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Habiendo sido intentada la notificación de la Providencia y Pliego de Cargos en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 31/2000, incoado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación a Comercial Juafa, S.L. extinta empresa operadora, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su publicación.
Asimismo, se le informa que en cumplimiento de lo dispuesto en el artº. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del presente expediente sancionador será de seis meses, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94).
PROVIDENCIA
"Vista el acta de precinto cautelar y depósito de fecha 16 de marzo de 2000, levantada por funcionario de la Inspección del Juego en el establecimiento Bar Picos del Teide, sito en El Sauzal, Ravelo, calle Real La Orotava, 272, y deduciéndose de la misma posibles infracciones a la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99), así como al Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar (B.O.C. nº 97, de 1.8.88), iníciese expediente sancionador a la extinta empresa operadora, Comercial Juafa, S.L., de conformidad con lo dispuesto en el artº. 43 y siguientes del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, nombrando Instructora del expediente a Dña. Aurora La Serna Ramos, funcionaria adscrita a la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, debiendo notificarse al interesado a los efectos de recusación previstos en el artº. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34.2 de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo, y 43.3 del citado texto reglamentario, se ordena mantener la medida cautelar adoptada por el Inspector del Juego actuante con ocasión de la citada acta de precinto de fecha 16 de marzo de 2000, esto es, el precinto trabado en la máquina recreativa del tipo "B", TF-B-15.121, instalada en el establecimiento Bar Picos del Teide, así como el depósito de la misma en estas dependencias de la Consejería de Presidencia, a resultas de la resolución que en definitiva sea dictada, todo ello para asegurar su custodia y conservación e impedir que la infracción se siga cometiendo en perjuicio de los intereses públicos y descrédito de la norma sancionadora, y para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y el buen fin del procedimiento, al apreciarse la presunta comisión de una falta muy grave, tipificada en el artº. 26.a) de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo, esto es, "la organización o explotación de juegos y apuestas no catalogados, o sin poseer las correspondientes autorizaciones administrativas, ..."
Frente a dicho acuerdo en relación con la adopción de medidas cautelares, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Viceconsejero de Administración Pública, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de la presente, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, debiendo notificarse la misma a Comercial Juafa, S.L. como interesado en el procedimiento, así como dar traslado de la misma al Servicio de Inspección del Juego a los efectos oportunos".- Santa Cruz de Tenerife, a 21 de marzo de 2000.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.
En el expediente sancionador incoado mediante Providencia del Director General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 21 de marzo de 2000, por presunta infracción a la normativa sobre el juego, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 43.1.2.a) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, se formula el siguiente
PLIEGO DE CARGOS
1º)Con fecha 16 de marzo de 2000, fue levantada acta de precinto cautelar, por funcionario adscrito al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, en el establecimiento Bar Picos del Teide, sito en El Sauzal, Ravelo, calle Real La Orotava, 272, en la que se procede al precinto de la máquina recreativa del tipo "B", TF-B-15.121, modelo B-1952, serie 95-145, que en el momento de la inspección se encuentra en funcionamiento y carece de documentación. La Guía que lleva incorporada es fotocopia del original y es de la empresa operadora Comercial Juafa, S.L., y el Boletín de Instalación está completamente borrado.
2º)Consultados los archivos obrantes en este Centro Directivo, se constata que la empresa Comercial Juafa, S.L., figura de baja administrativa desde el 26 de marzo de 1998, por cancelación del título de empresa operadora en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias, y el permiso de explotación TF-B-15.121, también figura de baja administrativa desde el 18 de mayo de 1998.
3º)Los hechos descritos suponen infracción a los artículos 4, 5 y 15.3 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo de los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99), y artículos 7, 8, 9.1 y 18.1.a) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, en cuya virtud, la organización y explotación de los juegos y apuestas objeto de la presente Ley e incluidos en el Catálogo de Juegos y Apuestas de Canarias, tan sólo podrá tener lugar previa la correspondiente autorización administrativa. Asimismo, sólo podrán explotar las máquinas recreativas de los tipos "A" y "B" las empresas operadoras debidamente autorizadas con los requisitos y condiciones que se establezcan reglamentariamente. Por último y de conformidad con el citado artº. 18.1.a) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, se extinguirá la autorización de explotación y deberá cesar, en consecuencia, la explotación de la máquina en los casos de cancelación de inscripción de la empresa operadora en el Registro.
4º)De conformidad con lo previsto en los artº. 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99), y 39 apartados 1 y 2 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas, la infracción debe calificarse de muy grave, esto es, la organización o explotación de juegos o apuestas no catalogados, o sin poseer las correspondientes autorizaciones administrativas, correspondiéndole una sanción desde 10.000.001 a 50.000.000 de pesetas, así como la sanción adicional del decomiso, y cuando la sanción sea firme, la destrucción de los materiales con que se haya cometido la infracción, a tenor de lo preceptuado en el artículo 29 apartados 1.a) y 5.c) de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.
5º)De conformidad con lo dispuesto en el artº. 33.2.c) de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo, el Gobierno de Canarias es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
De acuerdo con lo establecido en el artº. 43.1.2.b) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, se le concede un plazo de ocho días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio, para que presente en su descargo las alegaciones que tuviera por conveniente a la defensa de su derecho, y en el que podrá solicitar el recibimiento a prueba del expediente, expresando los puntos de hecho sobre lo que ha de versar y articulando la prueba de que intenta valerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 21 de marzo de 2000.- La Instructora del expediente, Aurora La Serna Ramos.
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2000.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.
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