Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de Resolución de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Asociación de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (AECOP) de la Resolución de inicio de procedimiento de reintegro nº 2.453, de fecha 9 de julio de 1999, cuyo tenor literal es el siguiente:
Por la Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo se ha verificado en diligencias de información previa que por parte de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, beneficiaria de una subvención para la formación y promoción de la economía social por importe de un millón veintiséis mil (1.026.000) pesetas, concedida mediante Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo de fecha 21 de noviembre de 1994, registrada al nº 929, se ha incurrido en la siguiente causa determinante del reintegro de la referida subvención:
Haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos, en la forma y plazo que se establece en la resolución de concesión y normas reguladoras, y ello es así por las siguientes razones:
a) El número 3 del resuelvo de la indicada Resolución obliga a la asociación beneficiaria a justificar que el importe de la subvención ha sido invertido en la finalidad para la que fue concedida, mediante la presentación de la memoria de la actividad subvencionada y documentación justificativa del gasto, estableciéndose que el plazo de justificación será de tres meses contados a partir de la realización de la acción.
b) Que al día de elaboración del presente acuerdo, la asociación beneficiaria no ha presentado la documentación establecida en el número 3 de la resolución de concesión, encontrándose, por tanto, sin justificar la subvención concedida.
Por cuanto antecede, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el artículo 81 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, en ejercicio de las competencias que me atribuyen los artículos 3.d) de la Ley 7/1992, de 25 de noviembre, de creación de este Instituto, y 3 del Decreto Territorial 111/1999, de 25 de mayo, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico, en relación con lo establecido en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, y con base en lo dispuesto en los artículos 69.1 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ACUERDO:
Primero.- Iniciar el procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a la Asociación de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo con fecha 21 de noviembre de 1994 y registrada al nº 929, por las causas mencionadas, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho cumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.
Segundo.- Conceder al interesado un plazo de diez días para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente. Concluido este trámite y vistas las actuaciones pertinentes, se dictará la Resolución que corresponda.
Tercero.- Notifíquese este Acuerdo, según lo exigido en el artículo 58 y en los términos del artículo 59, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra el presente Acuerdo no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que el interesado, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la Resolución que ponga fin al presente procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de recurrirla.- El Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, Francisco Zumaquero García.
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de diciembre de 1999.- El Director, p.d., el Jefe de Servicio de Apoyo a la Economía Social (Resolución nº 2957, de 29.9.99), Adolfo Faleh Pérez.
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