Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 165. Viernes 17 de Diciembre de 1999 - 4430

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

4430 - Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 20 de octubre de 1999, sobre notificación de Resoluciones a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Descargar en formato pdf

Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio. 2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de octubre de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Onieva Martell.

RESOLUCIONES QUE SE CITAN:

1) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 23, nº 99.

Resolución de 12 de mayo de 1999, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 98/204, instruido a Cantebingo, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Bingo El Cabo.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Cantebingo, S.A., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 25 de noviembre de 1998, como consecuencia de la denuncia de fecha 2 de enero de 1998, formulada por D. Durga Prasad Ramroop Mishra, y del acta de inspección nº 1647, de 4 de febrero de 1998.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 2 de enero de 1998, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 4, denuncia formulada/cumplimentada por D. Durga Prasad Ramroop Mishra, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta a través de la denuncia en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que habían sido vulnerados sus derechos como consumidor en el servicio de cafetería del indicado bingo y se le negaba el Libro de Reclamaciones. Preguntado por la Policía Local al Jefe de Sala, D. Javier Afonso Medina, por las Hojas de Reclamaciones, manifiesta que no procede la entrega de las mismas.

2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 4 de febrero de 1998 se personó en el establecimiento de referencia, sito en calle Leoncio Rodríguez, 7, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 1647 en la que esencialmente se hace constar que, el compareciente ante la inspección turística, D. Abel Marrero Coello, manifiesta que el cliente se molestó por la tardanza de un camarero en servirle. Así mismo informó que efectivamente, no le entregaron las Hojas de Reclamaciones, por no tenerlas referentes a la hostelería. El compareciente comunica que la única documentación que obra en poder de la empresa es la facilitada por la Consejería de la Presidencia en relación con la actividad que realizan que es sala de bingo. En fecha 10 de febrero de 1998, se realiza un informe complementario al acta, en la que se expone por parte de D. Abel Marrero Coello, que la entrada al bingo es libre, con las únicas restricciones que abarca la Ley (menores, etc.); que la entrada a la sala es única y que el servicio que se ofrece es el de cafetería, y que a los clientes se les sirve en las mesas de juego.

3º) El 25 de noviembre de 1998, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 98/204, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.

4º) La expedientada (la empresa expedientada) en escrito de fecha 16 de diciembre de 1998, registro de entrada nº 5735, en síntesis ha alegado lo siguiente: que la actividad de bar es un complemento de la principal, que es el juego del bingo. No ser cierto que funcionan sin las autorizaciones precisas, pues están amparados en las licencias y no están abiertos al público en general. Que el citado servicio de hostelería no es competencia de la Consejería de Turismo, ni su actividad se encuentra bajo el ámbito de influencia de la Ley 6 de abril de 1995, que regula la Ordenación del Turismo de Canarias. Resulta evidente que la actividad de la empresa es la de juegos de azar, y en ningún caso, ni directa ni colateralmente con el sector del turismo. Cuentan con la correspondiente licencia de apertura, pero en ningún caso consideró el ente municipal que la citada actividad estaba relacionada con el ámbito turístico, por ello no se exigió, ni consideró requisito previo, la citada autorización. Impugnan el acta de inspección, pues en la misma no se hizo mención a la auténtica realidad. La empresa manifiesta por tanto anular la resolución y por lo tanto la calificación jurídica de los hechos por cuanto no se identifican con la realidad constatada. Por estos motivos se debería archivar el presente expediente sancionador sin imponer sanción alguna. El procedimiento administrativo sancionador obliga a señalar sanciones en su grado mínimo salvo que se justifique cualquier otra circunstancia prevista legalmente. Solicitan se archive el expediente.

5º) Examinadas las razones esgrimidas por la expedientada (la empresa expedientada) y los documentos aportados se estima la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al acta de inspección nº 1647, de 4 de febrero de 1998, de la ampliación de esta acta, informe de fecha 10 de febrero de 1998 y de la denuncia presentada ante la Policía Local del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por D. Durga Prasad Ramroop Mishra el 12 de diciembre de 1997, que pasa a la OMIC y tiene registro de entrada nº 4, de fecha 2 de enero de 1998 en esta Dirección General, de lo que se desprende que la Cafetería Bingo El Cabo se encuentra funcionando en la situación abierta al público en general, sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada.

