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Examinado el expediente tramitado a instancia del Cabildo Insular de El Hierro para declarar urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa iniciada con motivo de la ejecución del proyecto de Acceso al Cabo, 4ª fase, y teniendo en cuenta que se acreditan en el mismo los requisitos legales exigidos para producir tal declaración de urgencia, como son:
1.- La utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos afectada por la expropiación resulta implícita en la aprobación del proyecto de referencia, a tenor de lo establecido en el artículo 94 del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, al estar incluido dicho proyecto en el Plan Insular de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y de carreteras para 1999.
2.- La solicitud que formula el Cabildo Insular de El Hierro al Gobierno de Canarias para que el mismo declare la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la presente expropiación, viene motivada por razones de seguridad vial y peatonal, al haberse convertido el Acceso al Cabo en eje de vital importancia para el acceso al núcleo cultural de Valverde, debido al incremento de la circulación rodada que se ha generado en los últimos meses en la isla de El Hierro como consecuencia del aumento progresivo del turismo. De ahí la necesidad y la urgencia de dotar a dicha zona de las mejores condiciones de seguridad y accesibilidad en su red viaria, evitando el actual estrechamiento que dificulta sobremanera el acceso a dicha zona, así como por la propia seguridad de los peatones, máximo teniendo en cuenta la existencia en las proximidades de un Instituto de Secundaria al cual los jóvenes acceden en su mayoría caminando o en motocicletas.
A las anteriores circunstancias hay que añadir el insuficiente margen de giro como la dificultosa visibilidad que se produce en el cruce, lo que en muchos casos imposibilita la maniobra de grandes vehículos de transporte, lo que ocasiona un grave peligro tanto para la circulación de los vehículos como para la seguridad de los viandantes.
Por ello se procedió a la realización del citado proyecto que solucionará el problema a efectos de acondicionar la zona con las normas de seguridad vial necesarias. 3.- El acuerdo de necesidad de ocupación se sometió a un período de información pública, por plazo de 20 días, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 78, de 28 de junio de 1999, y en el tablón de anuncios de la Corporación, presentándose un escrito de alegación por D. Eduardo Febles Padrón, que fue desestimado por la Comisión de Gobierno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de julio de 1999.
En el ejercicio de la competencia prevista en el artículo 41.b) del Estatuto de Autonomía, y en el artículo 7.2.d) del Decreto 278/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, y artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, a propuesta del Consejero de Presidencia y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 4 de noviembre de 1999,
D I S P O N G O:
Uno.- Declarar urgente a solicitud del Cabildo Insular de El Hierro la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa incoada por la citada Corporación Local, con motivo de la ejecución del proyecto denominado Acceso al Cabo, 4ª fase.
Dos.- Los bienes y derechos cuya ocupación se declara urgente figuran en el anexo al presente Decreto.
Tres.- Los interesados podrán formular ante el órgano expropiante y hasta el momento del levantamiento de las correspondientes actas previas, alegaciones a los únicos efectos de subsanar posibles errores materiales en la enumeración o descripción de los bienes y derechos afectados.
Cuatro.- Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación; significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre de 1999. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, Román Rodríguez Rodríguez.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, Julio Bonis Álvarez.
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