BOC - 1999/149. Miércoles 10 de Noviembre de 1999 - 1910

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

1910 - Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 21 de septiembre de 1999, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 29 de julio de 1999, de Declaración de Impacto Ecológico del Proyecto denominado Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Moya, promovido por la Corporación municipal, término municipal de Moya (Gran Canaria).

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En ejecución de la legislación aplicable, por la presente,

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha 29 de julio de 1999, de Declaración de Impacto Ecológico del Proyecto denominado Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Moya, promovido por la Corporación municipal, en el término municipal de Moya, cuyo texto figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de septiembre de 1999.- El Director General de Ordenación del Territorio, Octavio Fernández Perdomo.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 29 de julio de 1999, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Declaración de Impacto Ecológico del Proyecto denominado Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Moya, promovido por el Ayuntamiento de Moya, en el término municipal de Moya, en la isla de Gran Canaria.

PROCEDIMIENTO

La Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico y el Real Decreto-Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento de ejecución, aprobado por el Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligación de formular Declaración de Impacto Ecológico con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos, en el articulado y en el resto de las disposiciones de los citados cuerpos legales.

El proyecto consiste en las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Moya, promovidas por el Ayuntamiento. Las características principales del proyecto se recogen en el anexo I obrante en el expediente administrativo.

Realizado bajo la dirección de Dña. Dolores Cabrera López (Arquitecto), el Estudio Detallado de Impacto Ecológico fue sometido al trámite de información pública por plazo de un mes, conjuntamente con la aprobación inicial de las Normas Subsidiarias, mediante anuncio que se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el 19 de octubre de 1994.

Los aspectos más destacados del Estudio Detallado de Impacto Ecológico y las consideraciones que esta Viceconsejería realiza sobre el mismo se recogen en el anexo II del correspondiente expediente.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 29 de la Ley Territorial 11/1990 y 16 del Reglamento, el Secretario de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, con fecha 10 de agosto de 1998, remitió a la Viceconsejería de Medio Ambiente el Estudio Detallado de Impacto Ecológico.

El resultado del trámite de información pública puede consultarse en el expediente sustantivo que se custodia en la Dirección General de Urbanismo, así durante el último período de información pública al que se sometieron las Normas, Boletín Oficial de la Provincia de 12 de mayo de 1999, se presentaron 126 alegaciones de particulares y 6 escritos de la Corporación municipal, si bien el contenido de las mismas no versaba sobre el Estudio Detallado de Impacto Ecológico.

Tras petición motivada de aclaraciones al Estudio Detallado de Impacto Ecológico, en virtud del artículo 29.3 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, se recibe en esta Consejería, el 18 de junio de 1999, el anexo al Estudio Detallado de Impacto Ecológico, realizado bajo la dirección de Dña. Paloma Angoloti del Monte (Arquitecto).

En consecuencia, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) en el ejercicio de sus atribuciones, conferidas por la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, así como los artículos 4, 16.1 y 18 del Reglamento para la ejecución del Real Decreto-Legislativo 1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y los artículos 4, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecución, aprobado por el Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre, formula a los solos efectos ambientales, la siguiente Declaración de Impacto Ecológico sobre el Proyecto “Normas Subsidiarias de Planeamiento de Moya”, promovido por el Ayuntamiento de Moya (Gran Canaria).

CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO ECOLÓGICO

En aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, se emite la siguiente Declaración de Impacto Ecológico: A) El título del proyecto presentado para su evaluación es: “Normas Subsidiarias de Planeamiento de Moya” (Gran Canaria).

B) El ámbito territorial de actuación es: el término municipal de Moya.

C) El Proyecto está promovido por: el Ayuntamiento de Moya.

D) El equipo redactor de las Normas, bajo la dirección de Dña. Dolores Cabrera López (Arquitecto), estaba formado, además, por Dña. Paloma Angoloti del Monte (Arquitecto), Dña. Pilar Pradas del Val (Abogada) y D. Francisco Ortega Andrare (Arquitecto).

El texto de las Normas, que se sometió a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia el 12 de mayo de 1999, fue elaborado por el Equipo Técnico de Gesplan, S.A. bajo la dirección de Dña. Paloma Angoloti del Monte. El Equipo Técnico está formado, entre otros que se citan en la Memoria, por los siguientes colaboradores: D. Antonio Ramón Ojeda (Geógrafo), Dña. Pilar Pradas del Val (Abogada), Dña. Silvia Esplá Marín (Arquitecto) y Dña. Begoña Domínguez Domínguez (Arquitecto).

E) El Estudio Detallado de Impacto Ecológico fue realizado por Dña. Dolores Cabrera López, Dña. Paloma Angoloti del Monte y D. Francisco Ortega Andrare.