La cafetería, aunque tenga carácter complementario, a la actividad de juegos del azar, se encuentra bajo la competencia de la Consejería del Turismo y su actividad ha de ser regulada por la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, independiente de la actividad de la empresa de juego de azar, que está regulada por el Decreto 123/1988, de 1 de agosto.

En el informe de inspección, manifiesta D. Abel Marrero Coello, representante de la entidad, que la entrada al bingo es libre, con las únicas restricciones que las que abarca la Ley. Se observa por parte de la inspección que la entrada a la sala es única y se sirve a los clientes en las mesas de juego, con alimentos de cafetería.

El gerente, D. Abel Marrero, manifiesta a la inspección que el cliente se molestó por la tardanza de un camarero, en servirle y que no se le entregaron las Hojas de Reclamaciones por no tener las referentes a la hostelería.

Manifiesta asimismo que la documentación que poseen es la facilitada por la Consejería de la Presidencia, en relación con la actividad de bingo. El cliente, en la denuncia que presenta ante la Policía Local, dice que “habían sido vulnerados sus derechos como consumidor en el servicio de cafetería de dicho bingo y le negaban el Libro de Reclamaciones”.

La Cafetería Bingo El Cabo se encuentra abierta al público, ya que la entrada es libre, puede acceder a ella cualquier persona que quiera consumir los servicios propios, o quiera jugar al bingo, por lo que se encuentra bajo los auspicios de la Ley 7. El documento que expide la Gerencia Municipal de Urbanismo, licencia de apertura, señala textualmente en el punto f): “Obtener las restantes autorizaciones que sean exigibles, de la propia Gerencia de Urbanismo o de otra Administración Pública”.

La Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística (B.O.C nº 42, de 11.4.86), señala en el artº. 5.4, que “el contenido del acta se presumirá cierto salvo prueba en contrario y deberá ser remitida a la Autoridad competente a fin de que incoe, en su caso, el oportuno expediente”.

No obstante lo anterior, a la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa inicialmente propuesta, debe tenerse en cuenta la carencia de antecedentes, no obrando constancia de haberse instruido expedientes sancionadores contra la expedientada sobre los que haya recaído resolución firme, según resulta de la consulta efectuada a los archivos correspondientes.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento, con fecha 4 de marzo de 1999, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de doscientas cincuenta mil una (250.001) pesetas.

6º) La expedientada (la empresa expedientada), en escrito de fecha 6 de abril de 1999, registro de entrada nº 1343, ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis alega que no existe ninguna explotación de cafetería en el local. No es cierto que esté en situación de abierta al público en general y que la entrada a la cafetería no es libre, no puede acceder cualquier persona que quiera consumir los servicios propios de una cafetería, sino sólo la de aquellos que pretendan practicar el juego del bingo, previa acreditación entregando su D.N.I. en el servicio de admisión.

7º) Se consideran probados los siguientes hechos:

“Estar abierta al público en general, sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de cafetería”. Tales hechos se consideran probados en virtud del acta de inspección nº 1647, de 4 de febrero de 1998 y de la ampliación del acta de inspección de 10 de febrero de 1998.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada (la empresa expedientada), sin que las razones esgrimidas tengan virtualidad alguna, en base a que los hechos probados constituyen las infracciones previstas en los artículos 6 de la Orden Ministerial de 18 de marzo de 1965, de Ordenación Turística de Cafeterías (B.O.E. de 29 de marzo), con la calificación jurídica de grave, tipificada en el artículo 75.1 en relación con el 76.18, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95). En cuanto a las nuevas alegaciones, el Sr. Abel Marrero Coello informa a la subinspectora el 10 de febrero de 1998, que la entrada al bingo es libre, mientras que en las alegaciones hay disparidad de criterios, pues se dice que no es libre. Asimismo en el informe se estima que la entrada a la sala es única y que el servicio que se explota es el de cafetería.

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de doscientas cincuenta mil una (250.001) pesetas, a Cantebingo, S.A., con D.N.I./ C.I.F. nº A-35.346.444, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Bingo El Cabo.- Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 1999.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.

2) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 26, nº 166.

