BOC - 1999/157. Lunes 29 de Noviembre de 1999 - 4216

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia

4216 - Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 29 de septiembre de 1999, relativo a notificación de Orden de 10 de agosto de 1999, por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. David Asensio Guerrero, en representación de la entidad mercantil Recreativos Júpiter, S.A., contra la Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública que resuelve el expediente sancionador nº 113/98.

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Habiendo sido intentada la notificación de Orden de fecha 10 de agosto de 1999 en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 113/98 incoado por la Viceconsejería de Administración Pública a la empresa operadora nº 122, Recreativos Júpiter, S.A., por supuesta infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.

“Orden del Consejero de Presidencia, por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. David Asensio Guerrero, en representación de la entidad mercantil Recreativos Júpiter, S.A., contra la Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública por la que se resuelve el expediente sancionador nº 113/98.

Examinado el expediente tramitado por la Consejería de Presidencia para la resolución del recurso ordinario interpuesto por D. David Asensio Guerrero, en representación de la entidad mercantil Recreativos Júpiter, S.A., contra la Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública por la que se resuelve el expediente sancionador nº 113/98.

Vista la propuesta formulada por el Viceconsejero de Administración Pública.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 29 de octubre de 1998 fue dictada Resolución por la Viceconsejería de Administración Pública, por la que se sanciona a Recreativos Júpiter, S.A., como titular de la empresa operadora nº 122, con multas que ascienden a la cantidad de quinientas mil pesetas, por haberse comprobado que en el establecimiento Salón de Juegos Recreativos Júpiter Games, sito en Adeje, Urbanización San Eugenio, calle Hotel La Pinta, se encontraba instalada y en funcionamiento una máquina recreativa del tipo “A”, TF-A-8.318, serie A/95-001, modelo A/2419, careciendo del preceptivo Boletín de Instalación y presentando una fotocopia de la Guía de Circulación. Asimismo, se encontraban instaladas y en funcionamiento las máquinas recreativas que a continuación se relacionan, careciendo todas ellas de los distintivos correspondientes del pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego del primer y segundo trimestres del año 1998: TF-B-11.873, TF-B-14.961, TF-B-15.122, TF-B-16.786, TF-B-11.876 y TF-B-16.340.

2º) Contra dicha Resolución fue presentado por el interesado recurso ordinario alegando, en síntesis, que la Resolución que ahora impugnamos no ha sido notificada personalmente a la entidad que represento. De hecho, en la propia Resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias simplemente se advierte el intento de ser notificada por parte de esa Administración, pero en ningún caso se fija terminantemente la fecha en que se produjo ese intento.

Pues bien, como reza en los propios antecedentes de la Resolución, el acta que motivó la incoación del referido expediente tiene fecha 5 de junio de 1998, fecha desde la que se podía haber iniciado el mismo, de suerte que hasta el 24 de febrero en que mi mandante tiene noticia de la Resolución sancionadora, han transcurrido ocho meses y veintidós días; es decir, que de conformidad con lo dispuesto en el artº. 43.4 de la Ley 30/1992, en relación con lo establecido por el artículo 20.6 del Reglamento 1.398/1993, de 4 de agosto, Reglamento por el que se regula la potestad sancionadora, la Resolución impugnada ha sido dictada, en exceso fuera del plazo de seis meses, y, por lo tanto, el procedimiento sancionador ha caducado.

Ahora bien, en el supuesto que se entendiera que la incoación se produjo, válidamente, el día 16 de junio de 1998, según la Providencia dictada por el Viceconsejero de Administración Pública, repárese que mi mandante no tuvo noticia de la Resolución definitiva hasta el día 24 de febrero pasado, esto es, ocho meses y ocho días después de la iniciación del expediente, o lo que es lo mismo dos meses y ocho días después de transcurridos los seis meses preceptivos. Por consiguiente, en esta última hipótesis también procedería la declaración de caducidad del expediente sancionador de referencia. En este sentido, no se olvide que es doctrina constante de las Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia, y, en especial, de la de esta capital, que el cómputo del plazo de seis meses se agota con la efectiva notificación de la Resolución al sujeto sancionado.

