BOC - 1999/126. Viernes 17 de Septiembre de 1999 - 3283

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

3283 - Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 11 de agosto de 1999, sobre notificación de Propuestas de Resolución a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1. Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2. Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de agosto de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN QUE SE CITAN:

1) Con fecha 27 de mayo de 1998 se dictó Resolución de iniciación del procedimiento sancionador, con nº 98/059, iniciado como consecuencia de denuncia de fecha 4 de febrero de 1997, registro de entrada nº 573 y actas de inspección números 16180 realizada el 14 de julio de 1995 y 1648 de 4 de marzo de 1998 y seguido contra el/la expedientado/a Valle Chiratal, S.L., con C.I.F. nº B-38.374.633, titular del establecimiento denominado Apartamentos El Chiratal, sito en Asomada Negra, Chiratal, término municipal de Guía de Isora, formulándose los siguientes hechos: “Estar abiertos al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada constando de ocho unidades alojativas”. FECHA DE INFRACCIÓN: 14 de julio de 1995. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: examinado el expediente de referencia y habida cuenta que el/la titular consignado/a no ha presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el/los hecho/s imputados por Resolución de iniciación de 27 de mayo de 1998, a través de correo certificado con acuse de recibo/publicación en el Boletín Oficial de Canarias y en aplicación de lo que se prevé en el artículo 9.4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), se estima la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al escrito formulado por el Ilmo. Ayuntamiento de Guía de Isora y de las actas de inspección nº 16180, de fecha 14 de julio de 1995 y 1698 de 4 de marzo de 1998, de lo que se desprende que los Apartamentos El Chiratal se encuentran abiertos al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada, constando de ocho unidades alojativas. Normas sustantivas infringidas: artº. 8 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos, con la calificación jurídica de muy grave, tipificada en el artº. 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Corresponde imponer al/a la expedientado/a/empresa expedientada una sanción en cuantía no superior a 25.000.000 de pesetas, para cuya imposición es competente el Consejero de Turismo y Transportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Valle Chiratal, S.L., titular del establecimiento denominado Apartamentos El Chiratal la sanción de multa de ocho millones (8.000.000) de pesetas.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta, a efectos del trámite de audiencia según se establece en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Propuesta de Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7 y 9.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Santa Cruz de Tenerife, a 16 de junio de 1999.- El Instructor, Joaquín Castro San Luis.

2) Vistas las alegaciones correspondientes al procedimiento sancionador nº 98/109 iniciado como consecuencia de los informes de inspección realizados el 19 y 25 de junio de 1998 y seguido contra los expedientados D. Paul Birkenshaw y Dña. Susan M. Birkenshaw, propietarios de Jet Setters Travel, titulares de la explotación turística de los apartamentos números 14, 30, 69, 70, 203, 217, 309, 405 y 508 del Complejo Los Geranios, sitos en San Eugenio, término municipal de Adeje, de cuyas actuaciones resulta lo siguiente:

Que con fecha 29 de julio de 1998 se dictó Resolución de iniciación del procedimiento sancionador y posteriormente se formularon los siguientes hechos: “Estar explotando turísticamente las unidades alojativas números 14, 30, 69, 70, 203, 217, 309, 405 y 508 del Complejo de Apartamentos Los Geranios, sin tener la preceptiva autorización de la Administración turística competente”.

FECHA DE INFRACCIÓN: 19 de junio de 1998. ALEGACIONES: la empresa expedientada en escrito de fecha 23 de agosto de 1998, registro de entrada nº 3486, en síntesis ha alegado lo siguiente: que Jet Setters Travel tenía concedida la explotación de los apartamentos números 14, 30, 69, 70, 203, 217, 309, 405 y 508 del Complejo de Turísticos Los Geranios a Crown Management Services, S.L., cuyo titular, Ian Randall era quien contrataba con los propietarios de los mismos el mantenimiento y administración, explotándolos por cuenta de éstos. Que Jet Setters Travel, al ser la intermediaria entre los propietarios y Crown Managements, S.L. solamente podía conocer si los apartamentos eran efectivamente explotados por esta compañía, cuando tenía conocimiento desde la Recepción del Complejo y es por lo que figuraban en ella unos folios con su membrete a los efectos de un mero control a Crown Management. Que la citada entidad Crown Management cesó en la explotación de los apartamentos, encontrándose inactiva al día de la fecha, informando Jet Setters Travel a la Recepción de Los Geranios que sería Sterling Management Services la que iba a explotar los susodichos apartamentos desde la fecha del cese de Crown Management, encontrándose esta Compañía legalmente autorizada para hacerlo. Por último, solicita se proceda a archivar el expediente nº 109/98 por no existir infracción al artº. 75.1 de la Ley 7/1995 y se anule la propuesta de sanción.

ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR: consultados los archivos correspondientes, se comprobó que la entidad Sterling Management Services, carece de la pertinente autorización de la Administración turística para realizar la actividad de explotación turística de apartamentos. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada, se considera que debe estimarse su responsabilidad administrativa por el hecho infractor imputado, sin que sus alegaciones lo desvirtúen ya que no aporta prueba alguna sobre su contenido y por otra aparte, contrariamente a lo que manifiesta en su contestación al pliego de cargos, en el presente expediente obra un escrito por el que Jet Setters Travel autoriza a Sterling Management Services a realizar únicamente la limpieza y mantenimiento de los apartamentos de referencia y no su explotación turística y así se refleja en el informe emitido por el servicio de Inspección de 25 de junio de 1998, habiéndose comprobado, además, mediante consulta efectuada a los archivos correspondientes que Sterling Management Services no cuenta con autorización de la Administración turística para realizar la explotación turística de apartamentos; desprendiéndose de todo ello que Jet Setters Travel es la titular de la explotación turística de los mencionados apartamentos. A ello hay que añadir que todas las reglamentaciones, estatales o autonómicas, que han regulado los establecimientos extrahoteleros y turísticos en general han condicionado el inicio de la explotación turística de aquéllos a la previa obtención de la preceptiva autorización administrativa de apertura. Por lo que nuestro ámbito territorial se refiere el Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos turísticos, viene a disponer en su artículo 8º que para ejercer la actividad, las empresas explotadoras de los establecimientos turísticos regulados en dicha Ordenación requerirán la preceptiva alta administrativa, de tal modo que la empresa que los explota, Jet Setters Travel, incurre en responsabilidad administrativa por mantener en funcionamiento los apartamentos citados careciendo de la preceptiva autorización, que debió solicitar y obtener con anterioridad al inicio de la explotación turística de los apartamentos reseñados, responsabilidad que se le exige en virtud de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, al constatarse y comprobarse la comisión de la infracción administrativa, tipificada en el artículo 75.1 de la citada Ley. No obstante, lo anteriormente expuesto, a la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa inicialmente propuesta, debe tenerse en cuenta la carencia de antecedentes, comprobada mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes. Normas sustantivas infringidas: artículos 8 y 12.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente) con calificación grave, en base al artículo 75.1 en relación al artº. 76.18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95). Corresponde imponer al/a la expedientado/a/empresa expedientada una sanción en cuantía no superior a 5.000.000 de pesetas, para cuya imposición es competente el Viceconsejero de Turismo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95).

Como consecuencia de todo lo anterior, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a D. Paul Birkenshaw y Dña. Susan M. Birkenshaw (propietarios de Jet Setters Travel) titulares de la explotación turística de los apartamentos 14, 30, 69, 70, 203, 217, 309, 405 y 508 del Complejo de Apartamentos Los Geranios, la sanción de multa de cuatro millones seiscientas mil (4.600.000) pesetas. Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta, a efectos del trámite de audiencia según se establece en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Santa Cruz de Tenerife, a 10 de diciembre de 1998.- La Instructora, Ángela Fernández- Trujillo León.

3) Con fecha 3 de febrero de 1999 se dictó Resolución de iniciación del procedimiento sancionador, con nº 99/011, iniciado como consecuencia de las actas de inspección números 1362 de 3 de abril de 1998 y 1913 realizada el 15 de septiembre de 1998 y seguido contra el expedientado D. Juan Hidalgo Barroso, con D.N.I. nº 41.951.610, titular del establecimiento denominado Bar La Cuevita de Tinguaro, sito en calle La Rosa, 72, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, formulándose los siguientes hechos:

“- Estar funcionando en régimen de explotación turística como bar, en las siguientes condiciones: 1º) Sin haber notificado a la Administración turística canaria los precios que hayan de regir en la prestación de los servicios. 2º) Sin tener el correspondiente Libro de Inspección. 3º) Sin tener las Hojas de Reclamaciones.”