Resolución de 15 de julio de 1999, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 98/217, instruido a Comercial Roser, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Tosca.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Comercial Roser, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 2 de diciembre de 1998, como consecuencia de la denuncia de fecha 20 de abril de 1998, formulada por D. Fernando Aguirre Rodríguez, y del acta de inspección nº 0001483, de 30 de abril de 1998 levantada a los Apartamentos Tosca y el acta nº 0001491, de 13 de mayo de 1998, levantada a la Agencia de Viajes Soltour.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 20 de abril de 1998, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 1498, denuncia/Hoja de Reclamación nº 0004485 formulada/cumplimentada por D. Fernando Aguirre Rodríguez de Guzmán, en representación de un grupo de estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Aljada de Molina de Murcia, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que a las 20 horas del día 2 de abril de 1998 se presentó con el citado grupo en los Apartamentos Tosca de Puerto de la Cruz ya que tenían contratada y pagada la estancia con pensión completa durante los días 2 al 9 de abril de 1998 y se les comunica que no les admiten por ser un grupo de estudiantes.

Reclama la presencia del Director, comunicándole la encargada de la recepción que en ese momento no está. A las 20,15 horas del mismo día se persona D. Fernando Aguirre Rodríguez de Guzmán en la Jefatura de la Policía Local de Puerto de la Cruz, ante quien expone los hechos relatados anteriormente.

Al no llegar a un acuerdo con el establecimiento, el Policía 1-4 acompaña al denunciante a los apartamentos donde se procede a la cumplimentación de la Hoja de Reclamación. La recepcionista facilita dicha Hoja, añadiendo que el Director no se encontraba en el lugar.

Se constata, además, en el informe policial que en principio el profesor y el referido grupo tenían previsto acceder a la oferta realizada por la Agencia de Viajes Soltour, pernoctando esa noche en el Hotel Murillo para insistir al día siguiente sobre el particular, dado que una de las peculiaridades que exigían del Hotel era que estuviera en la zona centro.

Acompaña la programación del viaje con la Agencia Nilo Tour y el correspondiente bono de alojamiento en los Apartamentos Tosca.

2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 30 de abril de 1998 se personó en el establecimiento de referencia, sito en calle San Juan, 1, en Puerto de la Cruz, término municipal de Puerto de la Cruz, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 1483 en la que esencialmente se hace constar que la recepcionista de los citados Apartamentos, Dña. Beatriz Hernández García, manifiesta a la Inspectora de Turismo que debido a los problemas y desperfectos que originan los grupos de estudiantes, la dirección del establecimiento determinó no aceptar a estos clientes, siendo comunicado este hecho a la Agencia de Viajes Soltour.

Presenta fax enviado con fecha 31 de marzo de 1998 que se adjunta a esta acta.

Manifiesta, además, que los reclamantes tenían constancia de lo sucedido, pues normalmente el guía de la Agencia de Viajes les informa de los incidentes que se ocasionan en los viajes concertados y en el momento de presentar la reclamación, a los clientes ya se les había reservado otro hotel, pues ellos se dirigieron a los Apartamentos Tosca con el objeto de recibir una explicación.

Con fecha 13 de mayo de 1998 se personó el Servicio de Inspección de Turismo en la Agencia de Viajes Soltour, S.A., sita en la Avenida de Colón, 28, de Puerto de la Cruz, con el objeto de aclarar los hechos constatados en los Apartamentos Tosca, especificados en el acta 1483, levantando al efecto el acta nº 1491 en la que se hace constar que el Director de la referida Agencia, D. Diego Estarellas Suárez, manifiesta a la Inspectora actuante que en fecha 1 de abril de 1998 se le comunicó mediante fax que no admiten reservas de grupos de estudiantes. En este caso, y dado el escaso tiempo de que disponían, se trasladó el grupo al Hotel Murillo, donde pernoctaron la noche del 2 al 3, siendo alojados el resto de su estancia en el Hotel Noelia. 3º) El 2 de diciembre de 1998, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 98/217, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.

4º) La empresa expedientada, en escrito de fecha 22 de diciembre de 1998, registro de entrada nº 5842, ha realizado contestación a los hechos que se le imputan, en la que en síntesis alega “que niega los hechos de la forma expuesta en la resolución inicial del expediente sancionador, entendiendo que no procede tipificación de infracción alguna, ya que no ha habido ninguna infracción a la legalidad vigente, mostrándose asimismo disconforme con la sanción, ya que al no existir infracción tampoco cabe hablar de tipificación ni, por tanto, de sanción.

