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BOC Nº 125. Miércoles 15 de Septiembre de 1999 - 3268

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de El Hierro

3268 - ANUNCIO por el que se hace pública Providencia de 4 de agosto de 1999, sobre notificación de comunicación del Decreto resolutorio del recurso ordinario planteado en el expediente sancionador de caza nº 3/98.

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Providencia de 4 de agosto de 1999 del Instructor del expediente sancionador en materia de caza que se relaciona, sobre notificación de comunicación del Decreto resolutorio de recurso ordinario planteado en el expediente sancionador de caza nº 3/98.

Dado cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar a D. José Diego Santiago Macías el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular con fecha 3 de junio de 1999, que a continuación se reproduce:

“Visto el recurso ordinario interpuesto por D. José Diego Santiago Macías contra la Resolución de fecha 12 de febrero de 1999, dictada por la Instructora del procedimiento sancionador por infracción a la normativa de caza, nº 3/98.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En fecha 1 de marzo de 1999 se presentó en la Delegación del Gobierno de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 38 de la Ley 30/1990, con entrada en este Cabildo Insular nº 927, de fecha 8 de marzo de 1999, escrito de interposición de recurso ordinario contra la Resolución de fecha 12 de febrero de 1999, de la Instructora del procedimiento sancionador en materia de caza nº 3/98, por la que se inadmitían los medios de prueba propuestos por el interesado, en concreto: 1. Confesión de los Guardas Jurados de Caza denunciantes.

2. Testifical, consistente en que sean interrogados los testigos D. José Manuel Santana Díaz y D. José Diego Santiago Macías.

Segundo.- Dicha Resolución se fundamenta en que:

a) El Instructor de oficio (artº. 137.4 LRJPAC) practicará cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de los hechos y posibles responsabilidades, estimándose como tales:

1. Testifical: de los Guardas Jurado de Caza autores de la denuncia, al objeto de que comparezcan a declarar sobre los hechos consignados en el acta y ratificar, en su caso, el contenido de la misma.

2. Confesión: de los presuntos infractores, D. José Diego Santiago Macías y D. José Manuel Santana Díaz.

b) Considerar que respecto a los Guardas denunciantes no procede la práctica de la prueba de confesión sino la testifical, ni la testifical de los presuntos infractores, D. José Manuel Santana Díaz y D. José Diego Santiago Macías, por no tener en ese momento procedimental la consideración de terceras personas ajenas a los hechos imputados.

Tercero.- El recurrente esgrime los motivos de oposición que estima oportunos, invocando, en síntesis los Fundamentos de Derecho siguientes:

I.- La Resolución impugnada en este recurso ordinario es nula de pleno derecho, en virtud del artículo 62.1, apartados a) y e) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya que lesiona el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional y además se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Hechos éstos que se revelan de las siguientes actuaciones: se ha vulnerado el artículo 24.1 de la Constitución Española produciéndome en el presente expediente una manifiesta indefensión al no haberse notificado al interesado ningún tipo de acuerdo motivado denegando la práctica de las pruebas propuestas por esta parte, tal y como exige el artículo 17.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y por otro lado, se prescinde totalmente en el presente expediente, del procedimiento legalmente establecido al no adjuntar con la lista de testigo propuesto por el órgano sancionador el oportuno interrogatorio de preguntas tal y como establecen los artículos 638 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, vulnerando el derecho de todo ciudadano a un procedimiento con todas las garantías.

II.- El artículo 80.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que “los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba”, por lo que habrá de estarse en esta materia a las normas que con carácter general se contienen en los artículos 578 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, en su caso, a las de los artículos 1214 “onus probandi”, y siguientes del Código Civil.

III.- El artículo 137.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece: “que los procedimientos sancionadores respetarán las presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia para la resolución del procedimiento corresponde a esta Presidencia en virtud de las facultades conferidas por el artº. 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, R.B.R.L., modificado por la Ley 11/1999, de 21 de abril, en relación con el Decreto Territorial 63/1988, de 12 de abril.

Segundo.- El recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma por el recurrente.

Tercero.- Procede desestimar el recurso interpuesto por los motivos siguientes:

1) Se entiende que existe una irregularidad formal en la proposición de la prueba por parte del recurrente, que puede entenderse subsanada de oficio, al decretarse por el instructor la práctica de los mismos medios probatorios, en la manera que estimó adecuada.

2) Es reiterada la jurisprudencia que establece que el derecho de prueba no faculta para exigir la admisión de cualesquiera pruebas que pueda la parte proponer, sino para la recepción y práctica de lo que sea pertinente (S.S.T.C. 40/1996, de 1 de abril, 196/1988, de 24 de octubre, 87/1992, de 8 de junio), ni es tampoco un derecho absoluto e incondicionado a que se practique todas las pruebas propuestas por las partes.

Por lo tanto el derecho a la prueba no obliga a admitir todos los medios de prueba que cada parte entienda pertinente a su defensa, sino lo que el Juez valore libremente de manera razonada (S.S.T.C. 51/1985, de 10 de abril, 191/1989, de 16 de noviembre). Dicha doctrina es enteramente aplicable al procedimiento administrativo (STC 149/1987, de 30 de septiembre).

En el caso que nos ocupa, entendemos que existe una irregularidad formal en la proposición de la prueba por parte de los interesados que de oficio se subsana y en base a esto: se deniega la práctica de la prueba de confesión de los Guardas denunciantes y la testifical de D. José Manuel Santana Díaz y D. José Diego Santiago Macías, y se acuerda la práctica de oficio, por el instructor, de los medios que se consideró adecuados: testifical de los Guardas Jurados de Caza denunciantes y confesión de D. José Diego Santiago Macías y D. José Manuel Santana Díaz, en su calidad de presuntos infractores.

3) No procede alegar la nulidad de pleno derecho en base al artº. 62.1 apartados a) y e) de la Ley 30/1992, pues no ha habido lesión de derechos, ni se ha producido indefensión, no habiéndose prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en tanto que:

a) Se acuerda la práctica de la prueba de oficio por el Instructor.

b) Se motiva la resolución exponiendo las razones por las que se considera inadecuada la proposición desde un punto de vista jurídico procesal.

c) De conformidad con lo dispuesto en el artº. 81.1 LRJAPC y 17.3 R.P., se ha comunicado a los interesados, con antelación suficiente, comunicación que se ha realizado conforme a lo establecido en el precepto citado, mediante notificación en la que se ha consignado: lugar, fecha y hora en que se va a llevar a cabo la práctica de la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado podía nombrar técnicos que le asistan; posibilitándose de este modo la contradicción, sin impedir por tanto el que el presunto responsable pudiese formular preguntas a los testigos.

Vistos los artículos 80, 81 y 135 de la LRJAPC y artº. 17 del R.P., y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso ordinario confirmando en todos sus extremos la resolución impugnada. Segundo.- Contra la presente Resolución, que es un acto administrativo, que pone fin a la vía administrativa, tal como establece el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, según redacción de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Lo que se notifica, advirtiendo que contra el anterior Decreto cabe interponer el recurso que se indica en el mismo, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Valverde de El Hierro, a 4 de agosto de 1999.- La Instructora del expediente, Concepción Barrera González.

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