Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución de procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Juan Lino Valladares González de la Resolución de procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 3203, de fecha 28 de octubre de 1999, cuyo tenor literal es el siguiente:
Examinado el procedimiento de reintegro iniciado de oficio a la empresa Juan Lino Valladares González mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 2416, de fecha 9 de julio de 1999, y teniendo en cuenta que:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo y Función Pública, de fecha 30 de noviembre de 1992, registrada al nº 539, se le concedió una subvención a la empresa Juan Lino Valladares González por importe de quinientas cincuenta mil (550.000) pesetas, con cargo a la partida presupuestaria 23.05.322 B.470.00 L.A. 23.4002.01, de conformidad con lo establecido en el Decreto 83/1992, de 22 de mayo, por el que se regulaban los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y mantenimiento del empleo y demás normas reguladoras de las subvenciones públicas.
Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida eran el fomento de la contratación por tiempo indefinido de un trabajador. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos:
- El beneficiario de la subvención venía obligado a tener cubierto el puesto de trabajo correspondiente a la subvención como mínimo, durante los tres años siguientes a la fecha de contratación y a mantener el nivel de empleo en centros de trabajo de la empresa radicados en Canarias, durante el mismo tiempo, de manera que la plantilla de trabajadores fijos se incrementara al menos con los trabajadores contratados de conformidad con el citado Decreto.
- Si el contrato que daba origen a la subvención se extinguía antes de los tres años, contados desde la fecha en que comenzó a surtir efectos, el beneficiario de la subvención estaba obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador, contratado con sujeción a las mismas condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la misma.
- El perceptor de la subvención estaba obligado a justificar que el importe de la subvención había sido invertido con la finalidad para la cual se concedió, mediante la aportación ante la Dirección General de Trabajo, al término de cada año de duración del contrato, de fotocopias, compulsadas con sus originales, de los TC-1 y TC-2 y recibos oficiales de salarios correspondientes a los trabajadores en virtud de cuya contratación fue concedida la subvención.
- Esta obligación se mantendría durante los tres años siguientes a la contratación, como mínimo y, en todo caso, hasta el momento en que se hubiera justificado totalmente la aplicación de la subvención.
Tercero.- Mediante Resolución de fecha 9 de julio de 1999, notificada al interesado el día 31 de agosto de 1999, se inició, de oficio, procedimiento para el reintegro de la subvención concedida, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante del reintegro que en la citada Resolución se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle. Las razones que motivaron la iniciación del proceso citado se concretan en las causas siguientes:
Haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los fondos percibidos en la forma y plazo que se establece en la resolución de concesión y normas reguladoras.
Cuarto.- Con fecha 17 de septiembre de 1999, tiene entrada en este Organismo un escrito registrado al nº 16352, manifestando su oposición al expediente de reintegro, en el que literalmente dice:
En su escrito de desestimación se argumenta el no darse los requisitos, por grupo de edad y parentesco entre el empresario y el empleado por vínculo de consanguinidad hasta el segundo grado, según el artº. 14, 15 y 9 del Real Decreto 83/1992, en relación a lo mencionado y a modo de recurso, quisiera interponer lo siguiente:
- Que el abajo firmante, si bien le parece injusto el que no pueda contratar a un trabajador a tiempo indefinido porque tenga determinado grado de parentesco ya que a efectos de costo en impuesto y Seguridad Social son exactamente los mismos que cualquier otro empleado, entiende que es pobre argumento ante las normas restrictivas del mencionado Decreto.
- Debido a que debido a las circunstancias económicas actuales sería muy dificultoso el poder reintegrar a la Administración el importe de la subvención recibida que ha sido invertido de acuerdo con el objetivo que pretendía el objetivo de la subvención ya que el trabajador antes mencionado estuvo trabajando y cotizando durante 21 meses, superando los costos del importe a la subvención. Quisiéramos saber si se podría conseguir mediante la contratación de otra persona en las condiciones que ustedes estimen, el que no se proceda al expediente de reintegro del importe de la subvención.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El procedimiento de reintegro iniciado a Juan Lino Valladares González, mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del ICFEM nº 2416, de fecha 9 de julio de 1999, tuvo como fundamento el incumplimiento del beneficiario de la subvención del deber de justificar el destino dado a los fondos recibidos, toda vez que el 8 de febrero de 1996 y con registro de salida 1.232, de 12 de febrero de 1996, la empresa fue requerida para que presentara la documentación justificativa, según establece el citado Decreto 83/1992 en su artículo 15. La empresa presenta la documentación el 5 de marzo de 1996 y de la misma se desprende que el trabajador subvencionado causó baja en la empresa en el mes de junio de 1994, y no fue sustituido sino el 1 de junio de 1996 (dos años después y una vez transcurridos más de tres años desde la contratación); con lo que se incumple el artículo 14 del Decreto 83/1992, que establece que si el contrato que dio origen a la subvención se extinguiera antes de los tres años contados desde la fecha en que comenzó a surtir efectos, el beneficiario de la subvención estará obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador, contratado con sujeción a las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la misma.
