Estás en:
Vista la Orden de 16 de marzo de 1999 (B.O.C. nº 38, de 29.3.99), por la que se suspende la tramitación de la convocatoria para 1999, de las subvenciones destinadas a la financiación de los préstamos y créditos de campaña y circulante de los productos agrarios originarios de las Islas Canarias, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Orden de 1 de febrero de 1999 (B.O.C. nº 17, de 8.2.99), por la que se convocan para 1999, las subvenciones destinadas a la financiación de los préstamos y créditos de campaña y circulante de los productos agrarios originarios de las Islas Canarias, ha sido suspendida mediante Orden de 16 de marzo de 1999 (B.O.C. nº 38, de 29.3.99), a requerimiento de la Comisión Europea, debido a que no se informó a la misma sobre dicho régimen de ayudas y por ende no recayó la decisión definitiva de dicha Comisión, decisión sin la cual no se puede, a tenor de lo establecido en el artículo 88.3 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, ejecutar las medidas proyectadas en un régimen de ayudas.
Segundo.- La Comisión Europea no se ha pronunciado hasta la fecha, antes al contrario, el Viceconsejero de Economía y Coordinación Técnica con la Unión Europea ha remitido a esta Consejería mediante escrito de fecha 13 de septiembre de 1999, carta dirigida por la Comisión Europea a la representación permanente de España, en la que se solicita nuevamente información complementaria sobre dicho régimen de ayudas.
Tercero.- Los créditos destinados a dicha convocatoria y que ascienden, a tenor de lo dispuesto en el resuelvo tercero de la mencionada Orden de 1 de febrero de 1999, a ochenta millones (80.000.000) de pesetas, se perderían a tenor de lo establecido en el artículo 4 de la Orden de 15 de septiembre de 1999, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio de 1999 y apertura del 2000 en relación a la contabilidad de los gastos e ingresos públicos, en el supuesto de que no pudiera reconocerse la obligación antes del 31 de diciembre de 1999.
Cuarto.- Lo establecido en el apartado 1 del artículo 4, a que nos hemos referido en el antecedente anterior, resulta de difícil cumplimiento si tenemos en cuenta que la resolución de concesión de la subvención, necesaria para el reconocimiento de la obligación, no puede dictarse hasta tanto no se recaiga decisión definitiva de la Comisión Europea, decisión que evidentemente tendría que ser favorable y además, que la resolución de concesión de la subvención, en el supuesto que se dicte, queda condicionada, a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 de la base 7 de la Orden de 1 de febrero de 1999, a que el peticionario acepte la subvención concedida en el plazo de los 30 días siguientes a su notificación.
Quinto.- Que es intención de esta Consejería evitar que se pierdan, por los motivos expuestos, los créditos destinados a financiar la convocatoria, y utilizarlos para financiar otras actividades de interés público.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 88.3 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea establece que los Estados miembros no podrán ejecutar las medidas proyectadas en un régimen de ayudas antes de que haya recaído decisión definitiva de la Comisión Europea, decisión que como ya se ha señalado en el antecedente segundo no ha recaído hasta la fecha.
Segundo.- El artículo 4.1 de la Orden de 15 de septiembre de 1999 (B.O.C. nº 128, de 22.9.99), establece que los Centros Gestores de Gastos han de remitir, antes del 31 de diciembre de 1999, los documentos contables O, que correspondan, por las obligaciones que se hayan reconocido en el ejercicio y que aún figuren en el saldo de compromiso. Asimismo, dicho apartado establece que estos documentos O han de presentarse en la Intervención, junto con los justificantes que acrediten el reconocimiento de las obligaciones antes del 31 de diciembre de 1999, dicha exigencia resulta de imposible cumplimiento, por los motivos igualmente expuestos en los antecedentes tercero y cuarto.
Tercero.- El artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece los supuestos en los que no podrán ejercitarse las facultades de revisión, supuestos estos que no se dan en el presente caso.
Vistos los hechos y fundamentos enunciados, y en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas,
R E S U E L V O:
Revocar la Orden de 1 de febrero de 1999 (B.O.C. nº 17, de 8.2.99), por la que se convocan para 1999 las subvenciones destinadas a la financiación de los préstamos y créditos de campaña y circulante de los productos agrarios originarios de las Islas Canarias, por los motivos expuestos.
Notifíquese la presente resolución a los interesados con la advertencia de que frente a la misma, podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación, sin perjuicio de que pueda interponerse ante este Órgano recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, con los efectos establecidos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de noviembre de 1999.
EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, Gabriel Mato Adrover.
© Gobierno de Canarias