El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General, aprobado por Decreto 28/1997, de 6 de marzo (B.O.C. nº 53, de 17.3.97), establece las competencias que corresponden al Interventor General en materia de fiscalización.
El apartado 3 del artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, establece que el ejercicio de las competencias propias podrá ser delegado en el órgano que, por la aplicación del principio de eficacia, sea más idóneo para ello.
Asimismo, la posibilidad de delegación de competencias se recoge en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, subordinada a la concurrencia de circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que la hagan conveniente.
Con el objeto de alcanzar la máxima celeridad en la tramitación de los actos y expedientes sujetos a fiscalización cuya competencia tiene atribuida el Interventor General, se hace precisa la presente delegación, logrando así una mayor eficacia administrativa.
De acuerdo con lo anterior, en uso de la previsión contenida en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
R E S U E L V O:
Primero.- Delegar en el Servicio de Fiscalización las siguientes competencias:
1. Los informes preceptivos de fiscalización atribuidos a la Intervención General, con excepción de: los que sean elevados motivadamente por las Intervenciones delegadas y la resolución de las discrepancias que se susciten respecto de los reparos formulados por las Intervenciones delegadas.
2. Los informes no preceptivos que se soliciten y las consultas que se realicen a la Intervención General sobre actos, contratos y convenios que no estén delegados en los restantes Servicios de la Intervención General.
Segundo.- En los actos que se adopten en ejercicio de la delegación prevista en esta Resolución se hará constar expresamente que se dictan por delegación.
Tercero.- Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
Cuarto.- La presente Resolución surtirá efecto desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de febrero de 2000.- La Interventora General, María del Carmen Alonso Díaz.
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