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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución de procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Central Insular de Vehículos de Alquiler, S.L. de la Resolución de procedimiento de reintegro dictada por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 2358, de fecha 5 de julio de 1999, cuyo tenor literal es el siguiente:
Examinado el procedimiento de reintegro iniciado de oficio a la empresa Central Insular de Vehículos de Alquiler, S.L. mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 954, de fecha 26 de marzo de 1999, y teniendo en cuenta que:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, de fecha 27 de noviembre de 1995, registrada al nº 3651 se le concedió una subvención a la empresa Central Insular de Vehículos de Alquiler, S.L. por importe de un millón cuatrocientas cincuenta y cuatro mil (1.454.000) pesetas, con cargo a la aplicación presupuestaria 23.103.322C.470.00 L.A. 23.4041.02, de conformidad con lo establecido en la Orden de 30 de agosto de 1994, de convocatoria y regulación de las bases para la concesión de las subvenciones reguladas en el Decreto 124/1994, de 20 de junio, por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y el mantenimiento del empleo (B.O.C. nº 76, de 22.6.94).
Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida eran la contratación, con carácter indefinido, de 2 trabajadores. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos:
- El beneficiario de la subvención estaba obligado a tener cubierto el puesto de trabajo correspondiente a la subvención durante los tres años siguientes a la fecha de contratación como mínimo y a mantener el nivel de empleo en los centros de trabajo de la empresa radicados en Canarias, durante el mismo tiempo, de manera que la plantilla de trabajadores fijos se incrementara al menos con los trabajadores contratados de conformidad con el Decreto 124/1994 ya mencionado y la citada Orden.
- El perceptor de la subvención estaba obligado a justificar anualmente que su importe había sido invertido con la finalidad para la cual se concedió, mediante la presentación ante el Instituto Canario de Formación y Empleo de copia compulsada del libro de matrícula de la empresa y Certificación expedida por el Organismo competente acreditativa de que la empresa se encontraba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
- Esta obligación se mantendría durante los tres años siguientes a la contratación, como mínimo y, en todo caso, hasta el momento en que se hubiera justificado totalmente la aplicación de la subvención.
- Si la relación laboral que daba origen a la subvención se extinguía antes de los tres años, contados desde la fecha en que comenzaba a surtir efectos, el beneficiario de la subvención estaba obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador que reuniese el requisito establecido en el artículo 2.Uno del Decreto 124/1994, ya citado.
- El beneficiario de la subvención debía comunicar inmediatamente al Instituto Canario de Formación y Empleo la extinción del contrato, así como proceder a la sustitución en el plazo máximo de un mes, y presentar la documentación que acreditase haberla realizado dentro de los quince días siguientes.
Tercero.- Mediante Resolución de fecha, 26 de marzo de 1999, notificada al interesado el día 7 de abril de 1999, se inició, de oficio, procedimiento para el reintegro de la subvención concedida, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante del reintegro que en la citada resolución se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle. Las razones que motivaron la iniciación de proceso citado se concretan en las siguientes:
Haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos en la forma y plazo que se establece en la resolución de concesión y normas reguladoras.
Cuarto.- Con fecha 21 y 28 de abril de 1999, y registro de entrada en este Organismo números 6505 y 6848 respectivamente, el beneficiario presentó escritos de alegaciones, manifestando su oposición al expediente de reintegro, en el que literalmente dice:
Que por razones del cierre por parte del Excmo. Ayuntamiento de la calle donde tenía el negocio y siendo de fuerza mayor, se ha procedido al cierre del negocio.
Y es por lo que, solicita, que teniendo por presentado este escrito se digne admitirlo y concederme aplazamiento para poder localizar toda la documentación requerida.- Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 1994.
Primero.- Con motivo de las obras realizadas en la calle donde estaba ubicado el negocio y la situación de las oficinas, se ha procedido al cierre de éste por dichos motivos, ya que las obras me tapiaron el acceso.
Segundo.- No teniendo culpa alguna nuestros trabajadores de estas anomalías, se procedió a su despido, ya que al no haber clientes, tampoco había trabajo para ellos, teniendo que indemnizarles por el tiempo que habían trabajado.
Tercero.- A consecuencia de todo ello, y no poder hacer frente a los gastos, ni a los compromisos que había adquirido, para mantener la empresa y los puestos de trabajo, he sufrido una enfermedad de la cual aún sigo convaleciente.
Cuarto.- Que como prueba de todo lo expuesto, se adjuntan tanto escritos del Excmo. Ayuntamiento, como facturas del empleo que se le dio a la subvención, adjuntando escritos de los periódicos de esta provincia, en los cuales he marcado la entrada a nuestro establecimiento, también se aportan finiquitos y partes de baja de los trabajadores objeto de esta subvención. Por todo lo expuesto:
Es por lo que suplico, que teniendo por presentado este escrito con sus copias, así como pruebas, se digne admitirlo y previo los trámites oportunos, por los motivos reflejados se opte por el archivo de las diligencias o en su defecto, procedan a darnos las mayores facilidades posibles para el reintegro de este procedimiento, ya que en la actualidad aún no se ha podido abrir al público, por ser de justicia que pido en Puerto de la Cruz a veintidós de abril de mil novecientos noventa y nueve.