Sin embargo, los anexos I y III al Estudio Detallado de Impacto Ecológico se han elaborado por el Equipo Técnico de Gesplan, S.A. bajo la dirección de Dña. Paloma Angoloti del Monte. El Equipo Técnico está formado, entre otros que se citan en la Memoria, por los siguientes colaboradores: D. Antonio Ramón Ojeda (Geógrafo), Dña. Pilar Pradas del Val (Abogada), Dña. Silvia Esplá Marín (Arquitecto) y Dña. Begoña Domínguez Domínguez (Arquitecto). El anexo II “Informe sobre el Patrimonio Histórico de Moya” se elaboró bajo la dirección de los Arqueólogos D. Francisco Mireles Betancor y D. Sergio Olmo Canales. El Equipo Técnico estaba compuesto, además, por D. Antonio Jiménez Medina (Arqueólogo), D. Gustavo López Martín y D. José Javier Morales Medina.

F) Al proyecto presentado se le ha aplicado la categoría de evaluación detallada de impacto ecológico.

G) La evaluación conjunta del impacto ecológico previsible, en opinión de los evaluadores y tomada de la página 171 del respectivo Estudio de Impacto, resulta ser: poco significativa.

H) La Resolución de este órgano ambiental actuante sobre la Declaración de Impacto Ecológico solicitada, resulta ser condicionada. Los condicionantes ambientales relacionados en el apéndice, punto M) de esta Declaración, se consideran, a todos los efectos, como parte integrante de este apartado H) de la Declaración de Impacto Ecológico.

I) La presente Declaración de Impacto Ecológico, en aplicación del artículo 18.3 de la Ley Territorial 11/1990, tiene carácter vinculante.

J) Se ha considerado oportuno hacer las siguientes observaciones:

1ª) El Estudio Detallado de Impacto Ecológico está formado por los siguientes documentos: es Detallado de I.E. y los anexos que lo complementan. Los anexos son: anexo I “Asentamientos Rurales”, anexo II “Informe sobre Patrimonio Histórico de Moya” y anexo III “Documentación Complementaria de E.D.I.E.”; siendo éstos los documentos que se elaboraron a resultas de la petición de aclaraciones.

2ª) Dentro del término municipal de Moya encontramos los siguientes Espacios Naturales Protegidos:

- C-2 Reserva Natural Integral del Barranco Oscuro, es Área de Sensibilidad Ecológica (ASE) por definición. Además también tiene la consideración de ASE una zona exterior, en el cauce oeste del barranco, y otra en los lomos a ambos lados del espacio. Está incluido en el Parque Rural de Doramas.

- C-4 Reserva Natural Especial de Azuaje: es ASE por definición y está incluido dentro del Parque Rural de Doramas.

- C-5 Reserva Natural Especial de Los Tilos de Moya, es ASE por definición y está incluido dentro del Parque Rural de Doramas. - C-11 Parque Rural del Nublo, le afecta en torno a Moriscos, en la parte más alta del municipio.

- C-12 Parque Rural de Doramas, incluye parte de las tres Reservas anteriores.

- C-15 Monumento Natural del Montañón Negro, es ASE por definición y está incluido dentro del C-25.

- C-25 Paisaje Protegido de Las Cumbres, el espacio protegido, con la única excepción de un sector en Cueva Grande, es ASE.

3ª) Correcciones que deben efectuarse en las normas, con el fin de corregir las contradicciones detectadas:

- Camino del Morro (AR-1). Corregir la ficha de la Memoria, eliminando de los usos compatibles el “industrial de 1ª categoría” y sustituyendo el dato de la altura máxima por una sola planta, tal y como se recoge en el plano de ordenación. - Fontanales (AR-9). En función de los datos aportados en el anexo I y en la ficha de la Memoria, corregir el plano de ordenación de este asentamiento, dado que la tipología es “entremedianeras” y la altura de una planta.

- Incluir en las fichas de la Memoria, en concordancia con los planos de ordenación, todas las tipologías edificatorias y las parcelas mínimas que les corresponden a los siguientes asentamientos: Camino del Morro, Los Toscales, Los Dragos, Moreto, Lomo de Rivero y El Brezal.

- Artículo 16 (“División del suelo por razones urbanísticas”), suprimir las referencias al Plan Especial del Pirolero y al Plan Especial de asentamientos, dado que el ámbito de ordenación de los mismos no es el suelo urbano.

