BOC - 2000/049. Viernes 21 de Abril de 2000 - 1388

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

1388 - Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 10 de marzo de 2000, del Director, relativo a notificación de la Resolución de 10 de diciembre de 1999, por la que se pone fin al procedimiento de reintegro iniciado a la empresa Comunidad de Bienes La Farola.- Expte. nº 109/92.

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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución del procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Comunidad de Bienes La Farola de la Resolución de procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 3699, de fecha 10 de diciembre de 1999, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Examinado el procedimiento de reintegro iniciado de oficio a la empresa Comunidad de Bienes La Farola mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 2542, de fecha 16 de julio de 1999, y teniendo en cuenta que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo y Función Pública, de fecha 30 de diciembre de 1993, registrada al nº 973, se le concedió una subvención a la empresa Comunidad de Bienes La Farola por importe de un millón cien mil (1.100.000) pesetas, con cargo a la partida presupuestaria 23.05.322 B.470.00 L.A. 23.4002.01, de conformidad con lo establecido en el Decreto 83/1992, de 22 de mayo, por el que se regulaban los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento del empleo.

Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era el fomento de la contratación por tiempo indefinido de dos trabajadores desempleados. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos:

- El beneficiario de la subvención venía obligado a tener cubierto el puesto de trabajo correspondiente a la subvención como mínimo, durante los tres años siguientes a la fecha de contratación y a mantener el nivel de empleo en centros de trabajo de la empresa radicados en Canarias, durante el mismo tiempo, de manera que la plantilla de trabajadores fijos se incrementara al menos con los trabajadores contratados de conformidad con el citado Decreto.

- Si el contrato que daba origen a la subvención se extinguía antes de los tres años, contados desde la fecha en que comenzó a surtir efectos, el beneficiario de la subvención estaba obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador, contratado con sujeción a las mismas condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la misma. - El perceptor de la subvención estaba obligado a justificar que el importe de la subvención había sido invertido con la finalidad para la cual se concedió, mediante la aportación ante la Dirección General de Trabajo, al término de cada año de duración del contrato, de fotocopias, compulsadas con sus originales, de los TC-1 y TC-2 y recibos oficiales de salarios correspondientes a los trabajadores en virtud de cuya contratación fue concedida la subvención.

- Esta obligación se mantendría durante los tres años siguientes a la contratación, como mínimo y, en todo caso, hasta el momento en que se hubiera justificado totalmente la aplicación de la subvención.

Tercero.- Mediante Resolución de fecha 16 de julio de 1999, notificada al interesado el día 18 de octubre de 1999, se inició, de oficio, procedimiento para el reintegro de la subvención concedida, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante del reintegro que en la citada Resolución se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle. Las razones que motivaron la iniciación del proceso citado se concretan en las siguientes:

Haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos en la forma y plazo que se establece en la resolución de concesión y normas reguladoras.

Cuarto.- El plazo correspondiente al trámite de audiencia concluyó el pasado 30 de octubre de 1999. Se ha constatado que, hasta el día de la fecha, la empresa beneficiaria de la subvención no ha hecho uso de su derecho a alegar y a presentar los documentos y justificaciones que tuviera por convenientes.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El procedimiento de reintegro iniciado a Comunidad de Bienes La Farola, mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del ICFEM nº 2542, de fecha 16 de julio de 1999, tuvo como fundamento el incumplimiento del beneficiario de la subvención del deber de justificar el destino dado a los fondos recibidos, toda vez que:

1. A la empresa Pascual Alejandro Gorrín Ramos se le concede una subvención por la contratación de los trabajadores Manuel Dorta Fumero y Miguel Ángel Martínez.

2. El 24 de agosto de 1993, la empresa presenta documentación acreditativa de la sustitución de los trabajadores subvencionados por Victorino Guisado Delgado y Francisco Javier Placeres Hernández, respectivamente.

3. El 20 de octubre de 1994, se aporta escrito de subrogación de la empresa C.B. La Farola con todos sus derechos y obligaciones en la empresa Pascual Alejandro Gorrín Ramos.

