BOC - 1999/157. Lunes 29 de Noviembre de 1999 - 4232

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

4232 - Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 10 de noviembre de 1999, del Director, relativo a notificación de la Resolución de 30 de septiembre de 1999, por la que se pone fin al procedimiento de reintegro iniciado a la empresa Mario Rodríguez Herrera.- Expte. nº 4.904/94.

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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución de procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Mario Rodríguez Herrera de la Resolución de procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 2969, de fecha 30 de septiembre de 1999, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Examinado el procedimiento de reintegro iniciado de oficio a la empresa D. Mario Rodríguez Herrera mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 1827, de fecha 23 de noviembre de 1998, y teniendo en cuenta que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, de fecha 25 de noviembre de 1994, registrada al nº 1076 se le concedió una subvención a la empresa D. Mario Rodríguez Herrera por importe de setecientas veintisiete mil (727.000) pesetas, con cargo a la aplicación presupuestaria 23.103.325A.470.00 L.A. 23.4038.02, de conformidad con lo establecido en la Orden de 30 de agosto de 1994, de convocatoria y regulación de las bases para la concesión de las subvenciones reguladas en el Decreto 124/1994, de 20 de junio, por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y el mantenimiento del empleo (B.O.C. nº 76, de 22.6.94).

Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida eran la constitución de un trabajador autónomo o por cuenta propia. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos:

- Transcurrido un año del alta en la Seguridad Social y dentro del mes siguiente a dicho período, los beneficiarios de la subvención estaban obligados a presentar ante el Instituto Canario de Formación y Empleo, a los efectos de justificación de la misma, certificación expedida por el Organismo competente acreditativa de que continúa en alta y al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.

- Esta obligación se mantendría durante los tres años siguientes a su constitución como trabajadores autónomos.

- Los beneficiarios de las subvenciones estaban obligados a facilitar toda la información que les fuera requerida por el Instituto Canario de Formación y Empleo, y a someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se practicasen por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas.

Tercero.- Mediante Resolución de fecha 23 de noviembre de 1998, notificada al interesado el día 6 de agosto de 1999 (por haber sido devuelto por Correos el intento de notificación en el domicilio del interesado y ser publicado en el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna en orden a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), se inició, de oficio, procedimiento para el reintegro de la subvención concedida, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante del reintegro que en la citada resolución se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle. Las razones que motivaron la iniciación del proceso citado se concretan en las siguientes:

“Haber incurrido el beneficiario en la causa determinante de reintegro por no haber justificado la subvención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del extinto Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 35 y 36 del Decreto en vigor 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el artículo 81 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, en ejercicio de las competencias que me atribuye el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, y con base en lo dispuesto en los artículos 69.1 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

Cuarto.- Con fecha 6 de agosto de 1999, y registro de entrada en este Organismo nº 13938, el beneficiario presentó escrito de alegaciones, manifestando su oposición al expediente de reintegro, en el que literalmente dice:

“Primera.- Si bien es cierto que a este dicente le fue concedida la subvención relativa al expediente referido y por importe de setecientas veintisiete mil (727.000) pesetas, es más cierto que la misma fue satisfecha con cerca de un año de retraso, concretamente el 25 de octubre de 1995, como se acredita mediante el justificante de transferencia que se acompaña como documento uno, siendo la resolución de la concesión de fecha 25 de noviembre de 1994.

Dicha situación ha causado al que suscribe un perjuicio económico de tal envergadura que ha supuesto la no viabilidad del proyecto empresarial iniciado y en definitiva el cierre de la empresa, ante el cúmulo de gastos que tuvo que soportar durante el año 1995.

Segunda.- El referido retraso, imputable a esta Administración a la que me dirijo, como ya se puso de manifiesto en escrito de fecha 13 de marzo de 1995, por el extravío de documentación aportada, -se acompaña el mismo como documento dos al presente- ha significado el desembolso de novecientas veinte mil (920.000) pesetas como gastos de explotación que han originado que el dicente tuviera que dar de baja la empresa en fecha 1 de julio de 1996 y no poder cumplir con los requisitos marcados en los respectivos Decretos 6/1995, de 27 de enero y 337/1997, de 19 de diciembre, donde se regula el régimen general sobre ayudas y subvenciones de la Administración Pública Canaria, como era su intención. Se acreditan dichos gastos mediante copia de la declaración de la renta relativa al año 1995, que se acompaña como documento tres y la fecha de baja empresarial mediante el documento cuatro que también se adjunta al presente escrito.

Tercera.- Por lo expuesto, es absolutamente injusto y desproporcionado que este dicente tenga que asumir la devolución íntegramente de la subvención concedida, además de todas las pérdidas del negocio habidas imputables al retraso injustificado de la subvención concedida.

