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Se hace saber a D. Guillermo Marrero Santos, que se halla en paradero desconocido que, por el Servicio de Gestión del Juego de esta Dirección General, se practicó requerimiento sobre cuantía de los avales constituidos por dicha empresa operadora.
Habiendo sido intentada la notificación del citado requerimiento, ésta ha sido devuelta por el Servicio de Correos, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artº. 59.4 de la vigente Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación: Examinado el expediente de inscripción en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias de la empresa D. Guillermo Marrero Santos, se observa que:
1º) Para obtener la inscripción del mencionado Registro, hubo de constituir fianzas para responder de las obligaciones económicas en que pudiera incurrir en el ejercicio de su actividad como empresa operadora, de conformidad con lo previsto en los artículos 9.3 y 9.5 del Decreto 132/1989, de 1 de junio, en relación con el artº. 35 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, modificado parcialmente por el anterior.
2º) Que en la actualidad la cuantía de las fianzas constituidas por esa empresa operadora, asciende a la cantidad de 1.601.936 pesetas.
3º) Que el número de máquinas de tipo B en explotación, cuya titularidad ostenta en la actualidad esa empresa operadora, es de 72 máquinas, siendo la cuantía de la fianza obligatoria para tal número de máquinas de 25.000.000 de pesetas de conformidad con lo previsto en los artículos 9.3 y 9.5 del Decreto 132/1989, de 1 de junio, ya mencionado. Por lo que se le requiere para que en el plazo máximo de un mes, desde la fecha de la notificación de la presente, complete la cuantía obligatoria correspondiente, apercibiéndole de que de no cumplirse lo anterior, se producirá la cancelación de la inscripción o revocación de la autorización que la motivó, en virtud de lo previsto en el artº. 35.2 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo anteriormente citado. Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 1999.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.
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