El artículo 8.1 del Decreto 194/1994, de 30 de septiembre, de adjudicación de viviendas promovidas por la Comunidad Autónoma de Canarias en régimen de alquiler, establece la posibilidad de llevar a cabo actuaciones singulares, destinadas a solucionar necesidades derivadas de operaciones de remodelación, relocalización, rehabilitación, o cualquier otra similar, que se considere de interés social y afecten a colectivos de población concretos, siempre que al menos el 80% de los afectados reúnan los requisitos necesarios para ser adjudicatarios de una vivienda de promoción pública. Por parte del Ayuntamiento de Santa Lucía se remitió con fecha 2 de julio de 1999 una propuesta de adjudicación de vivienda a familias para la erradicación de la infravivienda en dicho término municipal.
Estudiada dicha propuesta se han seleccionado aquellas unidades familiares que cumplen con lo establecido en el punto primero del artículo 8 del Decreto de adjudicación.
En su consecuencia,
R E S U E L V O:
Primero.- Adjudicar las viviendas del Grupo 14 Viviendas Orilla Baja, expediente GC-1/96, a las personas que a continuación se relacionan:
egundo.- El régimen de adjudicación será de alquiler, pudiendo concederse, en razón de las circunstancias económicas, una ayuda de hasta el 90% de la renta inicial, en base al estudio económico aprobado para dichas promociones, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 y anexo III, del Decreto 194/1994, de 30 de septiembre. Tercero.- La formalización de las adjudicaciones se efectuará por la Dirección General de Vivienda de acuerdo con el procedimiento establecido en el Capítulo cuarto del Decreto de adjudicación citado.Cuarto.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Quinto.- Contra este acto que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre de 1999.
EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y AGUAS, Antonio Ángel Castro Cordobez.
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