Por otra parte, el trabajador Arnaldo Jesús Valladares Negrín, contratado el 1 de junio de 1996, no reunía los requisitos de edad, ya que era menor de 25 años, habiendo sido concedida la subvención para un trabajador mayor de 25 años. Además, este trabajador mantiene una relación de parentesco de primer grado con el empresario, con lo que se incumple el artículo 9, punto tres, del Decreto 83/1992, que establece que En ningún caso serán objeto de subvención las contrataciones del cónyuge o de trabajadores unidos al empresario o a las personas que formen parte de los órganos representativos de la empresa, cuando se trate de personas jurídicas, por vínculos de consanguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo grado inclusive.
Así mismo, el beneficiario incumple lo establecido en el artº. 15 del mencionado Decreto, que establece los perceptores de las subvenciones vendrán obligados a justificar que su importe ha sido invertido con la finalidad para la cual se concedieron mediante la aportación ante la Dirección General de Trabajo, al término de cada año de duración del contrato, de fotocopias compulsadas con sus originales de los TC-1 y TC-2 y recibos de salarios correspondientes a los trabajadores en virtud de cuya contratación se ha concedido la subvención. Esta obligación se mantendrá durante los tres años siguientes a la contratación.
Segundo.- Por lo demás, de las alegaciones realizadas y la documentación aportada por el beneficiario durante el trámite de audiencia otorgado a consecuencia del inicio de procedimiento de reintegro, se deduce lo siguiente:
No añade argumentos jurídicos que alteren el estado del procedimiento. Y la solución que se propone: la contratación de otra persona en las condiciones que ustedes estimen, no subsanaría los defectos formales observados, si bien la empresa puede solicitar subvención por la contratación de nuevos trabajadores en futuras convocatorias de fomento del empleo.
Tercero.- Además de la normativa reguladora de la convocatoria, en los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), así como en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), que resulta de aplicación al presente expediente en virtud de su Disposición Transitoria Primera, así como de la Disposición Transitoria Primera del vigente Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. Se han observado, igualmente, las normas generales de procedimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Cuarto.- Procede declarar el reintegro de la subvención concedida y desestimar las alegaciones presentadas por el beneficiario, por cuanto éstas no desvirtúan la veracidad del incumplimiento denunciado ni el fundamento de esta actuación, según ha resultado probado en los párrafos precedentes.
Quinto.- El artículo 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, atribuye la competencia para el inicio y resolución de los expedientes de reintegro al órgano que concede la subvención, que fue, en este caso, el Consejero de Trabajo y Función Pública, si bien, después de la entrada en vigor del Decreto 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 93, de 21.7.95), tal competencia debe entenderse referida al Consejero de Empleo y Asuntos Sociales.
No obstante, en virtud de la Orden de 3 de marzo de 1996, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 52, de 29 de abril de 1996, la competencia para la resolución del presente expediente de reintegro, corresponde, por delegación del Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, al Director del Instituto Canario de Formación y Empleo.
Como consecuencia de lo expuesto,
R E S U E L V O:
Primero.- Declarar procedente el reintegro de la subvención concedida a la empresa Juan Lino Valladares González mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo y Función Pública, de fecha 30 de noviembre de 1992, al haber incurrido en la causa determinante del reintegro de la referida subvención, por no haber justificado, en los términos que han resultado probados en los antecedentes de esta resolución.
Segundo.- La cantidad a reintegrar asciende a quinientas cincuenta mil (550.000) pesetas, por el principal, más los intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención, calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. Tercero.- La obligación de reintegro establecida en esta resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento, y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.
Cuarto.- El reintegro habrá de efectuarse en la Tesorería General del Gobierno de Canarias (Plaza de Santo Domingo, s/n, de Santa Cruz de Tenerife) o en la Tesorería Insular correspondiente.
Notifíquese al interesado la presente Resolución, con la indicación de que, contra ésta, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales en el plazo de un mes, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera formularse. El cómputo de los plazos indicados anteriormente se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de noviembre de 1999.- El Director, p.d., la Jefa del Servicio de Empleo II (Resolución nº 2957, de 29.9.99), Silvia Martínez Sánchez.
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