FECHA DE INFRACCIÓN: 3 de abril de 1998. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: examinado el expediente de referencia y habida cuenta que el/la titular consignado/a no ha presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el/los hecho/s imputados por Resolución de iniciación de 3 de febrero de 1999, a través de (correo certificado con acuse de recibo/publicación en el Boletín Oficial de Canarias) y en aplicación de lo que se prevé en el artículo 9.4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), se estima la responsabilidad administrativa del expedientado en base a las actas de inspección nº 1362 de 3 de abril de 1998 y nº 1913 de 15 de septiembre de 1998, de lo que se desprende que el Bar La Cuevita de Tinguaro, se encuentra funcionando en régimen de explotación turística sin haber notificado a la Administración turística canaria los precios que hayan de regir en la prestación de los servicios; sin tener el correspondiente Libro de Inspección y sin tener asimismo las Hojas de Reclamaciones. Normas sustantivas infringidas: artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en relación con el artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970; artº. 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95) y artº. 20.1 de la misma Ley, con la calificación jurídica de leves, tipificadas en los artículos 76.5; 76.9 y 76.6 en relación con el artº. 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Corresponde imponer al/a la expedientado/a/empresa expedientada una sanción en cuantía no superior a 250.000 pesetas, para cuya imposición es competente el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a D. Juan Hidalgo Barroso, titular del establecimiento denominado Bar La Cuevita de Tinguaro, la sanción de multa de veintidós mil quinientas (22.500) pesetas, por el 1er hecho infractor, veintidós mil quinientas (22.500) pesetas, por el 2º hecho infractor y veintidós mil quinientas (22.500) pesetas, por el 3er hecho infractor. Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta, a efectos del trámite de audiencia según se establece en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96). En el caso de que sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Propuesta de Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7 y 9.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 1999.- El Instructor, Joaquín Castro San Luis.

4) Con fecha 24 de febrero de 1999 se dictó Resolución de iniciación del procedimiento sancionador, con nº 99/015, iniciado como consecuencia de las actas de inspección números 1376 de 16 de abril de 1998 y 1862 realizada el 14 de julio de 1998 y seguido contra el/la expedientado/a D. Baldassare Modica Palazzo, con N.I.E. nº X-0623236-M, titular del establecimiento denominado Bar Dulcería La Guinda, sito en calle Simón Bolívar, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, formulándose los siguientes hechos:

“- Estar funcionando en régimen de explotación turística como bar, en las siguientes condiciones:

1º) Sin haber notificado a la Administración Turística Canaria los precios que hayan de regir en la prestación de los servicios. 2º) Sin tener el correspondiente Libro de Inspección. 3º) Sin tener las Hojas de Reclamaciones.”

FECHA DE INFRACCIÓN: 16 de abril de 1998. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: examinado el expediente de referencia y habida cuenta que el/la titular consignado/a no ha presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el/los hecho/s imputados por Resolución de iniciación de 24 de febrero de 1999, a través de (correo certificado con acuse de recibo/publicación en el Boletín Oficial de Canarias) y en aplicación de lo que se prevé en el artículo 9.4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), se estima la responsabilidad administrativa del expedientado en base a las actas de inspección nº 1376, de 16 de abril de 1998 y nº 1862 de 14 de julio del mismo año, de lo que se desprende que el Bar Dulcería La Guinda, se encuentra funcionando en régimen de explotación turística como bar, sin haber notificado a la Administración turística canaria los precios que hayan de regir en la prestación de los servicios; sin tener el correspondiente Libro de Inspección y sin tener las Hojas de Reclamaciones. Normas sustantivas infringidas: artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en relación con el artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970; artº. 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95) y artº. 20.1 de la misma Ley, con la calificación jurídica de leves, tipificadas en los artículos 76.5, 76.9 y 76.6 en relación con el artº. 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Corresponde imponer al/a la expedientado/a/empresa expedientada una sanción en cuantía no superior a 250.000 pesetas, para cuya imposición es competente Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a D. Baldassare Modica Palazzo, titular del establecimiento denominado Bar Dulcería La Guinda, la sanción de multa de veintidós mil quinientas (22.500) pesetas, por el 1er hecho infractor, veintidós mil quinientas (22.500) pesetas, por el 2º hecho infractor y veintidós mil quinientas (22.500) pesetas, por el 3er hecho infractor. Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta, a efectos del trámite de audiencia según se establece en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Propuesta de Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7 y 9.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 1999.- El Instructor, Joaquín Castro San Luis. 5) Con fecha 24 de febrero de 1999 se dictó Resolución de iniciación del procedimiento sancionador, con nº 99/021, iniciado como consecuencia de denuncia de fecha 14 de julio de 1998, registro de entrada nº 2771 y acta de inspección nº 1771 realizada el 30 de julio de 1998 y seguido contra el/la expedientado/a Gobaya, S.A., con C.I.F. nº A-38.020.046, titular del establecimiento denominado Hotel Pinocho, sito en calle Esquilón, 32, término municipal de Puerto de la Cruz, formulándose los siguientes hechos:

