Habiendo sido intentada la notificación de la Providencia y Pliego de Cargos en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 94/99, incoado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación a D. Guillermo Marrero Santos, titular de la empresa operadora nº 472, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Asimismo, se le informa que en cumplimiento de lo dispuesto en el artº. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del presente expediente sancionador será de seis meses, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94).
PROVIDENCIA
Vista el acta de los funcionarios de la Inspección del Juego, de fecha 12 de julio de 1999, levantada en el establecimiento Bar Rapicho, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Eladio Roca Salazar, 1, y deduciéndose de la misma posibles infracciones a la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99), así como el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar (B.O.C. nº 97, de 1.8.88), iníciese expediente sancionador al titular de la empresa operadora nº 472, D. Guillermo Marrero Santos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, nombrando Instructora del expediente a Dña. Aurora La Serna Ramos, funcionaria adscrita a la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, debiendo notificarse al interesado a los efectos de recusación previstos en el artº. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 1999.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
En el expediente sancionador incoado mediante Providencia del Director General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 14 de julio de 1999, por presunta infracción a la normativa sobre el juego, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 43.1.2.a) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de esta Comunidad Autónoma, se formula el siguiente
PLIEGO DE CARGOS
1º) Con fecha 12 de julio de 1999, fue levantada acta de infracción por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Bar Rapicho, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Eladio Roca Salazar, 1, se encuentra instalada y en funcionamiento, la máquina recreativa tipo B, TF-B-14.056, propiedad de la empresa operadora nº 472, D. Guillermo Marrero Santos, careciendo de los distintivos correspondientes del pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego del 1er y 2º trimestres del año 1998. Asimismo, el establecimiento carece del Libro de Reclamaciones. 2º) Con fecha 14 de julio de 1999, tuvo entrada en este Centro Directivo, escrito de D. Guillermo Marrero Santos, adjuntando las Cartas de Pago (de fechas 14.7.99) de dicha máquina, del primer y segundo trimestres de 1999, a los efectos de dejar constancia de ellas.
3º) Los hechos descritos suponen infracción a los artículos 30.1.d), 31.1.d) y 44 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), en cuya virtud, todas las máquinas a que se refiere el citado Reglamento, que se encuentren en explotación, deberán llevar necesariamente incorporado a las mismas y de forma visible desde el exterior, entre otros, el distintivo correspondiente del pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego, así como que, en todo momento, deberán hallarse en el local donde estuvieran en explotación las máquinas, el Libro de Reclamaciones.
4º) De conformidad con lo previsto en los artículos 26.k) y 27.f) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99), las infracciones deben calificarse de muy graves, esto es, realizar actividades de juego autorizadas o explotar elementos de juego autorizados, sin haber satisfecho la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondiente a la actividad realizada o elemento explotado, así como de infracción grave, carecer de los libros o registros exigidos en la correspondiente reglamentación del juego, procediendo sancionar con multa de 10.000.001 hasta 50.000.000 de pesetas, por la infracción muy grave y otra desde 100.001 hasta 10.000.000 de pesetas por la falta grave, según dispone el artº. 29.1.a) y b) de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, sin perjuicio de lo que pueda resultar de la instrucción.
5º) De conformidad con lo dispuesto en el artº. 33.2.c) de la citada Ley 6/1999, de 26 de marzo, el Gobierno de Canarias es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
De acuerdo con lo establecido en el artº. 43.1.2.b) del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, se le concede un plazo de ocho días hábiles, a contar del siguiente al del recibo del presente escrito, para que presente en su descargo las alegaciones que tuviera por conveniente a la defensa de su derecho, y en el que podrá solicitar el recibimiento a prueba del expediente, expresando los puntos de hecho sobre lo que ha de versar y articulando la prueba de que intenta valerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 1999.- La Instructora del expediente, Aurora La Serna Ramos.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de septiembre de 1999.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.
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