Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución por la que se pone fin al procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Transportes Abona, S.L. de la Resolución por la que se pone fin al procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 3318, de fecha 12 de noviembre de 1999, cuyo tenor literal es el siguiente:
Examinado el procedimiento de reintegro iniciado de oficio a la empresa Transportes Abona, S.L. mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 1953, de fecha 11 de junio de 1999, y teniendo en cuenta que:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, de fecha 1 de diciembre de 1995, registrada al nº 4018, se le concedió una subvención a la empresa Transportes Abona, S.L. por importe de setecientas mil (700.000) pesetas, con cargo a la partida presupuestaria 23.103.322C.470.00 L.A. 23.4053.02, de conformidad con lo establecido en la Orden de 7 de junio de 1995, de convocatoria y regulación de las bases para la concesión de las subvenciones establecidas en el Decreto 124/1994, de 20 de junio, por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y el mantenimiento del empleo (B.O.C. nº 75, de 16.6.95) y demás normas reguladoras de las subvenciones públicas.
Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era la conversión en indefinido de un trabajador temporal. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos:
- El beneficiario de la subvención estaba obligado a tener cubierto el puesto de trabajo correspondiente a la subvención durante los tres años siguientes a la fecha de contratación como mínimo, y a mantener el nivel de empleo en los centros de trabajo de la empresa radicados en Canarias, durante el mismo tiempo, de manera que la plantilla de trabajadores fijos se incrementara al menos con los trabajadores contratados de conformidad con el Decreto 124/1994 ya mencionado y la citada Orden.
- Si la relación laboral que daba origen a la subvención se extinguía antes de los tres años, contados desde la fecha en que comenzaba a surtir efectos, el beneficiario de la subvención estaba obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador que reuniese el requisito establecido en el artículo 2.Uno del Decreto 124/1994, ya citado.
El beneficiario de la subvención debía comunicar inmediatamente al Instituto Canario de Formación y Empleo la extinción del contrato, así como proceder a la sustitución en el plazo máximo de un mes, y presentar la documentación que acreditase haberla realizado dentro de los quince días siguientes.
- El perceptor de la subvención estaba obligado a justificar anualmente que su importe había sido invertido con la finalidad para la cual se concedió, mediante la presentación ante el Instituto Canario de Formación y Empleo de copia compulsada con su original del/de los libro/s de matrícula de la empresa y certificación expedida por el Organismo competente acreditativa de que la empresa se encontraba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
- Esta obligación se mantendría durante los tres años siguientes a la contratación, como mínimo y, en todo caso, hasta el momento en que se hubiera justificado totalmente la aplicación de la subvención.
Tercero.- Mediante Resolución de fecha 11 de junio de 1999, notificada al interesado el día 29 de junio de 1999, se inició, de oficio, procedimiento para el reintegro de la subvención concedida, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante del reintegro que en la citada Resolución se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle. Las razones que motivaron la iniciación del proceso citado, se concretan en las siguientes:
Haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos en la forma y plazo que se establece en la resolución de concesión y normas reguladoras.
Cuarto.- Con fecha 8 de julio de 1999, y registro de entrada en este Organismo nº 12123, el beneficiario presentó escrito de alegaciones, manifestando su oposición al expediente de reintegro, en el que literalmente dice:
D. Antoliano Díaz González, con D.N.I. nº 42008874-H, como Administrador de la Sociedad Transportes Abona, S.L. con C.I.F. B-38094983, con domicilio en calle Domingo Salazar Cólogan, 52, de Santa Cruz de Tenerife. COMUNICA:
Que con fecha 4 de noviembre de 1994 se contrató al trabajador: Ezequiel Hernández Martín, con un contrato que en principio era temporal y que pasó a ser fijo, por conversión, acogiéndose a la subvención de 700.000 pesetas. Pero el día 9 de agosto de 1996 pidió la baja voluntaria. Siendo sustituido como les consta a ustedes por el trabajador Julio Buenaventura Fernández Martín, con fecha de alta 10 de agosto de 1996. Pero que también solicita la baja voluntaria con fecha 5 de noviembre de 1997.
Primero.- Que el trabajador Julio Buenaventura Fernández Martín, nos comunica que quiere la baja voluntaria a finales de septiembre, al no tener a ningún otro trabajador para sustituirlo, creyendo que sólo nos faltaba para completar el tiempo de los 3 años de la subvención que sería hasta el 4 de noviembre de 1997, se le pide a dicho trabajador que por favor se quede con nosotros hasta dicha fecha, en la que creíamos que se cumplían los 3 años.