“1.- No disponer el alojamiento (402) de la autorización otorgada por la Administración turística para su explotación turística.”

FECHA DE INFRACCIÓN: 3 de julio de 1998. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: examinado el expediente de referencia y habida cuenta que el/la titular consignado/a no ha presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el/los hecho/s imputados por Resolución de iniciación de 24 de febrero de 1999, a través de (correo certificado con acuse de recibo/publicación en el Boletín Oficial de Canarias) y en aplicación de lo que se prevé en el artículo 9.4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), se estima la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base a la denuncia formulada por Dña. Marianne Nitsch de 14 de julio de 1998, de las facturas de la denunciante y de las actas de inspección números 1768 y 1771 de 27 y 30 de julio de 1998. Normas sustantivas infringidas: artº. 4 del Decreto 149/1986, con la calificación jurídica de grave, tipificada en el artº. 75.1 en relación con el artº. 76.18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Corresponde imponer al/a la expedientado/a/empresa expedientada una sanción en cuantía no superior a 5.000.000 de pesetas, para cuya imposición es competente el Viceconsejero de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Gobaya, S.A., titular del establecimiento denominado Hotel Pinocho, la sanción de multa de cinco millones (5.000.000) de pesetas. Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta, a efectos del trámite de audiencia según se establece en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96). En el caso de que sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Propuesta de Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7 y 9.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 1999.- El Instructor, Joaquín Castro San Luis.

6) Con fecha 24 de febrero de 1999 se dictó Resolución de iniciación del procedimiento sancionador, con nº 99/024, iniciado como consecuencia de las actas de inspección números 1370 de 8 de abril de 1998 y 1876 de 17 de julio de 1998 y seguido contra el/la expedientado/a Comercial Mercuty Club, S.L., con C.I.F. nº B-38.360.335, titular del establecimiento denominado Bar Ducar II, sito en Autovía San Andrés/Santa Cruz, María Jiménez, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, formulándose los siguientes hechos:

“- Anunciarse como Cafetería, estando el establecimiento autorizado como Bar ante la Administración turística competente. En fecha 8 de abril de 1998, acta nº 1370, se le dio a la empresa un plazo no superior a un mes, para que el anuncio del establecimiento sea en la modalidad otorgada por la Administración turística competente.”

FECHA DE INFRACCIÓN: 8 de abril de 1998. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: examinado el expediente de referencia y habida cuenta que el/la titular consignado/a no ha presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el/los hecho/s imputados por Resolución de iniciación de 24 de febrero de 1999, a través de (correo certificado con acuse de recibo/publicación en el Boletín Oficial de Canarias) y en aplicación de lo que se prevé en el artículo 9.4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96), se estima la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a las actas de inspección nº 1370 de 8 de abril de 1998 y 1876 de 17 de julio de 1998, de lo que se desprende que el Bar Ducar II, se anuncia como cafetería estando el establecimiento autorizado como bar ante la Administración turística competente. Normas sustantivas infringidas: artículo 3º de la Orden de 19 de octubre de 1988, de los nombres y publicidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 4 de noviembre), con la calificación jurídica de leve, tipificada en el artº. 76.1 en relación con el artº. 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Corresponde imponer al/a la expedientado/a/empresa expedientada una sanción en cuantía no superior a 250.000 pesetas, para cuya imposición es competente el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95).

Como consecuencia de todo lo anterior se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Imponer a Comercial Mercuty Club, S.L., titular del establecimiento denominado Bar Ducar II, la sanción de multa de ciento veinticinco mil (125.000) pesetas.

Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta, a efectos del trámite de audiencia según se establece en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

En el caso de que sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la Tesorería Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Propuesta de Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7 y 9.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 1999.- El Instructor, Joaquín Castro San Luis.



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