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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1. Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan, deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
2. Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de julio de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Onieva Martell. RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
1º) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 195, nº 660.
Resolución de 14 de junio de 1999, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/128 instruido a Borjibirt, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Sala de Fiestas Armonía Ghost.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Borjibirt, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 18 de junio de 1998, como consecuencia de la denuncia de fecha 21 de octubre de 1997 formulada por D. Octavio Pérez Rodríguez, y del acta de inspección nº 9266, de 5 de diciembre de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 21 de octubre de 1997, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 7.135, denuncia formulada por D. Octavio Pérez Rodríguez, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta una serie de irregularidades que constan en el expediente.
2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 5 de diciembre de 1997 se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Juan Domínguez Pérez, 67, en el Cebadal, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 9266 en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento carecía de lista de precios expuestos en el interior y exterior, así como de Libro de Inspección. Asimismo, se comprobó que se había producido un cambio de titularidad y denominación, sin notificarlo a la Administración turística competente.
3º) El 18 de junio de 1998 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/128, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
4º) Con fecha 22 de diciembre de 1998 y habida cuenta que la titular consignada no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase los hechos imputados, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 125.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 125.000 pesetas por el 2º hecho infractor, 90.000 pesetas por el 3er hecho infractor, 40.000 pesetas por el 4º hecho infractor y 15.000 pesetas por el 5º hecho infractor.
5º) La empresa expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución. 6º) Los siguientes hechos:
1. Alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Borjibirt, S.L., que explota el establecimiento consignado sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente.
2. Haber cambiado la denominación del establecimiento, toda vez que se anuncia como Sala de Fiestas Armonía Ghost sin haberlo comunicado previa y preceptivamente a la Administración turística competente.
3. No facilitar el Libro de Inspección.
4. Trato incorrecto dispensado a su cliente D. Octavio Pérez Rodríguez, según consta en su denuncia.
5. No anunciar, tanto en el interior como en el exterior del establecimiento, la relación de servicios con los precios que rigen en la prestación de los mismos.
Se consideran probados en virtud de la denuncia de fecha 21 de octubre de 1997, acta de inspección nº 9266 de 5 de diciembre de 1997.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 9266 de 5 de diciembre de 1997, sin que la titular consignada haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta. Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en:
- Artículo 2º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre). - Artículo 3º de la Orden de 19 de octubre de 1988, de los Nombres y la Publicidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 4 de noviembre). - Artº. 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). - Artº. 77.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). - Artº. 10.3 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 1º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).
Dichos hechos vienen tipificados en los artículos 76.1 y 76.9, en relación con el artº. 77.7, y artículos 77.2 y 77.1, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), calificados como leve.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 125.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 125.000 pesetas por el 2º hecho infractor, 90.000 pesetas por el 3er hecho infractor, 40.000 pesetas por el 4º hecho infractor y 15.000 pesetas por el 5º hecho infractor a Borjibirt, S.L., con C.I.F. B35444397, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Sala de Fiestas Armonía Ghost.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de junio de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana. 2º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 24, nº 123.
Resolución de 9 de junio de 1999, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 98/132, instruido a Sociedad Limitada Ascamen, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Morromar.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Sociedad Limitada Ascamen, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 18 de junio de 1998, como consecuencia de informe de Inspección de 4 de octubre de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) El 4 de octubre de 1996, se emite informe del Servicio de Inspección en el que, entre otros extremos, se hace constar que en el contrato aportado de la Sociedad Limitada Ascamen, que explotaba en régimen de tiempo compartido el complejo denominado Morromar, sito en la calle Mato, 5, en la Urbanización Matagorda, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, no se recogía el derecho de resolverlo, durante un plazo que en ningún caso será inferior a diez días naturales o el mínimo señalado por la legislación estatal sobre la materia.
2º) El 18 de junio de 1998 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/132, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Con fecha 22 de diciembre de 1998 y habida cuenta que la titular consignada no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 750.000 pesetas.
