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Vista la Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 306, de 23 de diciembre, por la que se rectifica la de 29 de octubre de 1999 por la que se convoca concurso unitario de traslados para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, y en el ejercicio de la competencia que me atribuye el artículo 9, número 2, letra f), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, aprobado por Decreto 278/1999, de 7 de octubre (B.O.C. nº 143, de 27),
R E S U E L V O:
Primero.- Dar publicidad al texto de la Resolución de 13 de diciembre de 1999 (B.O.E. nº 306, de 23), de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, en el apartado relativo a puestos correspondientes a Corporaciones Locales Canarias, en los términos siguientes:
Advertida la necesidad de efectuar rectificación de la Resolución de 29 de octubre de 1999 de la Dirección General de la Función Pública (B.O.E. nº 282, de 25 de noviembre), por la que se convoca concurso unitario para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, ante las precisiones formuladas por las Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas respecto a la inclusión y exclusión de determinados puestos en el citado concurso, Esta Dirección General ha resuelto:
Rectificar la Resolución de 29 de octubre de 1999, en los términos siguientes:
C) Corrección de errores materiales:
Página 40859:
Donde dice: Intervención, clase 2ª, Güímar (Santa Cruz de Tenerife), debe decir: Intervención, clase 1ª, Ayuntamiento de Güímar (Santa Cruz de Tenerife).
Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de enero de 2000.- La Directora General de la Función Pública, Cristina de León Marrero.
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