Segundo.- Que nosotros sin ninguna mala intención contábamos con la fecha de alta del contrato, no la de la conversión del trabajador Ezequiel Hernández Martín (4 de noviembre de 1994).
Tercero.- Al no tener en cuenta que la fecha correcta era la de alta, sino la de conversión en fijo. Y habiendo cumplido con todos los demás requisitos que marca la ley.
Suplicamos se tenga en cuenta dicho error, que no fue en ningún momento de mala fe. Y que a la hora de tener que reintegrar la subvención se tenga en cuenta que no sea la totalidad, sino la parte proporcional en la que no teníamos ningún trabajador sustituyendo a éstos. Ya que sólo han sido seis meses; el resto del tiempo sí ha estado justificado, como les consta.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El procedimiento de reintegro iniciado a Transportes Abona, S.L., mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del ICFEM nº 1953, de fecha 11 de junio de 1999, tuvo como fundamento el incumplimiento del beneficiario de la subvención del deber de justificar el destino dado a los fondos recibidos, toda vez que, el trabajador sustituto Julio Buenaventura Fernández Martín, causa baja en la empresa el 5 de noviembre de 1997, antes de cumplir los tres años a que se obligaba en el artículo 14.Uno y Dos de la Orden de 7 de junio de 1995, de convocatoria y regulación de las bases para la concesión de las subvenciones establecidas en el Decreto 124/1994, de 20 de junio, por el que se regulaban los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento del empleo, y en el que se obligaba, al término de cada año de duración del contrato, a aportar ante el Instituto Canario de Formación y Empleo, fotocopias, compulsadas con sus originales, de los libro/s de matrícula de la empresa y certificación expedida por el Organismo competente acreditativa de que la empresa se encontraba al corriente en el cumplimiento con la Seguridad Social. Esta obligación se mantenía durante los tres años siguientes a la contratación, como mínimo y, en todo caso, hasta el momento en que se hubiera justificado totalmente la aplicación de la subvención.
Asimismo se incumple el artículo 15.Dos de la mencionada Orden de 7 de junio de 1995, donde se exigía a los beneficiarios de las subvenciones, en el caso que la relación laboral que daba origen se pudiera entender que dicho procedimiento tuviera que desestimarse.
Tercero.- Además de la normativa reguladora de la convocatoria, en los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), así como en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), que resulta de aplicación al presente expediente en virtud de su Disposición Transitoria Primera, así como de la Disposición Transitoria Primera del vigente Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. Se han observado, igualmente, las normas generales de procedimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Cuarto.- Procede declarar el reintegro de la subvención concedida y desestimar las alegaciones presentadas por el beneficiario, por cuanto éstas no desvirtúan la veracidad del incumplimiento denunciado ni el fundamento de esta actuación, según ha resultado probado en los párrafos precedentes.
Quinto.- Corresponde al Director del Instituto Canario de Formación y Empleo la competencia para el inicio y resolución del presente expediente de reintegro, de acuerdo con el artículo 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, que atribuye la competencia para el inicio y resolución de los procedimientos de reintegro al órgano concedente de la subvención.
Como consecuencia de lo expuesto,
R E S U E L V O:
Primero.- Declarar procedente el reintegro de la subvención concedida a la empresa Transportes Abona, S.L. mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, de fecha 1 de diciembre de 1995, al haber incurrido en la causa determinante del reintegro de la referida subvención, por no haber justificado, en los términos que han resultado probados en los antecedentes de esta Resolución.
Segundo.- La cantidad a reintegrar asciende a setecientas mil (700.000) pesetas, por el principal, más doscientas ochenta mil setecientas ochenta y seis (280.786) pesetas, en concepto de intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención (7 de marzo de 1996), hasta la fecha de la propuesta de la presente Resolución (28 de octubre de 1999), calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre (B.O.E. nº 275, de 16.11.88), y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente Resolución hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.
Tercero.- La obligación de reintegro establecida en esta resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento, y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.
Cuarto.- El reintegro habrá de efectuarse en la cuenta corriente que se indica:
Entidad: Caja General de Ahorros de Canarias. C./c./c.: 2065/0118/81/1114001822.
Notifíquese al interesado la presente Resolución con la indicación de que, contra ésta, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación del presente acto.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de febrero de 2000.- El Director, p.d., el Jefe del Servicio de Administración General (Resolución nº 3552, de 26.11.99), José Arturo Matheu Delgado.
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