4º) La empresa expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.
5º) El siguiente hecho:
No recoger expresamente en la publicidad utilizada, el derecho de resolver el contrato que se celebre, durante un plazo que, en ningún caso, será inferior a 10 días naturales, o al mínimo señalado por la legislación estatal sobre la materia.
Se considera probado en virtud del informe del Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 4 de octubre de 1996.
FECHA DE INFRACCIÓN: 4 de octubre de 1996. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base al contenido del informe de Inspección de 4 de octubre de 1996, sin que la titular consignada haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.
El hecho imputado infringe lo preceptuado en el artº. 46.2.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Calificado como grave, en relación al artº. 76.10 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 750.000 pesetas a Sociedad Limitada Ascamen, con C.I.F. B-35348739, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Morromar. La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de 1999.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.
3º) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 196, nº 694.
Resolución de 21 de junio de 1999, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/208, instruido a D. José L. Moratinos Cabrera, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Pub Old Lake.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. José L. Moratinos Cabrera, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 21 de octubre de 1998, como consecuencia de la denuncia de fecha 27 de octubre de 1997, formulada por D. Domingo Santana Santana, y del acta de inspección nº 9184 de 20 de noviembre de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 27 de octubre de 1997, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 7301, denuncia formulada por D. Domingo Santana Santana, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que hospedado en la Urbanización Nuevo Horizonte (Antigua), tuvo que marcharse por las molestias que causaba el Pub Old Lake dentro de la urbanización a pocos metros del apartamento nº 147. Música exterior y alta. Protestó y no hicieron caso. Denunció en la Guardia Civil.
2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 20 de noviembre de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Urbanización Nuevo Horizonte (Apartamentos Torres del Castillo), término municipal de Antigua, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 9184 en la que esencialmente se hace constar que está abierto al público y ejerce como bar. Carece de Libro de Inspección y Hojas de Reclamaciones. Tanto en el interior como exterior se emite música con amplificadores de sonido. No está el local insonorizado. Los altavoces exteriores se desconectan a las 12 de la noche, y los interiores funcionan hasta las 3 con volumen moderado. La documentación la tiene la asociación de empresarios de hostelería y turismo.
3º) El 21 de octubre de 1998, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/208, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
4º) El expedientado en escrito de fecha 17 de noviembre de 1998, recibido en esta Consejería el 20 del mismo mes y año, registro de entrada nº 8169, en síntesis ha alegado lo siguiente: que los hechos no son ciertos, el establecimiento cuenta desde septiembre de 1995, con la autorización turística pertinente, con número de signatura B-35/2/0625, no infringiendo el artº. 41 del Decreto 190/1996, ni el artº. 20.1 de la Ley 7/1996, de 6 de abril. Que la documentación siempre se ha encontrado en el recuadro donde se guardan los documentos y a la vista de los clientes.
5º) Examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados no desvirtúa, puesto que en el acta se indican las infracciones apreciadas por el Inspector ante la Srta. Cecilia Pérez Rodríguez, representante, con D.N.I. nº 14.903.111, y nada indica al Inspector, ni enseña en el Libro de Inspección, ni las Hojas de Reclamaciones, lo cual hubiese sido lo normal de estar en el recuadro donde se indica. Por ello se ratifican las sanciones indicadas en la Resolución de iniciación.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 30 de noviembre de 1998, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 125.000 pesetas para el 1er hecho infractor y 125.000 pesetas para el 2º hecho infractor.
6º) El expedientado no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.
7º) Los siguientes hechos:
1. Carecer del Libro de Inspección.
2. Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones.
Se consideran probados en virtud de la denuncia de fecha 27 de octubre de 1997, formulada por D. Domingo Santana Santana, y del acta de inspección nº 9184 de 20 de noviembre de 1997.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado sin que las razones esgrimidas tengan virtualidad alguna, en base a que los hechos probados infringen lo preceptuado en el artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
- Artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Dichos hechos vienen tipificados en los artículos 76.9 y 76.6, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Calificados como: leves.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 125.000 pesetas para el 1er hecho infractor y 125.000 pesetas para el 2º hecho infractor, a D. José L. Moratinos Cabrera, con N.I.F. 14.516.694-Z, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Pub Old Lake.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de junio de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
4º) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 195, nº 693.
