Habiéndose intentado repetidas veces la notificación de la citada Resolución de reintegro e inhabilitación para obtener subvenciones públicas en el domicilio que figura en el expediente incoado por la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, sin que haya sido recibida por el interesado, se hace saber al mismo, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio y su inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, que con fecha 12 de marzo de 1999 se dictó Resolución del tenor literal siguiente:
"Visto expediente incoado por acuerdo del Viceconsejero de Asuntos Sociales de 18 de febrero de 1998 en el que se propone iniciar expediente de reintegro parcial de la subvención concedida a la entidad Coordinadora Popular de la Vivienda por un importe de 600.000 pesetas, al amparo de lo previsto en la Orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de 19 de abril de 1991, por la que se regula la concesión de subvenciones para actuaciones promovidas y desarrolladas por instituciones sin fin de lucro en áreas infradotadas, y declarar su inhabilitación para obtener subvenciones públicas durante un plazo de tres años, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES 1) Se constata en el expediente que, transcurrido el plazo concedido a la mencionada entidad para justificar que la subvención concedida fue destinada a la finalidad prevista, ha presentado justificantes por un importe de 507.289 pesetas, quedando pendiente de justificar un importe de 92.711 pesetas.
2) Habiéndosele notificado el citado acuerdo del Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, se le concedió un plazo de diez días para formular las alegaciones que considerara conveniente al respecto.
Deben considerarse asimismo, los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO I) Conforme con lo previsto en el artículo 29.3 del Decreto 6/1995, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, el citado perceptor de la subvención contrae el deber de justificar que el importe de la misma ha sido invertido en la finalidad para la cual se concedió, mediante la aportación, ante la Viceconsejería de Asuntos Sociales, de los justificantes de los gastos realizados.
II) De acuerdo con lo previsto en el artículo 32.1.c) del citado Decreto 6/1995, procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas más el interés de demora devengado desde el momento del abono, en el supuesto de incumplimiento del deber de justificación del empleo de los fondos recibidos en concepto de subvención. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 34 del repetido Decreto 6/1995, en relación con el artículo 82.3.a) del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, el referido incumplimiento puede llevar aparejada la pérdida durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones públicas.
III) El artículo 33.2 del Decreto 6/1995, dispone la concesión de audiencia al interesado por un plazo no inferior a diez días, previamente a la adopción de la resolución definitiva.
IV) Dentro del plazo concedido, la entidad referida no presenta ningún escrito de alegaciones.
V) De acuerdo con las competencias asignadas por lo dispuesto sobre el particular en el artículo 33.2 del Decreto 6/1995, por la presente,
R E S U E L V O:
Primero.- Declarar la obligación de reintegro parcial de la subvención concedida a la entidad Coordinadora Popular de la Vivienda, por un importe de noventa y dos mil setecientas once (92.711) pesetas más el interés de demora devengado desde el momento del abono, conforme a lo regulado en el artículo 32.1 del Decreto 6/1995.
Segundo.- Acordar la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas durante un plazo de tres años para la entidad citada.
Tercero.- Dar cuenta de la presente Resolución al órgano competente en materia del Tesoro, a la Intervención General, y a todos los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de la misma.-Santa Cruz de Tenerife, a 12 de marzo de 1999.- El Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, p.d., el Viceconsejero de Asuntos Sociales (Orden de 26.6.97), Rafael de Saja Sáez.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación a la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 2000.- La Viceconsejera de Asuntos Sociales, Guillermina Hernández Martín.
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