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BOC Nº 171. Viernes 31 de Diciembre de 1999 - 4617

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

4617 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 10 de noviembre de 1999, que notifica la Resolución de 25 de mayo de 1999, de este Centro Directivo, relativa al recurso ordinario nº 26/99, interpuesto por Dña. María Mercedes González de Balmelli.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución de la Secretaría General Técnica en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. María Mercedes González de Balmelli la Resolución de 25 de mayo de 1999 (libro nº 1, folio 98, nº 241), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 26/99 (expediente nº 197/98), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias de fecha 15 de febrero de 1999.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 1999.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por Dña. María Mercedes González de Balmelli.

Visto el recurso ordinario formulado por Dña. María Mercedes González de Balmelli, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pizzería Guay sito en calle Grau Bassas, 60, en Las Palmas de Gran Canaria contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias de fecha 15 de febrero de 1999, recaída en el expediente sancionador nº 197/98, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en "prestar servicios propios de restaurante careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística competente para el ejercicio de dicha actividad", hecho que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de doscientas cincuenta y una mil (251.000) pesetas.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso ordinario solicitando la revocación de la Resolución recurrida dejando sin efecto la sanción de multa impuesta, o en su defecto, rebajando la cuantía de la misma o imponiendo la sanción de apercibimiento; a tal fin se expone, en síntesis, el siguiente argumento:

Se reconoce la veracidad del hecho imputado; no obstante, se hace constar que ello fue debido al desconocimiento de la norma, habiéndose subsanado de inmediato la anomalía detectada por la Inspección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de su admisión a trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de fecha 15 de febrero de 1999, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes, infracción a la disciplina turística con calificación de grave a tenor de lo dispuesto en el artículo 75.1 en relación con el artículo 76.18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. Teniendo en cuenta que el hecho constitutivo de la infracción sancionada consta plenamente acreditado en el expediente sancionador tramitado al deducirse de la denuncia formulada por D. José Antonio Rodríguez Acosta contra el establecimiento consignado, de las Actas de Inspección números 8680, 9713 y 9714 levantadas, respectivamente, con fecha 4 de julio de 1997 y 5 de mayo de 1998, actas cuyo valor probatorio viene amparado por lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo. Sin que tal hecho, en momento alguno, haya sido desvirtuado por la titular expedientada que ha venido a reconocer el hecho infractor imputado, no pudiendo considerar las razones aducidas como circunstancias eximentes de la responsabilidad administrativa imputable a la misma toda vez que el hecho infractor, plenamente acreditado, es subsumible en el artículo 75.1 en relación con el artículo 76.18 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, habiendo sido fijada la sanción de multa impuesta de conformidad a los criterios que para la graduación de la misma se establece en el artículo 79.2 "in fine" de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias en relación con el artículo 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, habida cuenta la calificación de la infracción cometida y las circunstancias concurrentes. Por cuanto antecede, procede, de conformidad al informe propuesta emitido con fecha 9 de abril de 1999 por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, confirmar la Resolución recurrida por ser conforme a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma manteniendo la sanción de multa impuesta.

Quinto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso ordinario promovido por Dña. María Mercedes González de Balmelli, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pizzería Guay sito en calle Grau Bassas, 60, en Las Palmas de Gran Canaria y confirmar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias de fecha 15 de febrero de 1999, recaída en el expediente sancionador nº 197/98, que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de doscientas cincuenta y una mil (251.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d., Orden de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.

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