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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Diego Agustín Fontes Rodríguez la Resolución de 9 de abril de 1999 (libro nº 1, folio 97, nº 202), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 203/98 (expediente nº GC-0686-0-97), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 9 de marzo de 1998.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de octubre de 1999.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Diego Agustín Fontes Rodríguez.
Visto el recurso ordinario formulado por D. Diego Agustín Fontes Rodríguez contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 9 de marzo de 1998, recaída en el expediente sancionador nº GC-0686-0-97, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en carecer el vehículo GC-4616-AT de autorización de transporte en servicio público de mercancías (vehículo ligero), dando lugar a la sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas. Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que en la fecha de la denuncia estaba de prueba en una empresa para su contratación laboral que finalmente no se produjo y que se encontraba tranquilo ya que según su tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos la carga de éste era de 920 kg y que aporta prueba de lo manifestado, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes. Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV del Título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 9 de marzo de 1998, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 90 y 140.c) en relación con el 141.o) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículos 41 y 197.a) en relación con el artículo 198.p) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por los que se considera infracción administrativa muy grave, si bien en el presente caso al tratarse de un vehículo ligero, ha sido atemperada como grave, la realización de transportes públicos y las actividades auxiliares o complementarias de los mismos para los cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante, careciendo de la preceptiva autorización del transporte o de la actividad de que se trate. Teniendo en cuenta que resulta fehacientemente probado, según consta en el boletín de denuncia nº 1258 formulado por Agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, quien de acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, venía obligado a realizarla, estando desligado de los hechos y de sus participantes al encontrarse en una situación de independencia material y subjetiva que permite estimar su apreciación desprovista de todo perjuicio, y por ende utilizar la misma como elemento de juicio suficiente para basar en él una decisión acertada y justa (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1982), que el vehículo, del que es titular el recurrente, realizaba en la fecha de la denuncia, 14 de enero de 1997, un transporte público de mercancías careciendo de la autorización de transporte, sin que tales hechos hayan sido desvirtuados por las alegaciones formuladas por el recurrente, que reconoce haber efectuado el transporte denunciado, en consecuencia, procede confirmar la Resolución sancionadora impugnada por ser ajustados a derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción impuesta. Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Desestimar el recurso ordinario promovido por D. Diego Agustín Fontes Rodríguez y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 9 de marzo de 1998, recaída en el expediente sancionador nº GC-0686-0-97, que determinó la imposición de una sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d., Orden de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.
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