Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden recaída en el expediente iniciado con motivo de denuncias o actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de enero de 2000.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Onieva Martell.
ORDEN QUE SE CITA:
Libro nº 1 de Órdenes del Consejero de Turismo y Transportes, folio 117, nº 272.
Orden de fecha 22 de noviembre de 1999, del Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 99/083, instruido a Daminvest, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel San Antonio. Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Daminvest, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 10 de junio de 1999, como consecuencia del acta de inspección nº 09578, de 25 de febrero de 1998.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 25 de febrero de 1998, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida de Las Playas, 84, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, levantando al efecto el acta nº 09578, en la que esencialmente se hace constar que se encuentra autorizado por la Administración turística canaria para el desempeño de la actividad de hotel y posee toda la documentación. Actualmente se ha realizado una ampliación de su capacidad alojativa, mediante la construcción de 11 nuevas habitaciones con capacidad para 33 personas, no habiendo notificado dicha ampliación a la Administración, esto fue reflejado en acta nº 9248, de 4 de diciembre de 1997. El propietario y titular es quien figura en los datos generales del acta, igual que en el número de unidades y plazas existentes. Que el complejo trabaja con los siguientes touroperadores: El Corte Inglés, Turavia Barcelot, etc.
2º) El 10 de junio de 1999, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 99/083, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) La empresa expedientada en escrito de fecha 9 de julio de 1999, registro de entrada nº 6840, en síntesis ha alegado lo siguiente: se realizaron obras de reforma de las instalaciones que afectaron a 30 habitaciones, entre las que se encontraban las once habitaciones destinadas a personal.
4º) Examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada y los documentos aportados, no desvirtúa el hecho imputado toda vez que en las actas de inspección números 9248 y 9578, de 4 de diciembre de 1997 y 25 de febrero de 1998, respectivamente, los Inspectores constataron la realización de actividad turística hotelera en 11 unidades alojativas, careciendo de la autorización preceptiva. Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento, con fecha 11 de agosto de 1999, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 13.000.000 de pesetas.
5º) La empresa expedientada, en escrito de fecha 20 de septiembre de 1999, ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis alega que en nuestro escrito a la notificación de la Resolución de inicio del expediente: se proponían unos medios de prueba que no han sido tenidos en cuenta, no habiéndose practicado la prueba testifical propuesta, pues no se ha abierto el período de prueba a que se refiere el artº. 13 del Decreto 190/1996, ni se ha rechazado de forma motivada la prueba propuesta. Con la testifical propuesta se intenta acreditar que 5 de las 11 habitaciones estaban ocupadas por personal del hotel, no por clientes. El hecho imputado no infringe lo preceptuado en los artículos 4 y 10 del Decreto 149/1986, puesto que el hotel sí cuenta con las autorizaciones preceptivas para realizar la actividad hotelera, pues como se dijo en anterior escrito las 11 habitaciones siempre habían existido para el personal y lo único que se hizo fue utilizar provisionalmente por estar otras de clientes en obras. El 4 de diciembre el Inspector dice que las habitaciones están ocupadas, pero, sin indicar por quienes. En el acta del 25 de febrero de 1998 se indica se han construido 11 habitaciones, hecho incierto pues en acta del 4 de diciembre se dice existen las habitaciones. Al estar en obras el hotel las habitaciones no pueden utilizarse, no excediéndose la capacidad alojativa del hotel.
6º) El siguiente hecho:
Realizar la actividad turística hotelera en 11 unidades alojativas careciendo de la autorización preceptiva.
Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 09578, de 25 de febrero de 1998.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, sin que las razones esgrimidas tengan virtualidad alguna, al no desvirtuarse totalmente la Propuesta, no obstante se indica que la no admisión de la prueba testifical fue debido a que por esta Instrucción, analizando detalladamente las actas, se ha demostrado existían las 11 habitaciones, no obstante vista la capacidad alojativa, falta de intencionalidad, perjuicios causados, etc., se atenúa la sanción a 5.100.000 en aplicación del artº. 79 de la Ley 7/1995, párrafo 3º.
El hecho imputado, infringe lo preceptuado en:
- Artículo 4º del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros (B.O.C. nº 129, de 27 de octubre, y nº 138, de 17 de noviembre) (si no se ha solicitado la autorización). (H-1.2).
Dicho hecho viene tipificado en:
- Artº. 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) (H-1.3).
Calificado como: muy grave.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artº. 80.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 5.100.000 pesetas a Daminvest, S.L., con C.I.F. nº B-35265818, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel San Antonio.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación; haciéndole saber que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, según lo estipulado en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Una vez firme la presente Orden, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de noviembre de 1999.- El Consejero de Turismo y Transportes, Juan Carlos Becerra Robayna.
OBSERVACIONES.
El ingreso de la sanción recaída en el presente expediente deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
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