BOC - 1999/120. Lunes 6 de Septiembre de 1999 - 3118

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

3118 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 15 de julio de 1999, que notifica Resolución de 1 de febrero de 1999, de este Centro Directivo, relativa al recurso ordinario nº 838/97, interpuesto por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano en representación de la entidad mercantil Fuerteventura Bus, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución de la Secretaría General Técnica en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería; sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Fuerteventura Bus, S.L., la Resolución de 1 de febrero de 1999 (libro nº 1, folio 90, nº 62), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 838/97 (expediente número GC-3449-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 26 de febrero de 1997.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 1999.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de la entidad mercantil Fuerteventura Bus, S.L.

Visto el recurso ordinario formulado por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de la entidad mercantil Fuerteventura Bus, S.L. contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 26 de febrero de 1997, recaída en el expediente sancionador nº GC-3449-0-95 y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo, matrícula GC-8476-W, un transporte público de viajeros careciendo de la preceptiva autorización administrativa, dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas y precintado del vehículo durante tres meses. Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso ordinario solicitando la revocación de la resolución recurrida dejando sin efecto la sanción impuesta, a tal fin se exponen en síntesis, los siguientes argumentos:

1. La notificación se hace mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 83, de 27 de junio de 1997, cuando dicho medio notificador constituye el último recurso notificador en manos de la Administración, no pudiendo ser nunca medio sustitutivo de la notificación personal que ha de realizarse en el domicilio del deudor porque ello produce una clara indefensión y detrimento de las garantías establecidas en el procedimiento administrativo para salvaguardar los derechos de los administrados. Se da además la circunstancia de que se afirma en la Resolución que ahora se recurre que el domicilio de la empresa Fuerteventura Bus, S.L. es desconocido lo cual es incierto. Asimismo sorprende que conjuntamente a la notificación de la denuncia a fin de que se formalicen las alegaciones o pliego de descargo también se le notifique el importe de la sanción y modos para hacerla efectiva porque ello supone una grave infracción del derecho a la efectiva defensa junto a la evidente falta de respeto al mínimo derecho que a la información de los hechos que supuestamente se le imputan tiene la entidad expedientada.

2. Las sanciones por el tiempo transcurrido deberían estar prescritas.

3. Ninguna infracción de la normativa de transporte de viajeros por carretera ha sido vulnerada por personal de la empresa habida cuenta la excelente preparación, formación profesional y cívica de los mismos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95) por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes. Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecúan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 26 de febrero de 1997, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 90 y 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículos 109 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, que consideran infracción de carácter muy grave la realización de transportes públicos o actividades auxiliares o complementarias de los mismos, para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante, careciendo de la preceptiva concesión o autorización del transporte o de la actividad de que se trate. Con relación a la existencia de defectos formales en la notificación del presente expediente sancionador, cabe indicar que una vez intentada la práctica de las respectivas notificaciones del acuerdo de incoación del expediente y de la Resolución sancionadora mediante carta certificada, a través del servicio de correos, fueron devueltos los correspondientes acuse de recibo, según obra en dicho expediente, procediéndose, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual “Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del órgano que la dictó”, a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 126, de 4 de octubre de 1996 de la Resolución de 2 de septiembre de 1996 de la Dirección General de Transportes Terrestres, sobre notificación de denuncias - Pliego de Cargos- a titulares de los vehículos, por ignorarse su domicilio, y en el Boletín Oficial de Canarias nº 83, de 27 de junio de 1997 de la Resolución de 7 de mayo de 1997 de la Dirección General de Transportes, sobre notificación de Resoluciones sancionadoras a titulares de vehículos, por ignorarse su domicilio, sin que tales actos adolezcan de defectos formales determinantes de su anulabilidad, en el sentido previsto en el artículo 63.2 de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no dándose la indefensión aducida por la entidad recurrente que pudo efectuar cuantas alegaciones estimase pertinentes así como hacer uso de los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico para hacer valer sus intereses. Por otra parte no puede entenderse prescrita la infracción en base a que en la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, se establece expresamente que “Las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso, el plazo de prescripción será de un año”, debiendo de entenderse hecha tal remisión a la Ley 30/1992, al artículo 132 de la misma, que en su apartado primero establece que las infracciones muy graves, como es la que ha dado origen a la incoación del presente expediente sancionador, prescribirán a los tres años, comenzando a contarse dicho plazo desde el día en que la infracción se hubiera cometido, según dispone el apartado segundo del referido artículo 132 y quedando el mismo interrumpido con la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador (artº. 132.3) y en el presente caso, resulta obvio que dicho plazo prescriptivo no ha transcurrido entre la fecha de la comisión de la infracción, 12 de diciembre de 1995 y la fecha de notificación de incoación del expediente sancionador. Teniendo en cuenta que el hecho constitutivo de la infracción sancionada consta plenamente acreditado en el expediente sancionador tramitado al deducirse del boletín de denuncia nº 15000 formulado por Agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, quien de acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, venía obligado a realizarla, estando desligado de los hechos y de sus participantes al encontrarse en una situación de independencia material y subjetiva que permite estimar su apreciación desprovista de todo perjuicio, y por ende utilizar la misma como elemento de juicio suficiente para basar en él una decisión acertada y justa (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1982, que el vehículo, matrícula GC-8476-W, realizaba en la fecha de la denuncia, 12 de diciembre de 1995, un transporte público de viajeros careciendo de la preceptiva autorización administrativa, sin que tal hecho, en momento alguno, haya sido desvirtuado mediante prueba en contrario que destruya la presunción iuris tantum de veracidad que ampara a dicha denuncia. Por tanto, considerando que el hecho infractor, plenamente acreditado es subsumible en el artículo 140.a) de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículo 197.a) del Reglamento de la citada Ley, y habiendo sido fijada la sanción impuesta de conformidad a los criterios que para la graduación de la misma se establece en el artículo 143 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículo 201 del Reglamento de la citada Ley habida cuenta la infracción cometida y las circunstancias concurrentes, procede, de conformidad al informe propuesta emitido con fecha 29 de mayo de 1998 por la Dirección General de Transportes, confirmar la Resolución recurrida por ser conforme a derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción impuesta.

Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico. Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso ordinario promovido por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de la entidad mercantil Fuerteventura Bus, S.L. y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 26 de febrero de 1997, recaída en el expediente sancionador nº GC-3449-0-95, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas y precintado del vehículo durante tres meses, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.



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