4. Con fecha 12 de marzo de 1997, la empresa fue requerida por este Servicio para que aportara la documentación justificativa de la subvención concedida.

5. Para atender el citado requerimiento presenta, el 2 de abril de 1997, la documentación requerida, de la que se desprende que faltan seguros sociales de la empresa C.B. La Farola, donde figuren los trabajadores subvencionados, partes de baja de la Seguridad Social de Victorino Guisado Delgado y Francisco Javier Placeres Hernández, documentación de los sustitutos, si los hubo, así como documentación de la subvención de los tres años siguientes a la contratación.

De todo lo anterior se deduce que el interesado ha incumplido los artículos 14 y 15 del Decreto 83/1992, de 22 de mayo, por el que se regulaban los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento del empleo, donde se establecía que si el contrato que daba origen a la subvención se extinguía antes de los tres años contados desde la fecha en que comenzaba a surtir efectos, el beneficiario de la subvención estaba obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador, contratado a las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la misma. Asimismo el artículo 15 del mencionado Decreto obligaba a los perceptores de las subvenciones a justificar que su importe había sido invertido con la finalidad para la cual se concedían mediante la aportación ante la Dirección General de Trabajo, al término de cada año de duración del contrato, de fotocopias, compulsadas con sus originales, de los TC1 y TC2 y recibos oficiales de salarios correspondientes a los trabajadores en virtud de cuya contratación se hubiera concedido la subvención. Esta obligación se mantenía durante los tres años siguientes a la contratación.

Segundo.- Además de la normativa reguladora de la convocatoria, en los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), así como en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), que resulta de aplicación al presente expediente en virtud de su Disposición Transitoria Primera, así como de la Disposición Transitoria Primera del vigente Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. Se han observado, igualmente, las normas generales de procedimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Tercero.- Se estima procedente el reintegro de la subvención concedida, por cuanto que de la documentación obrante en el expediente de referencia, queda acreditado, como se afirma en el acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro que ahora se resuelve y respecto del que el beneficiario de la subvención no ha formulado alegación alguna en defensa de los derechos que pudieran corresponderle, el incumplimiento de la obligación de justificar de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 83/1992, de 22 de mayo, por el que se regulaban los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento del empleo.

Cuarto.- El artículo 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, atribuye la competencia para el inicio y resolución de los expedientes de reintegro al órgano que concede la subvención, que fue, en este caso, el Consejero de Trabajo y Función Pública, si bien, después de la entrada en vigor del Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 93, de 21.7.95), tal competencia debe entenderse referida al Consejero de Empleo y Asuntos Sociales.

No obstante, en virtud de la Orden de 3 de marzo de 1996, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 52, de 29 de abril de 1996, la competencia para la resolución del presente expediente de reintegro, corresponde, por delegación del Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, al Director del Instituto Canario de Formación y Empleo.

Como consecuencia de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar procedente el reintegro de la subvención concedida a la empresa Comunidad de Bienes La Farola mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo y Función Pública, de fecha 30 de diciembre de 1993, al haber incurrido en la causa determinante del reintegro de la referida subvención, por no haber justificado, en los términos que han resultado probados en los antecedentes de esta Resolución. Segundo.- La cantidad a reintegrar asciende a un millón cien mil (1.100.000) pesetas, por el principal, más los intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención, y hasta el momento del reintegro efectivo, calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre (B.O.E. nº 275, de 16.11.88).

Tercero.- La obligación de reintegro establecida en esta Resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento, y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.

Cuarto.- El reintegro habrá de efectuarse en la Tesorería General del Gobierno de Canarias (Plaza de Santo Domingo, s/n, de Santa Cruz de Tenerife) o en la Tesorería Insular correspondiente.

Notifíquese al interesado la presente Resolución, con la indicación de que, contra ésta, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales en el plazo de un mes, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera formularse. El cómputo de los plazos indicados anteriormente se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto.”

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de marzo de 2000.- El Director, p.d., el Jefe del Servicio de Administración General (Resolución nº 3552, de 26.11.99), José Arturo Matheu Delgado.



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