BOC - 1999/151. Lunes 15 de Noviembre de 1999 - 4037

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

4037 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 25 de junio de 1999, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) Visto el expediente nº 38-271/98. INSTRUIDO A: Sonia Báez Carmona. D.N.I. o N.I.F.: 43786408C. MOTIVACIÓN (Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). REFERENCIA DE HECHOS: el día 27 de marzo de 1998, un Inspector de esta Dirección General realizó una visita de inspección en el establecimiento de tintorería, de rótulo VIT- SEC, del que es titular Sonia Báez Carmona, con domicilio en la Avenida Príncipes de España, Ofra, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y extiende el acta nº 8439 para comprobar la reclamación nº 363/98 formulada por Dña. María del Carmen González Fuentes, provisto de D.N.I. nº 41.993.535, siendo motivo de la misma la entrega para su limpieza de tres chaquetas y un jersey, en fecha 10 de marzo de 1998 con devolución de dos de las chaquetas deterioradas, y personado el Inspector actuante en el establecimiento, según manifestación de la compareciente en acta, y como queda debidamente acreditado en el resguardo de depósito entregado con nº 10852, las manchas de las prendas no tenían garantía de eliminación, sin embargo esa cláusula no fue firmada por el usuario, requisito indispensable para que la exención de responsabilidad por parte del prestador del servicio sea vinculante y pueda surtir efecto. Los hechos expuestos constituyen infracción en materia de consumo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación el artículo 6 del Real Decreto 1.453/1987, de 27 de noviembre (B.O.E. nº 285), por el que se aprueba el Reglamento regulador de los servicios de limpieza, conservación y teñido de productos textiles, cueros, pieles y sintéticos en concordancia con los artículos 3.3.1 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria y 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 27 de agosto de 1998, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Sonia Báez Carmona la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir de su notificación ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, siendo necesario si lo presenta por medio de representante, la acreditación del mismo por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.- Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

2) Visto el expediente nº 38-201/98.

INSTRUIDO A: Joyería Ada, S.L CON N.I.F.: 38324158.

RESOLUCIÓN

Visto el expediente sancionador nº 38-291/98, instruido por esta Dirección General contra Joyería Ada, S.L., con domicilio en Joyería Ada, Hotel Tenerife Princess, Prolongación Paseo de las Palmeras, Playa de las Américas, del término municipal de Arona, y estando de acuerdo con la propuesta formulada por el Instructor.

Visto los preceptos legales de general aplicación, en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Resultando: que el día 19 de febrero de 1998, un Inspector de esta Dirección General realiza una visita de inspección en el establecimiento de joyería, de rótulo Joyería Ada, S.L., con domicilio en el Hotel Tenerife Princess, Prolongación Paseo de las Palmeras, Playa de las Américas, del término municipal de Arona, y extiende el acta nº 9685 comprobando la reclamación nº 135/98 formulada por el Sr. Hingele House, siendo motivo de la misma la adquisición de un juego de pendientes y collar de perlas con un defecto de origen y negativa a devolverle el importe abonado y a facilitarle una Hoja de Reclamaciones y no se expone en lugar visible al público el cartel anunciador de su disponibilidad, constituyendo tales hechos infracción en materia de consumo. Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación indicando que infringía lo dispuesto en los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148), artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en relación con el artículo 3, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), y artículo 34, apartado 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176).

Resultando: que al no tener constancia de la notificación personal del mismo por el Servicio de Correos y a tener de lo establecido en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación es un derecho del interesado. Considerando que de conformidad con los artículos 24 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el expediente debe entenderse caducado.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,

ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Joyería Ada, S.L., por caducidad y el archivo del expediente nº 38-201/98, sin más trámites.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir de su notificación ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, conforme a lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 1 de septiembre de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de junio de 1999.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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