y de 17 a 19 horas todos los días, excepto los domingos que sólo abre cuando hay entradas y la llegada del cliente estaba prevista de madrugada. De lo anterior se desprende que la recepción no está permanentemente atendida y así en el exterior de la recepción no tiene anunciado ningún número de teléfono de contacto para solucionar posibles problemas que se puedan plantear como sucede en el presente.
3º) El 20 de octubre de 1999 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 99/253, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
4º) Con fecha 1 de marzo de 2000 y habida cuenta que la titular consignada no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 750.000 pesetas.
5º) La empresa expedientada, en escrito de fecha 27 de marzo de 2000, recibido en esta Consejería el 30 del mismo mes y año, registro de entrada nº 3081, ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis alega que no ha sido notificado de la Resolución de inicio de expediente sancionador, lo que ocasiona indefensión.
Por último alega que es incierto que no se atienda de forma permanente a los usuarios del complejo, ya que éstos se encuentran asistidos las 24 horas, informados los clientes de los teléfonos de contacto para atenderlos de forma inmediata, entendiendo que son meras presunciones lo vertido por el Sr. Inspector en el acta.
6º) El siguiente hecho: no contar con una recepción suficiente y permanentemente atendida (E-22).
Se considera probado en virtud de la denuncia de fecha 1 de noviembre de 1997 y acta de inspección nº 9196 de 16 de diciembre de 1997.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, sin que las razones esgrimidas tengan virtualidad alguna, puesto que la notificación de la Resolución de inicio se ha efectuado, según consta en el expediente de referencia, en cumplimiento de lo que se establece en los artículos 58 y 59, practicándose la notificación en el mismo lugar tanto para la conferida Resolución de iniciación como a lo que respecta a la Propuesta de Resolución, ante la que sin publicación presenta las alegaciones reseñadas, por lo que no se aprecia que se haya producido indefensión, pudiendo, como así lo ha hecho, antes de la Resolución del procedimiento, esgrimir las razones en su defensa que ha considerado pertinentes en relación al hecho imputado.
Por otra parte señalar que, el hecho infractor no se sustenta en "meras conjeturas", como afirma la expedientada, pues releyendo el acta de inspección 9196, de 16 de diciembre de 1997, el inspector actuante transcribe la manifestación de quien le atiende, esta es la recepcionista del establecimiento, Dña. Lidia Esther Godoy Bellas, además de indicar que el propio denunciante D. Karl Erik Karlsson, en el momento de su llegada, se encontró desasistido.
No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que la entidad mercantil consignada carece de antecedentes, no habiendo sido sancionada por infringir la normativa turística en vigor, se debe atenuar la sanción propuesta.
El hecho probado constituye la infracción prevista en el artº. 40.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) (E-22.1).
Dicho hecho viene tipificado en el artº. 76.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) (E-22.2).
Calificado como: grave.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 375.000 pesetas a Australia Tours, S.L., con C.I.F. B-35402890, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Australia.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de 2000.- El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.
© Gobierno de Canarias