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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de Resolución de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Pitágoras, Sociedad Cooperativa de la Resolución de declaración de caducidad nº 1.546, de fecha 5 de mayo de 1999, cuyo tenor literal es el siguiente:
Visto el procedimiento administrativo de reintegro iniciado el 29 de abril de 1996 contra la entidad Pitágoras, Sociedad Cooperativa, mediante Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 929, sobre el expediente nº 220/1994, y teniendo en cuenta que:
ANTECEDENTES
Único.- La citada Resolución de fecha 29 de abril de 1996 inició un procedimiento de reintegro de la subvención concedida a la entidad Pitágoras, Sociedad Cooperativa, mediante Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 929, sin que hasta el día de la fecha haya recaído resolución expresa poniendo fin al procedimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Los procedimientos para el reintegro de las subvenciones concedidas por la Comunidad Autónoma de Canarias vienen regulados en el artículo 33 del Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sin embargo, en este artículo no se establece el plazo que tiene esta Administración para dictar resolución expresa en estos procedimientos.
Segundo.- Por lo que concierne a este aspecto, procede la aplicación supletoria de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que regula el procedimiento administrativo común aplicable a todas las Administraciones Públicas y a las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica vinculadas o dependientes de aquéllas.
Tercero.- Así, el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común recoge que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, especificando el párrafo 2º de este artículo que en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.
Cuarto.- Por otra parte, el artículo 44.2 de la citada Ley Estatal 30/1992, recoge que en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92.
Quinto.- En cuanto a la competencia orgánica, y según se recoge en los artículos 32 y 33 del Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley Territorial 7/1984, de 11 de diciembre (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el artículo 81 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre (B.O.E. nº 234, de 29.9.88), corresponde al Director del Instituto Canario de Formación y Empleo. En consecuencia,
R E S U E L V O:
1º) Declarar la caducidad del procedimiento de reintegro de fecha 29 de abril de 1996, iniciado contra la entidad Pitágoras, Sociedad Cooperativa, archivando las actuaciones practicadas.
2º) Notificar el contenido de esta Resolución según lo exigido en el artículo 58 y en los términos del artículo 59, ambos de la Ley 30/1992, haciéndose constar que contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, sin perjuicio de cualquier otro que estimara procedente interponer.- El Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, Francisco Zumaquero García.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de octubre de 1999.- El Director, Diego Miguel León Socorro.
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