Con todo, si no se estimara caducado el expediente sancionador, no cabe soslayar que por aplicación de los principios generales del Derecho Administrativo sancionador, no cabe imponer sanción administrativa alguna si no concurre en el sujeto sancionado ningún tipo de culpabilidad. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en este caso, ya que como alegamos en la tramitación del expediente, la ausencia en el momento de la inspección de la documentación referenciada en el acta, obedeció a que hubo de ser retirada por parte de la entidad que represento, a fin de proceder a tramitar nueva documentación, por deterioro de la anterior. De hecho, dicha documentación fue retirada el día 5 de junio de 1998, que era viernes, y se presentó la solicitud de la nueva el siguiente lunes día 8, pues es evidente que los servicios de esa Administración no están abiertos al público los sábados. En definitiva, procede revocar la resolución sancionadora en cuanto a las infracciones relativas a la falta de esa documentación, reduciendo, en consecuencia, la cuantía de la sanción.

Por todo cuanto antecede, se interesa Resolución por la que se revoque y anule la Resolución impugnada, dejándola sin efecto, declarando la caducidad del expediente, o subsidiariamente, dicte otra por la que se revoque parcialmente la Resolución impugnada, imponiendo tan sólo el importe de la sanción relativa a la ausencia de los distintivos de pago de las Tasas Fiscales.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89), 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90) y 235/1997, de 30 de septiembre (B.O.C. nº 131, de 10.10.97).

Segunda.- De conformidad con lo establecido en los artículos 24.b) de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y 7.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, en relación con el artículo 3 del Decreto 400/1999, de 17 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, el Consejero de Presidencia es competente para intervenir en la resolución de este expediente.

Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en los artículos 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarta.- En el recurso interpuesto se observan todos los requisitos de índole adjetiva y formal que hacen procedente su admisión a trámite, tales como la legitimación del recurrente y la interposición en el plazo legalmente establecido, de conformidad con el artículo 114 y siguientes de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Quinta.- Los hechos y fundamentos jurídicos alegados por la entidad recurrente, y, consecuentemente, las pretensiones deducidas por la misma, han de ser desestimadas, al no desvirtuar, en modo alguno, la conformidad a Derecho del acto recurrido y del expediente tramitado, tal como se pasa a fundamentar a continuación.

Sexta.- En efecto, no procede la declaración de caducidad del expediente sancionador de referencia, pretendida por la parte recurrente, por cuanto desde el momento en que se acuerda la iniciación del presente procedimiento, mediante Providencia del Viceconsejero de Administración Pública de fecha 16 de junio de 1998, hasta que se resuelve expresamente el presente procedimiento sancionador por Resolución del Viceconsejero de Administración Pública de fecha 29 de octubre de 1998, tan sólo han transcurrido cuatro meses, y no más de seis como alega el recurrente.

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con el artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución de referencia fue dictada en plazo, por cuanto el plazo de resolución en los procedimientos sancionadores es de seis meses, a contar desde el acuerdo de incoación hasta que se dicta la resolución.

Por otra parte, la ausencia de culpabilidad que alega la entidad recurrente con base en que la Guía de Circulación no estaba colocada en el exterior de la máquina por haberse retirado para solicitar un duplicado de la misma al haberse deteriorado dicho ejemplar, actuación que coincidió con la visita de la inspección, no se resiste al más somero análisis teniendo en cuenta que la visita de la inspección tuvo lugar el día 5 de junio de 1998 y la solicitud de compulsa de la copia de la Guía de Circulación de referencia tuvo lugar el día 8 de junio de 1998, mediante escrito registrado de entrada en la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación con el nº 3.395, esto es, después y a raíz de la citada visita de inspección.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. David Asensio Guerrero, en representación de la entidad mercantil Recreativos Júpiter, S.A., contra la Resolución de la Viceconsejería de Administración Pública de fecha 29 de octubre de 1998, por la que se resuelve el expediente sancionador nº 113/98, descrita en el Antecedente 1º de la presente, confirmando dicho acto en todos sus extremos, debiéndose notificar la presente al recurrente, como interesado en el procedimiento, y con domicilio a tal efecto en la calle Desirée Dogour, 4, de Santa Cruz de Tenerife.

Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso de Santa Cruz de Tenerife, o ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 10 de agosto de 1999.- El Consejero de Presidencia, p.s., el Consejero de Industria y Comercio (Decreto 469/1999, de 20.7.99), Lorenzo Alberto Suárez Alonso.”

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de septiembre de 1999.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.



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