Resolución de 21 de junio de 1999, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/232, instruido a D. José Alonso Almeida, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalow Sonnenland Club I-nº 15.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. José Alonso Almeida, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 23 de noviembre de 1998, como consecuencia de la denuncia de fecha 19 de febrero de 1998, recibida en esta Consejería el 25 del mismo mes y año, formulada por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo y del informe del Servicio de Inspección de 23 de marzo de 1998.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 25 de febrero de 1998, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 1308 denuncia formulada por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, contra el establecimiento consignado en la que manifiestan que teniendo conocimiento de explotación turística ilícita en el bungalow nº 15 de Sonnenland Club I en El Tablero de Maspalomas, se le denuncia, así como a otros bungalows, e indicándose los inquilinos.
2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 23 de marzo de 1998, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Urbanización Sonnenland, El Tablero, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, efectuándose al efecto informe, en el que entre otros se dice que la Directora colaboró con la inspección, así como la recepcionista. La Directora manifiesta sobre los abusos deshonestos (supuestos) que fueron realizados por un invitado del bungalow nº 42, ocupado como arrendamiento urbano por el filandés Kari Mikko Kuusamo y se ha denunciado a las autoridades, ya que el afectado es un hijo menor del usuario Sr. Brow, del bungalow nº 38. Se aportan fotos de la denuncia. Respecto al bungalow nº 15, el propietario Sr. Alonso Almeida no ocupaba el mismo en el momento de la Inspección, lo ocupaba el Sr. Nass, antiguo cliente del establecimiento autorizado. Se aporta fotocopia de la factura del 15 al 26 de noviembre de 1997, cuando ocupaba el bungalow nº 112.
El bungalow nº 97 del Sr. Lehnann que vive en el bungalow nº 96 y el nº 97 lo ocupa el Sr. Gottfied y esposa. Indica que el Sr. Hanz es su abuelo y no paga nada. Los apellidos no coinciden. La Directora aporta factura cuando ocupaba el nº 27 y siendo el Sr. Hanz propietario del 96 y 97. El complejo está autorizado. Son 120 bungalows, 57 particulares y 63 explotados turísticamente.
3º) El 23 de noviembre de 1998, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/232, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
4º) El expedientado en escrito de fecha 23 de diciembre de 1998 recibido en esta Consejería el 28 del mismo mes y año, registro de entrada nº 9091, en síntesis ha alegado lo siguiente: el bungalow nunca ha estado en explotación turística, ni abierto al público. El día de la inspección, el Sr. Dieter Nass y Christa (matrimonio amigo) pasaban unos días en mi bungalow, sin pagar nada y por amistad y ello no es ilegal. En todo momento ha sido para uso particular de mi familia. Solicito archivo.
5º) Examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados: desvirtúa puesto que no se ha acreditado cumplidamente por la denunciante se hubiese llevado a cabo, realmente la explotación turística en el bungalow 15 y existir contradicción en las afirmaciones de las partes implicadas, y por el principio en caso de duda razonable indubio pro reo aplicable a sanción administrativa intereso el sobreseimiento y archivo.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 25 de marzo de 1999 formuló propuesta de sobreseimiento y archivo del expediente sancionador.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados, queda desvirtuado el hecho imputado, toda vez que no se ha acreditado por la denunciante se hubiese llevado a cabo la explotación turística del bungalow nº 15 y existir contradicciones entre las partes y, en caso de duda razonable indubio pro reo. Se interesa el sobreseimiento y archivo.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Sobreseer y archivar el expediente sancionador nº 98/232, por no haberse podido comprobar la comisión de infracción administrativa a la normativa turística en vigor, en relación con el hecho imputado objeto de dicho expediente.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de junio de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
5º) Libro nº 1 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 25, nº 138.
