Habiendo sido intentada, mediante carta certificada con acuse de recibo la notificación a D. José García Cáceres, de orden de incoación de expediente y designación de Instructor y Secretaria dictada en el expediente sancionador S-29/99, y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y nº 12, de 14.1.99),
R E S U E L V O: Notificar a D. José García Cáceres, la orden de incoación de expediente y designación de Instructor y Secretaria de fecha 5 de julio de 1999 en el expediente referenciado, cuya parte dispositiva dice textualmente: De orden del Instructor, por el presente oficio se le notifica a Ud. que, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Carlos Sosa Arteaga, el Jefe del Servicio de Promoción Privada, en virtud de las atribuciones conferidas por Resolución de la Dirección General de Vivienda de fecha 24 de enero de 1990, en relación con el Decreto 161/1996, de 4 de julio, del Gobierno de Canarias (B.O.C. nº 84, de 12 de julio), ha acordado la incoación de expediente sancionador bajo la nomenclatura referenciada a los vecinos D. Carlos Sosa Arteaga, propietario del piso 1º derecha, D. Cándido Yanes Toledo, propietario del piso 2º derecha, D. José García Cáceres, piso 3º derecha, Dña. Prudencia Barrera Sánchez, 4º derecha y Dña. Nieves Díaz del Pino, piso 5º derecha, por incumplimiento por parte de los propietarios de su obligación de atender a las obras de conservación o de policía e higiene del bloque 13 del edificio de protección oficial, promoción privada, sito en calle Puerto de la Cruz, Barrio de la Salud, Manzana H, en esta capital, conforme a lo dispuesto en la sección 3ª del capítulo VIII (artículos 157 y siguientes) del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial de 24 de julio de 1968 (B.O.E. nº 216, de 7 de septiembre), por posible infracción al Régimen Legal de Viviendas de Protección Oficial, en concreto la tipificada en el artículo 153.B).10, calificada de grave, susceptible de sanción, al amparo del artículo 57 del Real Decreto 3.148/1978, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 14, de 16.1.79), con multa por importe de 50.000 a 250.000 pesetas. Habiendo sido designados, respectivamente Instructor y Secretaria del mismo D. Pablo Montoro Martín y Dña. Margarita Llorente Núñez. Lo que notifico para su conocimiento y efectos, pudiendo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con los artículos 28 y 29 de la misma Ley, efectuar en el plazo de diez días las alegaciones que estime oportunas. Asimismo, se comunica conforme lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y B.O.E. nº 12, de 13.1.99), en relación con el artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993 (B.O.E. nº 189, de 9.8.93); que el plazo máximo para la Resolución y notificación de este procedimiento será de seis meses, contado desde la fecha de este acuerdo. Informándole igualmente que transcurrido el referido plazo sin que se emita resolución expresa, según lo previsto en el artículo 44.2 de la misma Ley procedimental, se producirá la caducidad del expediente, ordenándose el archivo de las actuaciones con los efectos prescritos en el artículo 92.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de septiembre de 1999.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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