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No habiéndose podido practicar la notificación a D. Sebastián Manuel Acosta Rivera, de la Resolución número 109 de fecha 6 de febrero de 1997, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Sebastián Manuel Acosta Rivera, la resolución de la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental de fecha 6 de febrero de 1997, recaída en el expediente tramitado en esta Dirección General por infracción de la legalidad urbanística con referencia I.U. 16/97, y cuya parte dispositiva dice textualmente: Ordenar la suspensión de las obras de construcción que promueve D. Sebastián Manuel Acosta Rivera en el lugar denominado Caleta de Sebo del término municipal de Teguise, y en orden a garantizar dicha medida precíntense las citadas obras una vez transcurrido el plazo de tres días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, plazo que se le concede a efectos de retirar cuantos útiles y demás bienes le sean necesarios; advirtiendo que de continuarse las obras se procederá a la retirada de la maquinaria afecta a éstas, así como a poner en conocimiento de la jurisdicción penal los hechos por ser presuntamente constitutivos de un delito tipificado en el artículo 556 del Código Penal. Instar al Ayuntamiento para que incoe el oportuno expediente a los efectos del citado artículo 248 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación dentro del plazo de un mes, esta Dirección General se subrogará en las competencias municipales de conformidad con el artículo 252 del citado Texto Refundido. A tales efectos deberá atenderse a las competencias del Ilmo. Sr. Director General de Urbanismo en orden a autorizar toda actuación en suelo clasificado como rústico de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1987, de 7 de abril, de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Instar asimismo al Iltre. Ayuntamiento para que incoe el correspondiente expediente sancionador, apercibiéndole que su inactividad dará lugar a la subrogación por esta Dirección General en los términos previstos en el artículo 47.2 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial.
Notificar al Ayuntamiento y demás interesados.
Contra el presente acto que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso ordinario ante la Excma. Sra. Consejera de Política Territorial, en el plazo de un mes, desde la notificación de la presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Advertir al interesado que la competencia del Director General de Urbanismo en orden a autorizar toda actuación en suelo clasificado como rústico ha de entenderse referida, tras la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias al correspondiente Cabildo Insular.
Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de 1999.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, Miguel Ángel Morcuende Hurtado.
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