Resolución de 21 de junio de 1999, de la Viceconsejería de Turismo, recaída en el expediente sancionador nº 98/285, instruido a Exturfe, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Atlantis Las Lomas.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Exturfe, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 15 de diciembre de 1998, como consecuencia de la denuncia de fecha 3 de octubre de 1996, recibida en esta Consejería el 19 de noviembre del mismo año, formulada por D. G. Sarjant, y de las actas de inspección números 8341 y 8371 de 4 y 8 de abril de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 19 de noviembre de 1996, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 7333, denuncia formulada por D. G. Sarjant, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que ha residido en los Apartamentos Atlantis Las Lomas en Puerto del Carmen (Lanzarote), muy mal gestionado y muy mala calidad. Hubo más de 100 quejas y el director nos trató con actitud displicente. Ha planteado queja a la Agencia.
2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 4 de abril de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Tinguatón, 7, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8341 en la que esencialmente se hace constar que en la fecha de la inspección el complejo estaba en obras de mejoras en piscina y unidades alojativas y los clientes avisados por los touroperadores. Después de inspección ocular por varias unidades alojativas y zonas comunes, se comprueban estas deficiencias: a) tapizado de tresillos y butacas vestíbulo deterioradas; b) las paredes de la barra del bar muy estropeadas; c) borde piscina sucio y las zonas peatonales con pavimento roto y sucio. No hay Libro de Inspección, ni Hojas de Reclamaciones, pero están en otra oficina. El Cabildo informa que son 2 complejos distintos unidos y explotados por la misma sociedad, pero con signaturas diferentes.
Apartamentos Atlantis- E-35/3/0092 y Apartamentos Las Lomas- E-35/3/0077. Parece están tramitando la unificación de ambos complejos.
3º) El 15 de diciembre de 1998, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/285, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
4º) La empresa expedientada en escrito de fecha 2 de febrero de 1999, recibido en esta Consejería el 10 del mismo mes y año, registro de entrada nº 1198, en síntesis ha alegado lo siguiente: la visita de inspección fue por la carta de Mr. G. Sarjant el 29 de octubre de 1996 tras su estancia del 3 al 17 de octubre, que en esta fecha el titular era Owrers Abroad España, S.A. Que Exturfe, S.L. adquirió los mismos el 19 de diciembre de 1996. Es cierto que el 4 de abril de 1997 el propietario era Exturfe y no le había dado tiempo a rectificar las deficiencias. No negamos los hechos, pero se ha reparado bastante ya y se ha mejorado. La piscina se repara a finales de febrero de 1999.
5º) Examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada y los documentos aportados: no desvirtúa puesto que es titular desde el 19 de diciembre de 1996 y al parecer, a finales de febrero de 1999 se terminaron las obras de mejora y acondicionamiento, cuando lógicamente al seguir funcionando y cobrando los alojamientos a precio normal, debió o rebajarse los mismos y que los clientes aceptasen o cerrar por obras. No obstante por carecer de antecedentes se atenúa la sanción a 500.000 pesetas para el 1er hecho infractor y para el 2º y 3er al ser puramente infracción administrativa se atenúa a 125.000 pesetas, por no facilitar el Libro de Inspección, y a 125.000 pesetas por carecer de las Hojas de Reclamaciones, documentación obligatoria en el establecimiento. Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 22 de marzo de 1999, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 500.000 pesetas por el 1er hecho infractor; 125.000 pesetas por el 2º hecho infractor y 125.000 pesetas por el 3er hecho infractor.
6º) La empresa expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.
7º) Los siguientes hechos:
1. Tener en mal estado de conservación o funcionamiento las instalaciones, sistemas o servicios obligatorios del establecimiento de referencia.
2. No facilitar el Libro de Inspección.
3. Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones obligatorias.