Es por lo que,

Solicito a .V.E., que habiendo por presentado este escrito, y por hechas las alegaciones que anteceden, junto con los documentos que se acompañan, se sirva admitirlo y en su virtud, dicte resolución por la que declare el archivo del expediente al entender culpa exclusiva de esta Administración en la imposibilidad de cumplimiento de los requisitos solicitados para la subvención.”

Al escrito de alegaciones citado se acompaña una copia del documento de pago de la transferencia bancaria de la subvención concedida, una copia del escrito presentado por el interesado, D. Mario Rodríguez Herrera, con registro de entrada en el ICFEM el 13 de marzo de 1995, copia de la declaración de la renta del interesado del año 1995, copia del parte de baja en el régimen especial de trabajadores autónomos el 30 de junio de 1996.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El procedimiento de reintegro iniciado a D. Mario Rodríguez Herrera, mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del ICFEM nº 1827 de fecha 23 de noviembre de 1998, tuvo como fundamento el incumplimiento del beneficiario de la subvención del deber de justificar el destino dado a los fondos recibidos, toda vez que no aportó la certificación expedida por el Organismo competente que acreditase que la empresa se encontraba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, en los tres años posteriores a su constitución como autónomo, con efectos a partir del 1 de diciembre de 1994, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 24.Uno y Dos de la Orden de 30 de agosto de 1994, de convocatoria y regulación de las bases para la concesión de las subvenciones reguladas en el Decreto 124/1994, de 20 de junio, por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y el mantenimiento del empleo (B.O.C. nº 76, de 22.6.94).

El tenor literal del artículo 24.Uno de la Orden de 30 de agosto regula: “Transcurrido un año de alta en la Seguridad Social y dentro del mes siguiente a dicho período, los beneficiarios de las subvenciones vendrán obligados a presentar ante el Instituto Canario de Formación y Empleo, a los efectos de la justificación de la misma, certificación expedida por el Organismo competente acreditativa de que continúa de alta y al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.”

Asimismo, el artículo 24.Dos concreta el período en el que el interesado estaba obligado a justificar, y dispone:

“Esta obligación se mantendrá durante los 3 años siguientes a su constitución como trabajador autónomo.”

Segundo.- Por lo demás, de las alegaciones realizadas y la documentación aportada por el beneficiario durante el trámite de audiencia otorgado a consecuencia del inicio de procedimiento de reintegro, se deduce lo siguiente:

El interesado verifica el incumplimiento expuesto en el fundamento jurídico primero, dado que entre la documentación aportada en la fase de alegaciones, además de no haber aportado una certificación que acreditase que estaba al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social, adjunta un parte de baja en el régimen especial de trabajadores autónomos, el 30 de junio de 1996, sellado por la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social el 1 de julio de 1996, corroborando el incumplimiento del artículo 24.Uno y Dos de la Orden de 30 de agosto de 1994, de convocatoria y regulación de las bases para la concesión de las subvenciones reguladas en el Decreto 124/1994, de 20 de junio, por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y el mantenimiento del empleo (B.O.C. nº 76, de 22.6.94).

Tercero.- Además de la normativa reguladora de la convocatoria, en los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), así como en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), que resulta de aplicación al presente expediente en virtud de su Disposición Transitoria Primera, así como de la Disposición Transitoria Primera del vigente Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. Se han observado, igualmente, las normas generales de procedimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Cuarto.- Procede declarar el reintegro de la subvención concedida y desestimar las alegaciones presentadas por el beneficiario, por cuanto éstas no desvirtúan la veracidad del incumplimiento denunciado ni el fundamento de esta actuación, según ha resultado probado en los párrafos precedentes.

Quinto.- Corresponde al Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de Formación y Empleo la resolución del presente expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, que atribuye la competencia para inicio y resolución de los procedimientos de reintegro al órgano concedente de la subvención.

Como consecuencia de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar procedente el reintegro de la subvención concedida a la empresa D. Mario Rodríguez Herrera mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de Formación y Empleo de fecha 25 de noviembre de 1994, al haber incurrido en la causa determinante del reintegro de la referida subvención, por no haber justificado, en los términos que han resultado probados en los antecedentes de esta resolución.

Segundo.- La cantidad a reintegrar asciende a setecientas veintisiete mil (727.000) pesetas, por el principal, más trescientas treinta y ocho mil quinientas tres (338.503) pesetas, en concepto de intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención (6 de julio de 1995), hasta la fecha de la propuesta de la presente resolución (27 de septiembre de 1999), calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente resolución hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.

Tercero.- La obligación de reintegro establecida en esta resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento, y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan. Cuarto.- El reintegro habrá de efectuarse en la cuenta corriente que se indica:

Entidad: Caja General de Ahorros de Canarias. C.C.C. 2065/0118/81/1114001822.

Notifíquese al interesado la presente Resolución, con la indicación de que, contra ésta, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación del presente acto.”

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 1999.- El Director, p.d., la Jefa del Servicio de Empleo II (Resolución nº 2957, de 29.9.99), Silvia Martínez Sánchez.



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