Sobre los perjuicios y trastornos que dice el denunciante haber sufrido en el desvío de alojamiento, considera que en ningún caso los ha demostrado ya que el hotel donde dicen que se desvió está apenas a dos kilómetros del Tosca, no existiendo gasto económico por desplazamiento porque el Hotel Murillo está dentro del término municipal de Puerto de la Cruz y dispone de los mismos servicios que el Hotel Apartamentos Tosca que ofrece, además, un servicio gratuito de guaguas, por lo que ningún gasto se ha podido ocasionar al denunciante.

Por otra parte, invoca la prescripción de los hechos, alegando que si los mismos fueron el 30 de abril de 1998, fecha de la denuncia, lo cierto es que la reclamación se produce el día 2 de abril y la resolución de incoación del presente expediente fue notificada con posterioridad al 3 de diciembre de 1998, habiendo transcurrido más de seis meses desde la imputación supuesta.

En cuanto a la valoración de la sanción, entiende que en modo alguno puede calificarse de grave, todo lo más de leve y ello porque no ha sido culpa de la expedientada que se hayan producido estos hechos, considerando, además, que el hecho de intentar nuevo alojamiento y de haber informado previamente a la Agencia de Viajes Soltour de la imposibilidad de la reserva es lo que hace que la valoración pudiera ser de leve, estando entonces dispuesta a allanarse a la misma y pagar la sanción que correspondiera a la realidad de la infracción.

Adjunta factura de Soltour, en la que se le hace la devolución por importe negativo en la cantidad de 453.250 pesetas y del aviso a Soltour de la modificación de reserva.

Por último, solicita se tengan por efectuadas las anteriores alegaciones y se dicte resolución por la que se acuerde el archivo de las actuaciones.”

5º) Examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada y los documentos aportados, se considera que debe estimarse su responsabilidad administrativa por el hecho infractor imputado sin que sus alegaciones lo desvirtúen pues reconoce que efectuó el desvío de los reclamantes a otro establecimiento y, contrariamente a lo que afirma en su escrito de alegaciones, éstos han sufrido además de las molestias y pérdida de tiempo inherentes a un desvío de establecimiento, el perjuicio que supone alojarse en un establecimiento de una modalidad, la de hotel, diferente a la contratada, de apartamentos, que implica el disfrute de unos servicios diferentes a los de Hotel como es el de disponer de cocina en las unidades alojativas.

Por otra parte, resulta inoperante la prescripción de la infracción invocada por la expedientada, pues conforme al artículo 74 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, “Las infracciones turísticas graves prescriben a los dos años.

La prescripción de las infracciones se interrumpe, con la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador.”

En este caso, el hecho infractor se produce el 2 de abril de 1998 y la notificación de la iniciación del procedimiento sancionador se efectúa el 10 de diciembre de 1998, según consta en acuse de recibo unido al expediente, tratándose además, de una infracción grave la que se imputó en el pliego de cargos, resulta obvio que entre las dos fechas señaladas no ha transcurrido un plazo superior a los dos años, necesario para que la prescripción se produzca.

Tampoco se ha producido la caducidad del procedimiento, pues desde la notificación de su iniciación, 10 de diciembre de 1998, hasta la fecha no ha transcurrido el plazo de seis meses necesario para que la caducidad opere.

No obstante, a la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa inicialmente propuesta, debe tenerse en cuenta la carencia de antecedentes, comprobada mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 5 de abril de 1999, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 251.000 pesetas.

6º) La empresa expedientada, en escrito de fecha 26 de abril de 1999, registro de entrada nº 1736, ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis reitera el contenido de las alegaciones formuladas en la contestación al pliego de cargos, solicitando que se proceda en su día a ordenar el archivo de las actuaciones, por no ser constitutivas de infracción alguna, y en el supuesto de considerarse infracción leve, se proceda igualmente al archivo, al haber prescrito y archivado el procedimiento.

