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No habiéndose podido practicar la notificación a D. Vicente Castellano Rodríguez de la Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental nº 88 de fecha 29 de enero de 1998, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Vicente Castellano Rodríguez la Resolución de la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental de fecha 29 de enero de 1998, recaída en el expediente tramitado en la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental por infracción de la legalidad urbanística con referencia I.U. 482/96, y cuya parte dispositiva dice textualmente:
El restablecimiento del orden jurídico infringido y realidad física alterada y transformada mediante la reposición del terreno afectado por las obras de muro de contención e instalación destinada a corral para aves, sitas en el lugar denominado Llanos de María Ribera, del término municipal de Santa Brígida, al estado anterior a la comisión de la infracción, y a tal efecto, requerir al interesado D. Vicente Castellano Rodríguez para que en el plazo de un mes presente en esta Dirección General, el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que de no cumplimentar el antedicho requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición conforme al artículo 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Notificar al Ayuntamiento y demás interesados, así como al correspondiente Registro de la Propiedad a los efectos del artículo 16, de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial.
Contra el presente acto que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario ante la Excma. Sra. Consejera de Política Territorial y Medio Ambiente, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Advertir al interesado que la competencia del Director General de Urbanismo en orden a autorizar toda actuación en suelo clasificado como rústico ha de entenderse referida, tras la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias al correspondiente Cabildo Insular.
Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de enero de 2000.- El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, Pedro Gómez Jiménez.
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