BOC - 1999/160. Lunes 6 de Diciembre de 1999 - 4307

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

4307 - Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18 de octubre de 1999, sobre notificación de Resoluciones a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1. Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivos en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio. 2. Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de octubre de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.

RESOLUCIONES QUE SE CITAN:

1º) Libro nº 1 de Resolución de Viceconsejería de Turismo, folio 29, nº 204.

Resolución de 19 de agosto de 1999, de la Viceconsejería de Turismo, recaída en el expediente sancionador nº 98/212, instruido a Tabaibal, S.C.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Grill Las Vegas.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Tabaibal, SCL, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 21 de octubre de 1998, como consecuencia del acta de inspección nº 07862, de 21 de noviembre de 1996.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 21 de noviembre de 1996, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida de Las Vegas, 9, Valsequillo, el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de esta Viceconsejería, levantando al efecto el acta nº 07862 en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento realiza la actividad turística de restaurante, toda vez que se encuentra abierto al público y ofrece los platos que figuran en la carta que se adjunta al acta, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística canaria.

2º) El 21 de octubre de 1998, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/212, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.

3º) Con fecha 19 de marzo de 1999 y habida cuenta que la titular consignada no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 625.000 pesetas. 4º) La empresa expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.

5º) El siguiente hecho: estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de restaurante.

Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 07862, de 21 de noviembre de 1996.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, sin que la titular consignada presentase alegaciones.

El hecho imputado infringe lo preceptuado en:

- Artículo 6º de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo).

Dicho hecho viene tipificado en:

- Artº. 75.1, en relación con el artº. 76.18, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95). Calificado como grave.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artº. 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 625.000 pesetas, a Tabaibal, S.C.L., con C.I.F. F-35401165, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Grill Las Vegas.

Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de agosto de 1999.- El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.

2º) Libro nº 3 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 8, nº 173.

Resolución de 17 de agosto de 1999, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/228, instruido a Recyg, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Aeropuerto.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Recyg, S.A., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 11 de noviembre de 1998, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 33697, de fecha 17 de diciembre de 1997, recibida en esta Consejería el 8 de enero de 1998, formulada por D. Miguel Tomé Pueyo, y del acta de inspección nº 9473, de 30 de enero de 1998.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 8 de enero de 1998, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 102, Hoja de Reclamación nº 33697 cumplimentada por D. Miguel Tomé Pueyo, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta una serie de irregularidades sobre los precios.

2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 30 de enero de 1998, se personó en el establecimiento de referencia, sito en el Aeropuerto de Guacimeta, término municipal de San Bartolomé de Lanzarote, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 9473 en la que esencialmente se hace constar que se sirvió a los reclamantes un botellín de vino, marca Torres (sangre de toro) al precio de 300 pesetas, si bien se comprueba que este producto no aparece comunicado en la lista de precios sellada por la Administración turística canaria, que es de fecha 10 de noviembre de 1994, en cuyo apartado de vinos aparece tan solo (entre otros) la “copa de vino de rioja” al precio de 170 pesetas, por unidad.

3º) El 11 de noviembre de 1998 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/228, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.

4º) Con fecha 19 de marzo de 1999 y habida cuenta que la titular consignada no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 37.500 pesetas.

5º) La empresa expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.

6º) El siguiente hecho: no haber notificado a la Administración turística competente, el precio que rige en el producto botellín de marca Torres (Sangre de Toro) a 300 pesetas.

Se considera probado en virtud de la Hoja de Reclamación nº 33697 y del acta de inspección nº 9473 de 30 de enero de 1998.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96). Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, sin que la titular haya presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.

El hecho imputado infringe lo preceptuado en:

- Artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio).

Dicho hecho viene tipificado en:

- Artº. 76.5, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Calificado como leve.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artº. 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 37.500 pesetas, a Recyg, S.A., con C.I.F. A-58111790, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Aeropuerto.- Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de agosto de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, por Orden nº 186, de 2 de agosto de 1999, Rafael Medina Jáber, Viceconsejero de Turismo. 3º) Libro nº 3 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 8, nº 185.

Resolución de 18 de agosto de 1999, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 99/071, instruido a Viajes Drago Olympia 2000, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes Drago Olympia.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Viajes Drago Olympia, S.A., titular del establecimiento denominado Agencia de Viajes Drago Olympia, sito en la calle de León y Castillo, 219, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 26 de abril de 1999, y a la vista de la Propuesta de Resolución del Instructor de fecha 12 de agosto de 1999, en la que se hace constar que queda desvirtuado el hecho imputado, toda vez que examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada y los documentos aportados, desvirtúa el hecho, pues la abundante prueba documental, la falta de pruebas fehacientes de la reclamante, la aceptación de 9.000 pesetas de indemnización, la estancia hasta final del campamento (a pesar de tener conocimiento del comportamiento y lo ocurrido por dos chicos de la montañeta y otro usuario), a pesar de que la organización puso los medios para buena marcha del campamento. Por todo lo cual y análisis detallado de los informes y certificado, y a falta de otras pruebas que los contradigan.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artº. 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Sobreseer y archivar el presente expediente, por no haberse podido comprobar la comisión de infracción administrativa alguna a la normativa turística en vigor.- Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, por Orden nº 186, de 2 de agosto de 1999, Rafael Medina Jáber, Viceconsejero de Turismo.



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