Vista la Orden de fecha 28 de marzo de 2000, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se designa a la funcionaria Dña. Carmen Dolores Padrón Peña para el desempeño del puesto nº 140201001 de la relación de puestos de trabajo de este Departamento.
Y en atención a los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Que en el punto primero de la parte dispositiva de la Orden de 28 de marzo de 2000, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 41, de 3 de abril siguiente, se ha advertido un error en el nº del Documento Nacional de Identidad de Dña. Carmen Dolores Padrón Peña.
Y teniendo en cuenta las siguientes
CONSIDERACIONES
I. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artº. 105, punto 2, establece: "Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos cometidos en sus actos".
En su virtud y en uso de las facultades que me confiere la legislación vigente,
D I S P O N G O:
Único.- Rectificar el error producido en la Orden de fecha 28 de marzo de 2000; y en el punto primero de su parte dispositiva, donde dice: "Designar a la funcionaria Dña. Carmen Dolores Padrón Peña, con D.N.I. nº 43.658.522, ..."; debe decir: "Designar a la funcionaria Dña. Carmen Dolores Padrón Peña, con D.N.I. nº 42.036.823, ...".
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o ante aquel en cuya demarcación tenga su domicilio el recurrente, o bien a criterio del interesado interponer, en vía administrativa, recurso potestativo de reposición ante esta Consejería en el plazo de un mes a partir del día siguiente a que tenga lugar su notificación, en los términos establecidos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 2000.
EL CONSEJERO DE
SANIDAD Y CONSUMO,
José Rafael Díaz Martínez.
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