BOC - 1999/149. Miércoles 10 de Noviembre de 1999 - 3975

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

3975 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 4 de octubre de 1999, que notifica la Resolución de 9 de abril de 1999, de este Centro Directivo, relativa al recurso ordinario nº 197/98, interpuesto por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de Fuerteventura Bus, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Fuerteventura Bus, S.L. la Resolución de 9 de abril de 1999 (libro nº 1, folio 96, nº 201), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 197/98 (expediente nº GC-2164-0-96), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 4 de diciembre de 1997. Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de octubre de 1999.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de Fuerteventura Bus, S.L.

Visto el recurso ordinario formulado por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de Fuerteventura Bus, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 4 de diciembre de 1997, recaída en el expediente sancionador nº GC-2146-0-96, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo GC-3073-S un transporte de obreros careciendo del libro de rutas, dando lugar a la sanción de cuarenta y seis mil (46.000) pesetas.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso ordinario solicitando la revocación de la Resolución recurrida dejando sin efecto la sanción impuesta; a tal fin se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos: que la notificación formulada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias adolece de los defectos formales que permitan a la entidad titular expedientada ejercitar su derecho constitucional de defensa efectiva en tanto en cuanto la empresa sancionada no ha recibido notificación previa de la supuesta infracción cometida. La empresa tiene su domicilio en la calle Cebrián, 51, ático, a su vez tiene sucursales en la isla de Fuerteventura, con oficinas en la calle León y Castillo, 32, Puerto del Rosario, contando en ambas instalaciones con personal administrativo que atiende a cuantas notificaciones personales o por correo se efectúan en dichas oficinas, luego la notificación realizada resulta nula de pleno derecho ya que la publicación a través del citado Boletín Oficial de Canarias sólo es admisible para el caso de que la personal resulte infructuosa y dicha notificación personal no ha tenido lugar en el presente caso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes. Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV del Título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativo a la resolución de los recursos y concretamente su apartado segundo, según el cual “cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio fue cometido salvo lo dispuesto en el artículo 67”, ello en relación con el artículo 63.2 de la citada Ley, que dispone que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados como sucede en este caso, dado que según resulta debidamente acreditado en el expediente de referencia, los hechos imputados a la entidad expedientada consistentes en carecer de libro de ruta al realizar un transporte de obreros, lo que constituye una infracción administrativa leve, no tiene cobertura legal en la calificación jurídica recogida tanto en el Acuerdo de incoación como en la Resolución impugnada en los que se recogen como preceptos infringidos el artículo 141.l) de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículo 198.m) del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres por los que se considera infracción administrativa grave carecer del preceptivo documento en el que deben formularse las reclamaciones de los usuarios, negar u obstaculizar su disposición al público, así como la ocultación o demora injustificada de la puesta en conocimiento de la Inspección del Transporte Terrestre, de las reclamaciones o quejas consignadas en aquél, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine en consecuencia, y en aras a que el interesado pueda ejercer su derecho de defensa y aportar todos los datos necesarios para una correcta decisión del procedimiento, resultaría, por tanto, procedente estimar el recurso interpuesto y revocar la Resolución sancionadora recurrida, ordenando retrotraer el presente expediente sancionador al momento de adoptarse el Acuerdo de incoación y formulación del Pliego de Cargos declarando, sin embargo, la conservación de aquellos actos y trámites anteriores, cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Estimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de Fuerteventura Bus, S.L. y revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 4 de diciembre de 1997, recaída en el expediente sancionador nº GC-2164-0-96, que determinó la imposición de una sanción de cuarenta y seis mil (46.000) pesetas, ordenando retrotraer el expediente al momento de adoptarse el Acuerdo de incoación y formulación del Pliego de Cargos en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho tercero de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d., Orden de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.



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