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BOC Nº 145. Lunes 1 de Noviembre de 1999 - 3861

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

3861 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 13 de septiembre de 1999, que notifica la Resolución de 8 de marzo de 1999, de este Centro Directivo, relativa al recurso ordinario nº 135/98, interpuesto por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de Franyasmar Bus, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución de la Secretaría General Técnica en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería; sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Franyasmar Bus, S.L. la Resolución de 8 de marzo de 1999 (libro nº 1, folio 94, nº 139), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 135/98 (expediente nº GC-1552-0-96), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 9 de octubre de 1997.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de septiembre de 1999.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de Franyasmar Bus, S.L.

Visto el recurso ordinario formulado por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de Franyasmar Bus, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 9 de octubre de 1997, recaída en el expediente sancionador nº GC-1552-0-96 y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en no llevar a bordo del vehículo, matrícula GC-1247-AK, la tarjeta de transportes en servicio público de viajeros, dando lugar a la sanción de cinco mil (5.000) pesetas.

Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que la sanción fue impuesta por realizar el vehículo GC-1247-AK un transporte sin la correspondiente autorización específica del Gobierno canario y que dicho transporte era realizado en virtud del contrato concertado con el propio Gobierno canario por lo que obviamente existe autorización y que la entidad siempre respetuosa con la legalidad vigente intentó el documento formal en que se materializa la tarjeta de transportes sin que le fuera posible hasta fecha posterior al servicio denunciado al no serle entrada por la Administración contratante y sancionadora, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes. Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 9 de octubre de 1997, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 142.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículo 199.b) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por las que se considera infracción administrativa leve, la realización de transportes públicos o privados sin llevar a bordo del vehículo la documentación final que acredita la posibilidad legal de prestar los mismos.

Que no procede atender a la alegación formulada por el recurrente sobre la prescripción de la infracción denunciada, en base a que en la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, se establece expresamente que “Las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso, el plazo de prescripción será de un año”, debiendo de entenderse hecha tal remisión a la Ley 30/1992 al artículo 132 de la misma que en su apartado primero establece que las infracciones graves, como es la que ha dado origen a la incoación del presente expediente sancionador, prescribirán a los dos años, comenzando a contarse dicho plazo desde el día en que la infracción se hubiera cometido, según dispone el apartado 132 y quedando el mismo interrumpido con la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador (artº. 132.3) y en el presente caso, resulta obvio que dicho plazo prescriptivo no ha transcurrido entre la comisión de la infracción 23 de junio de 1996 y la fecha de notificación de incoación del expediente sancionador 9 de junio de 1997.

Teniendo en cuenta que según consta en la denuncia, amparada por una presunción “iuris tantum” de veracidad al ser formulada por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, quien, de acuerdo con el artº. 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, venía obligado a realizarla, estando desligado de los hechos y de sus participantes al encontrarse en una situación de independencia material y subjetiva que permite estimar su apreciación desprovista de todo perjuicio y, por ende, utilizar la misma como elemento de juicio suficiente para basar en él una decisión acertada y justa (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1982), el vehículo realizaba un servicio público discrecional de viajeros no llevando a bordo la autorización de transportes constituyendo el hecho denunciado infracción administrativa de carácter leve, sin que haya sido desvirtuada mediante prueba en contrario. En consecuencia, procede desestimar el recurso interpuesto, confirmando la resolución sancionadora.

Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de Franyasmar Bus, S.L. y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 9 de octubre de 1997, recaída en el expediente sancionador nº GC-1552-0-96, que determinó la imposición de una sanción de cinco mil (5.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d., Orden de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.

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