7º) Se considera probado el siguiente hecho: “Incumplimiento de la reserva de alojamiento efectuada a través de las Agencias de Viajes Nilo Tour y Soltour por D. Fernando Aguirre Rodríguez, en representación de un grupo de estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Aljada de Molina de Murcia, habiendo desviado a dicho grupo al Hotel Murillo que ostenta una modalidad turística distinta (Hotel) a la del establecimiento reservado (Apartamentos), ocasionándoles los consiguientes trastornos y perjuicios económicos.” Tal hecho se considera probado en virtud de la denuncia y Hoja de Reclamación cumplimentada por D. Fernando Aguirre Rodríguez, de la programación del viaje concertado con la Agencia Nilo Tour, del correspondiente bono de alojamiento en los Apartamentos Tosca, del informe de la Policía Local de Puerto de la Cruz y de los contenidos de las actas de inspección nº 0001483, de 30 de abril de 1998, levantada a los apartamentos Tosca y nº 0001491, de 13 de mayo de 1998, levantada a la Agencia de Viajes Soltour de Puerto de la Cruz.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada (la empresa expedientada), sin que las razones esgrimidas tengan virtualidad alguna, en base a que el hecho probado constituye la infracción prevista en el artículo 11.4 de la Orden de 15 de septiembre de 1978 (B.O.E de 20 de septiembre de 1978) en relación con el artículo 20.b) del Decreto 231/1965, de 14 de enero (B.O.E de 20 de febrero de 1965); con calificación de grave, en base al artículo 76.15, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de doscientas cincuenta y una mil (251.000) pesetas, a Comercial Roser, S.L., con C.I.F. nº B-38.219.531, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Tosca.

Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 1999.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.

3) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 29, nº 190.

Resolución de 13 de agosto de 1999, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 99/029, instruido a Renta Capital, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Green Park.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Renta Capital, S.A., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 24 de febrero de 1999, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 66468, de fecha 26 de agosto de 1997, formulada por D. Julio Vieira y otros, y de las actas de inspección números 1187, de 6 de febrero de 1998, y 1430, de 21 de abril de 1998.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 26 de agosto de 1997, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 3754, Hoja de Reclamación nº 66468 formulada por D. Julio Vieira Nunes y otros, contra el establecimiento consignado, en la que manifiesta deficiencias en los servicios de comida, buffet con mal estado de presentación, con alimentos limitados; falta de limpieza en los apartamentos, etc.

2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 6 de febrero de 1998 se personó en el establecimiento de referencia, sito en Urbanización Golf del Sur, término municipal de San Miguel de Abona, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 1187, en la que esencialmente se hace constar que manifiesta el compareciente que la limpieza de los apartamentos se realiza tres veces por semana. En la fecha de estancia del reclamante, una de las tres piscinas con que cuenta el complejo estuvo averiada tres días. Las mesas de billar son de una empresa ajena a la explotación turística y tardan en reparar las averías, como máximo veinticuatro horas. Durante la inspección se constató que faltaba gran parte de la comida del buffet y se pudo observar como dos clientes manifestaban su queja por dicho extremo. Se pone de manifiesto que el día 11 de agosto de 1997, D. Pedro Rafael Fernández Sánchez, cliente del establecimiento, presentó una reclamación en la hoja 3637 A, donde manifestaba también que la comida del buffet era muy escasa.

3º) El 24 de febrero de 1999, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 99/029, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.

4º) Con fecha 9 de junio de 1999 y habida cuenta que el titular consignado no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase los hechos imputados, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de ochenta mil (80.000) pesetas por el 1er hecho infractor y setecientas cincuenta mil (750.000) pesetas por el 2º hecho infractor.

5º) El expedientado (la empresa expedientada) no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.

6º) Se consideran probados los siguientes hechos:

“1.- Deficiencias en la prestación del servicio de comida. Buffet con deficiente estado de presentación en el que faltaba gran parte de comida (escasez de alimentos).

2.- No realizar un servicio obligatorio como es la limpieza de los apartamentos cinco días a la semana, como exige la normativa vigente. La empresa manifiesta a la inspección que la realizan tres veces”. Tales hechos se consideran probados en virtud del acta de inspección nº 1187, de 6 de febrero de 1998, y 1430, de 21 de abril de 1998.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución. Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado (la empresa expedientada), sin que las razones esgrimidas tengan virtualidad alguna, en base a que los hechos probados constituyen las infracciones previstas en el artº. 43 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, con la calificación jurídica de leve y grave, tipificadas en los artículos 77.4 y 76.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre , por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de ochenta mil (80.000) pesetas por el 1er hecho infractor y setecientas cincuenta mil (750.000) pesetas por el 2º hecho infractor, a Renta Capital, S.A., con D.N.I./C.I.F. nº B-38.366.522, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Green Park.

Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Santa Cruz de Tenerife, a 13 de agosto de 1999.- El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.

© Gobierno de Canarias