Al escrito de alegaciones citado se acompaña: baja en el Impuesto sobre Actividades Económicas de la empresa, parte de baja de los dos trabajadores subvencionados, finiquito de los mismos, libro de matrícula de la empresa, escritos del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, fotocopias de recortes de periódicos y facturas, entre otros.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El procedimiento de reintegro iniciado a Central Insular de Vehículos de Alquiler, S.L., mediante resolución del Ilmo. Sr. Director de ICFEM nº 954, de fecha 26 de marzo de 1999, tuvo como fundamento el incumplimiento del beneficiario de la subvención del deber de justificar el destino dado a los fondos recibidos, toda vez que la empresa objeto de subvención ha incumplido con lo estipulado en el artículo 13 de la Orden de 30 de agosto de 1994 (B.O.C. nº 108, de 2 de septiembre), de convocatoria y regulación de las bases para la concesión de las subvenciones reguladas en el Decreto 124/1994, de 20 de junio, por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y mantenimiento del empleo (B.O.C. nº 76, de 22.6.94), que decía que los perceptores de las subvenciones venían obligados a justificar anualmente que su importe ha sido invertido con la finalidad para la cual se concedió, mediante la aportación ante el ICFEM de copia compulsada del libro de matrícula de la empresa y certificación expedida por el Organismo competente acreditativa de que la empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. Dicha obligación se tenía que mantener durante los tres años siguientes a la contratación, como mínimo, y, en todo caso, hasta el momento en que se haya justificado totalmente la aplicación de la subvención.
Segundo.- Por lo demás, de las alegaciones realizadas y la documentación aportada por el beneficiario durante el trámite de audiencia otorgado a consecuencia del inicio de procedimiento de reintegro, se deduce lo siguiente:
1º) Que los trabajadores objeto de subvención, D. Norberto Bello Afonso y D. Cándido González González, causaron baja en la empresa el día 31 de octubre de 1995. Dado que el alta de los mismos como indefinidos se realizó el día 26 de septiembre de 1994 y aplicando el artículo 13, anteriormente citado, dichos trabajadores tenían que haber estado dados de alta hasta septiembre de 1997, por lo se incumple lo estipulado en dicho artículo.
2º) Falta por presentar el certificado acreditativo de estar al corriente con la Seguridad Social, especificado en el artículo 13 de la Orden de 30 de agosto de 1994 (B.O.C. nº 108, de 2 de septiembre).
3º) El interesado presenta baja en el Impuesto sobre Actividades Económicas con fecha 31 de diciembre de 1995, alegando en su escrito que el cierre de la empresa se produjo por las obras que se están realizando en la Avenida Marítima de Puerto de la Cruz, y según se desprende de los documentos, presentados por el mismo, del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, dichas obras se iniciaron en enero de 1998, por lo que se entiende que dichas obras no afectaron al cierre de la empresa en el año 1995.
Tercero.- Además de la normativa reguladora de la convocatoria, en los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), así como en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), que resulta de aplicación al presente expediente en virtud de su Disposición Transitoria Primera, así como de la Disposición Transitoria Primera del vigente Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. Se han observado, igualmente, las normas generales de procedimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92).
Cuarto.- Procede declarar el reintegro de la subvención concedida y desestimar las alegaciones presentadas por el beneficiario, por cuanto éstas no desvirtúan la veracidad del incumplimiento denunciado ni el fundamento de esta actuación, según ha resultado probado en los párrafos precedentes.
Quinto.- Corresponde al Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de Formación y Empleo la resolución del presente expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, que atribuye la competencia para inicio y resolución de los procedimientos de reintegro al órgano concedente de la subvención.
Como consecuencia de lo expuesto,
R E S U E L V O:
Primero.- Declarar procedente el reintegro de la subvención concedida a la empresa Central Insular de Vehículos de Alquiler, S.L. mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de Formación y Empleo de fecha 27 de noviembre de 1995, al haber incurrido en la causa determinante del reintegro de la referida subvención, por no haber justificado, en los términos que han resultado probados en los antecedentes de esta resolución.
Segundo.- La cantidad a reintegrar asciende a un millón cuatrocientas cincuenta y cuatro mil (1.454.000) pesetas, por el principal, más quinientas veinte mil quinientas setenta y dos (520.572) pesetas, en concepto de intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención (7 de marzo de 1996), hasta la fecha de la propuesta de la presente resolución (7 de junio de 1999), calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente resolución hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.
Tercero.- La obligación de reintegro establecida en esta resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento, y que se exigirá, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.
Cuarto.- El reintegro habrá de efectuarse en la cuenta corriente que se indica:
Entidad: Caja General de Ahorros de Canarias. Cuenta corriente nº 2065/0118/81/1114001822.
Notifíquese al interesado la presente Resolución, con la indicación de que, contra ésta, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación del presente acto.
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de agosto de 1999.- El Director, Diego Miguel León Socorro.
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