BOC - 1999/138. Viernes 15 de Octubre de 1999 - 3664

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

3664 - Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 22 de septiembre de 1999, del Director, relativo a notificación de la Resolución de 6 de septiembre de 1999, por la que se pone fin al procedimiento de reintegro iniciado a la empresa Ramón Santos Afonso.- Expte. nº 138/90.

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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución de procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Ramón Santos Afonso de la Resolución de procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 2.793, de fecha 6 septiembre de 1999, cuyo tenor literal es el siguiente: “Examinado el procedimiento de reintegro iniciado de oficio a la empresa Ramón Santos Afonso, mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 1.348, de fecha 6 de noviembre de 1998, y teniendo en cuenta que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales, de fecha 20 de noviembre de 1990, registrada al nº 6027, se le concedió una subvención a la empresa Ramón Santos Afonso por importe de un millón cien mil (1.100.000) pesetas, con cargo a la partida presupuestaria 23.05.322B.470.00, L.A. 23.4014.02, de conformidad con lo establecido en el Decreto 75/1990, de 4 de mayo, por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento del empleo y demás normas reguladoras de las subvenciones públicas.

Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida eran la contratación por tiempo indefinido de dos trabajadores. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos:

- El beneficiario de la subvención venía obligado a tener cubierto el puesto de trabajo correspondiente a la subvención durante los tres años siguientes a la fecha de la contratación, como mínimo, y a mantener el nivel de empleo en centros de trabajo de la empresa radicados en Canarias, durante el mismo tiempo, de manera que la plantilla de trabajadores fijos se incrementara al menos con los trabajadores contratados de conformidad con el citado Decreto.

- Si el contrato que daba origen a la subvención se extinguía antes de los tres años, contados desde la fecha en que comenzaba a surtir efectos, el beneficiario de la subvención estaba obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador, contratado con sujeción a las mismas condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la misma.

- El perceptor de la subvención venía obligado a justificar que el importe de la subvención había sido invertido con la finalidad para la cual se concedió, mediante la aportación ante la Dirección General de Trabajo, al término de cada año de duración del contrato, de fotocopias compulsadas con sus originales, de los TC-1 y TC-2 y recibos oficiales de salarios correspondientes a los trabajadores, en virtud de cuya contratación fue concedida la subvención.

- Esta obligación se mantenía durante los tres años siguientes a la contratación, como mínimo y, en todo caso, hasta el momento en que se hubiera justificado totalmente la aplicación de la subvención. Tercero.- Mediante Resolución de fecha 6 de noviembre de 1998, notificado al interesado el día 18 de junio de 1999 (se intentó, sin que se haya podido practicar, la notificación de acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado, y mediante inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente, por lo que se remitió al Boletín Oficial de Canarias, y dicho acuerdo fue publicado el día 18 de junio de 1999, en el Boletín Oficial de Canarias nº 79, cumpliéndose de esta manera con lo estipulado en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), se inició de oficio procedimiento para el reintegro de la subvención concedida, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante del reintegro que en la citada Resolución se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle. Las razones que motivaron la iniciación del proceso citado se concretan en las siguientes:

Haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos, en la forma y plazo que se establece en la resolución de concesión y normas reguladoras, por cuanto el requerimiento de este Instituto de 2 de diciembre de 1994, le fue notificado mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 95, de 29 de julio de 1998, sin que haya sido presentada la documentación requerida hasta la fecha.

Cuarto.- El plazo correspondiente al trámite de audiencia concluyó el pasado 30 de junio de 1999. Se ha constatado que, hasta el día de la fecha, la empresa beneficiaria de la subvención no ha hecho uso de su derecho a alegar y a presentar los documentos y justificaciones que tuviera por convenientes.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El procedimiento de reintegro iniciado a Ramón Santos Afonso, mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del ICFEM nº 1348, de fecha 6 de noviembre de 1998, tuvo como fundamento el incumplimiento del beneficiario de la subvención del deber de justificar el destino dado a los fondos recibidos, toda vez que hasta el día de la fecha el beneficiario de la subvención no ha presentado documentación justificativa de la misma a por lo que ha incumplido con lo estipulado en el artículo 9 del Decreto 75/1990, de 4 de mayo (B.O.C. nº 59, de 11.5.90), que decía que lo perceptores de las subvenciones estaban obligados a justificar que su importe había sido invertido con la finalidad para la cual se concedió, mediante la aportación ante la Dirección General de Trabajo, al término de cada año de duración del contrato, de fotocopias, compulsadas con sus originales, de los TC-1 y TC-2 y recibos oficiales de salarios correspondientes a los trabajadores, en virtud e cuya contratación se haya concedido la ayuda. Esta obligación se tenía que mantener durante los tres años siguientes a la contratación.

De lo anteriormente expuesto se desprende que dado que los trabajadores objeto de subvención, Petra Reyes Damas Concepción y Santiago Andrés Perera Perera, fueron contratados indefinidamente el día 7 de junio de 1990, la obligación de justificar tenía que ser hasta junio de 1993.

Segundo.- Además de la normativa reguladora de la convocatoria, en los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), así como en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), que resulta de aplicación al presente expediente en virtud de su Disposición Transitoria Primera, así como de la Disposición Transitoria Primera del vigente Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. Se han observado, igualmente, las normas generales de procedimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Tercero.- Se estima procedente el reintegro de la subvención concedida, por cuanto que de la documentación obrante en el expediente de referencia queda acreditado, como se afirma en el acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro que ahora se resuelve y respecto del que el beneficiario de la subvención no ha formulado alegación alguna en defensa de los derechos que pudieran corresponderle, el incumplimiento de la obligación de justificar de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 75/1990, de 4 de mayo, por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento del empleo.

Cuarto.- Corresponde al Director del Instituto Canario de Formación y Empleo la competencia para el inicio y resolución del presente expediente de reintegro, de acuerdo con el artículo 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, en concordancia con los artículos 1 y 3 de la Ley 7/1992, de 25 de noviembre, de creación del Instituto Canario de Formación y Empleo (B.O.C. nº 166, de 2.12.92).

Como consecuencia de lo expuesto, R E S U E L V O:

Primero.- Declarar procedente el reintegro de la subvención concedida a la empresa Ramón Santos Afonso mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales, al haber incurrido en la causa determinante del reintegro de la referida subvención, por no haber justificado, en los términos que han resultado probados en los antecedentes de esta resolución.

Segundo.- La cantidad a reintegrar asciende a un millón cien mil (1.100.000) pesetas, por el principal, más los intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención, calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

Tercero.- La obligación de reintegro establecida en esta resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento, y que se exigirá, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.

Cuarto.- El reintegro habrá de efectuarse en la Tesorería General del Gobierno de Canarias (Plaza de Santo Domingo, s/n, de Santa Cruz de Tenerife) o en la Tesorería Insular correspondiente.

Notifíquese al interesado la presente Resolución, con la indicación de que, contra ésta, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación del presente acto.”

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de septiembre de 1999.- El Director, Diego Miguel León Socorro.



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