K) Los órganos ambientales oídos, según la definición expresa del artículo 19 de la Ley Territorial 11/1990 son:

1. Ayuntamiento de Moya.

2. Cabildo Insular de Gran Canaria.

3. Dirección General de Urbanismo.

4. Viceconsejería de Medio Ambiente.

L) El órgano ambiental actuante es: la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), en virtud de lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley 11/1990 y en la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias. M) Apéndice de condicionantes. 1º) Desde las Normas se plantea la necesidad de redactar “un Plan Especial detallado de todo el suelo rústico de Moya”, donde se aborde el estudio pormenorizado de los asentamientos rurales tradicionales y consolidados, estableciendo un criterio objetivo para su delimitación. Para la elaboración de este Plan Especial se tendrán en cuenta, además, las siguientes consideraciones:

m) Se aplicará la misma metodología, y, como mínimo, con el mismo grado de profundidad, que se ha empleado en la documentación complementaria al Estudio Detallado de Impacto Ecológico (anexo I: Asentamientos Rurales).

n) Las delimitaciones de aquellos asentamientos que figuren en el plano I.19, de dicho anexo, serán tomadas tan sólo como indicativas, dado que le corresponde al estudio detallado de cada uno de ellos definir sus límites definitivos.

o) También se incorporarán al estudio los núcleos propuestos en la Resolución de petición de aclaraciones al Estudio Detallado de Impacto Ecológico, emitida por la Viceconsejería de Medio Ambiente el 2 de octubre de 1998.

p) En cuanto a los asentamientos rurales aprobados, éstos deberán reconvertirse a la tipología que les corresponda según lo establecido en el artículo 55.c) de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias.

q) Los trabajos de redacción del Plan Especial deberán estar finalizados en el plazo de seis meses desde la recepción de la presente Orden departamental, con el fin de que sus propuestas se incorporen tanto al Documento de Adaptación de las Normas a la Ley del Territorio, futuro Plan General, como a los instrumentos de planificación ambiental de los Espacios Naturales Protegidos. r) Por último, y dado que muchos asentamientos se localizarán en Espacio Natural Protegido e incluso en Área de Sensibilidad Ecológica, el Ayuntamiento, transcurridos los seis meses de plazo máximo, remitirá el Plan Especial a este órgano ambiental con el fin de recabar informe favorable.

2º) Teniendo en cuenta que, tal y como se expone en la Memoria, “(...) el principal déficit se detecta en la red de saneamiento, siendo éste muy deficiente, por lo que se hace necesario acumular los esfuerzos sobre este punto, cuyas deficiencias son superiores a los otros servicios urbanísticos.”, por lo tanto y en el ámbito del término municipal, el Ayuntamiento deberá aprobar en el plazo de un año un Plan Especial de saneamiento, el cual establecerá la ordenación de las redes necesarias y de las instalaciones de recogida y tratamiento de las aguas residuales. Asimismo, el contenido de dicho documento deberá incorporarse al Plan General que ha de redactarse con el fin de adaptar las Normas a la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias.

3º) El Estudio Detallado de Impacto Ecológico ha detectado que el impacto más significativo en algunas propuestas de suelo urbanizable, aquellas que se señalan en el párrafo siguiente, se concreta en la ocupación de suelos altamente productivos y, por lo tanto, de elevada capacidad agrícola. Con lo cual se pone de manifiesto que las mismas no son compatibles con la preservación del recurso natural “suelo”, siendo éste el más relevante de los principios de sostenibilidad que ha de incorporar el planeamiento. Por lo tanto, el incremento del suelo destinado a usos residenciales no puede hacerse a costa de mermar aquel suelo caracterizado por su elevada aptitud agrícola, ya que en función de los valores intrínsecos que contiene debe ser calificado como suelo rústico potencialmente productivo agrícola.

En consecuencia, se deberán incorporar a la clasificación de suelo rústico, en la categoría de potencialmente productivos y destinados al uso agrícola, los siguientes sectores de suelo urbanizable: Cabo Verde (5,47 Ha) y Fontanales (1,7 Ha).

Asimismo, y por idénticas razones, deberá retirarse de las Normas la propuesta del Sistema General de Fontanales (SG-2), destinado a uso deportivo-recreativo y de 22.519 m2 de superficie.

4º) En cuanto a las propuestas de establecer zonas deportivas y recreativas, áreas destinadas a vertederos de escombros y suelos industriales, que previsiblemente se incorporarán al futuro Plan General y que vienen recogidas en la Memoria, cabe destacar que efectivamente son deficiencias notables en el modelo territorial adoptado por las Normas, para corregirlas se adoptarán las siguientes medidas:

a) En lo que respecta al establecimiento de zonas deportivas y recreativas en proporción adecuada a la población prevista por las Normas, el Ayuntamiento deberá aprobar en el plazo de un año un Plan Especial de ordenación de las mismas.

b) El establecimiento de áreas destinadas a vertederos de escombros y a suelos industriales deberá realizarse por el Ayuntamiento en el plazo máximo de un año.