Se consideran probados en virtud del acta de inspección nº 8341 realizada el 4 de abril de 1997.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, sin que las razones esgrimidas tengan virtualidad alguna, en base a que los hechos probados constituyen las infracciones previstas en los artículos:
- Artº. 43 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). - Artº. 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). - Artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). Dichos hechos vienen tipificados en: artº. 76.2, y artículos 76.9 y 76.6 en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Calificados como: grave y leve.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 500.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 125.000 pesetas por el 2º hecho infractor y 125.000 pesetas por el 3er hecho infractor a Exturfe, S.L., con C.I.F. B-38390811, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Atlantis Las Lomas.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de junio de 1999.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.
6º) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 196, nº 702.
Resolución de 21 de junio de 1999, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 99/005 instruido a Bolden, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante El Cafetín.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Bolden, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 2 de febrero de 1999, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 75318 de fecha 12 de abril de 1998, recibida en esta Consejería el 14 del mismo mes y año, formulada por Dña. Teresa Montesdeoca Jiménez, y del acta de inspección nº 9699 de 19 de mayo de 1998. Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 14 de abril de 1998, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 2537, Hoja de Reclamación nº 75318 cumplimentada por Dña. Teresa Montesdeoca Jiménez, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que no se encontraba conforme con los precios del almuerzo que han hecho 3 personas, y no encontrar la carta en español.
2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 19 de mayo de 1998, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Plaza Puerta del Sol, 1, en la Playa de Mogán, término municipal de Mogán, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 9699 en la que esencialmente se hace constar que los precios de los productos indicados en la factura son inferiores a los notificados a la Administración. Se observa que en la factura no se indican los conceptos concretos de los productos, sólo como entrantes, bebidas, etc. Se entrega a los clientes, junto a la factura mecanizada la comanda correspondiente. Niega el trato descortés alegado por los reclamantes. Comentaban querían precios para canarios, gritaron e insultaron. En la factura no figura consignada la categoría del establecimiento.
3º) El 2 de febrero de 1999, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 99/005, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
4º) La empresa expedientada en escrito de fecha 17 de febrero de 1999, recibido en esta Consejería el 19 del mismo mes y año, registro de entrada nº 1497, en síntesis ha alegado lo siguiente: que se fundamenta el acta en denuncia efectuada el 12 de abril de 1998, por no figurar el nombre del establecimiento. Este hecho ha prescrito por haber transcurrido más de 6 meses y en total 10 meses desde que fue la denuncia. Se ratifica en las alegaciones que obran en el acta de inspección.
5º) Examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada y los documentos aportados no desvirtúa, respecto a la supuesta prescripción no existe. El acta no reúne los requisitos formales previstos en la normativa sobre el ejercicio de la potestad sancionadora, pues el órgano competente para iniciar el expediente es el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística [artº. 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo], y es a partir de la fecha de la Resolución de inicio desde donde se aplican los cómputos de los plazos para los principios de prescripción y caducidad. Por otra parte, no se ha desvirtuado el hecho infractor indicado que se mantiene con la sanción que es atenuada a 15.000 pesetas, por carecer de antecedentes.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 7 de abril de 1999, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 15.000 pesetas.
6º) La empresa expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución. 7º) El siguiente hecho:
No haber confeccionado la factura expedida a su cliente Dña. Teresa Montesdeoca Jiménez, indicando el nombre del establecimiento, el número de la misma, así como la categoría asignada al establecimiento y no figurar en la misma los distintos conceptos (R-33).
Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 9699 realizada el 19 de mayo de 1998.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95). Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, sin que las razones esgrimidas tengan virtualidad alguna, en base a que el hecho probado infringe lo preceptuado en los artículos 11 y 15.2 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo) (R-33.1).
Dicho hecho viene tipificado en el artº. 77.5 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95) (R-33.2).
Calificado como: leve.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 15.000 pesetas a Bolden, S.L., con C.I.F. B-35355981, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante El Cafetín.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de junio de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
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