Los vertederos de escombros deberán localizarse preferentemente en canteras abandonadas y susceptibles de restauración.

En cuanto a los suelos industriales, deberán diseñarse de tal forma que permitan, sobre todo, la acogida de aquellas instalaciones más directamente relacionadas con el uso predominantemente agrario del término municipal, así como el de las granjas intensivas.

Por último, dado que tanto los vertederos como los polígonos industriales son actividades recogidas en los anexos de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, sobre su localización deberá recabarse informe favorable de este órgano ambiental.

c) El contenido de ambos instrumentos deberá incorporarse al Plan General.

5º) Las Normas remiten a Plan Especial la ordenación del Sistema General “El Pirolero”, donde se desarrollará “una gran zona recreativa de 126.718 m2”. Se ha propuesto la ubicación de este sistema general en una ladera de pronunciada pendiente, en torno al 80%, y dentro de un Área de Sensibilidad Ecológica. Asimismo, el instrumento de ordenación “determinará las zonas aptas para el uso recreativo, deportivo, y fijará las determinaciones para la restauración, repoblación vegetal, así como las medidas para la rehabilitación de caminos y senderos”.

Por lo tanto, y dado que ni el Estudio Detallado de Impacto Ecológico de las Normas ni el anexo que lo complementa han podido establecer la compatibilidad ambiental de los usos, actividades e instalaciones aparejadas al desarrollo de este sistema general, se deberá remitir, antes de la aprobación definitiva del Plan Especial, un Anteproyecto a este órgano ambiental, el cual deberá someterse al procedimiento, al menos, de evaluación detallada del impacto ecológico, ya que se trata de implantar usos y actividades recogidas en el anexo II de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico. Si la Declaración de Impacto resultase condicionada se incluirán los condicionantes ambientales en el acto administrativo de aprobación definitiva del Plan Especial; si, por el contrario, fuese desfavorable, no podrá procederse a dicha aprobación.

6º) La “Necrópolis del Pagador”, yacimiento arqueológico “C-16” del Informe sobre el Patrimonio Histórico de Moya (documento que forma parte del anexo al Estudio Detallado de Impacto Ecológico), se encuentra dentro del sector delimitado para el desarrollo del Sistema General de La Costa- El Roque (SG-1). Este sistema general, según la ficha, se llevará a cabo mediante un proyecto técnico y se destinará a uso deportivo-recreativo, siendo su superficie de 31.380 m2. Además, en la Memoria (página 50) se dice que cuenta con un “Proyecto de regeneración y acondicionamiento del litoral entre El Roque y San Lorenzo” propuesto por la Demarcación de Costas en Canarias, en el cual se proyecta un espacio libre de aparcamientos, balneario y servicios de playa, así como un área de uso comercial y restauración. Por lo tanto, y en aplicación del artículo 65 (“Protección cautelar de los yacimientos”) de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, se le recuerda que, tanto en un caso como en el otro, los proyectos deberán someterse al procedimiento de evaluación del impacto ecológico establecido en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, en la categoría de evaluación detallada.

b) Con el fin de preservar el Patrimonio Histórico del municipio, en concordancia tanto con lo que dispone la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias como con las indicaciones que se aportan en el anexo al Estudio Detallado de Impacto Ecológico, el Ayuntamiento deberá aprobar, en el plazo de seis meses desde el recibo de esta Declaración de Impacto, el Catálogo Arquitectónico y la Carta Arqueológica de Moya. Asimismo, ambos instrumentos de protección deberán incorporarse al Plan General o documento de adaptación de las Normas a la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias.

7º) En cuanto al control de la contaminación acústica, y dado que necesariamente se han de establecer las condiciones en las que se han de tomar las mediciones, el tipo de aparatos de medida, los métodos, las infracciones y sanciones y las salvedades complementarias, se deberá abordar por parte del Ayuntamiento la elaboración de unas ordenanzas de control de la contaminación acústica (ruidos y vibraciones), las cuales deberán estar aprobadas en el plazo máximo de dos años desde el recibo de esta Declaración de Impacto.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano - Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente- en el plazo de un mes desde la fecha en que se practique su notificación.

Contra la desestimación presunta del recurso de reposición, que se producirá transcurrido un mes desde su interposición sin que se haya notificado la resolución del mismo, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación del presente acto administrativo. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; y en el artº. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.



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