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BOC Nº 120. Lunes 6 de Septiembre de 1999 - 3119

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

3119 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 15 de julio de 1999, que notifica Resolución de 1 de febrero de 1999, de este Centro Directivo, relativa al recurso ordinario nº 869/97, interpuesto por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de la entidad mercantil Fuerteventura Bus, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución de la Secretaría General Técnica en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Fuerteventura Bus, S.L., la Resolución de 1 de febrero de 1999 (libro nº 1, folio 89, nº 34), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 869/97 (expediente nº GC-1182-0-96), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 30 de abril de 1997.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 1999.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano en representación de la entidad mercantil Fuerteventura Bus, S.L.

Visto el recurso ordinario formulado por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de la entidad mercantil Fuerteventura Bus, S.L. contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 30 de abril de 1997, recaída en el expediente sancionador nº GC-1182-0-96 y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo, matrícula GC-3073-S, un transporte discrecional de viajeros sin formalizar el libro de ruta, dando lugar a la sanción de cuarenta y seis mil (46.000) pesetas.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso ordinario solicitando la revocación de la Resolución recurrida dejando sin efecto la sanción impuesta a tal fin se expone en síntesis, los siguientes argumentos:

1. Indefensión al interesado toda vez que la notificación formulada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias adolece de defectos formales que permitan al administrado ejercitar su derecho constitucional de defensa efectiva, además la notificación mediante el Boletín Oficial de Canarias resulta nula de pleno derecho ya que la publicación a través del Boletín Oficial de Canarias, sólo es admisible para el caso de que lo personal resulte infructuosa y dicha notificación personal no ha tenido lugar en el presente caso.

2. Prescripción de la infracción administrativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV, del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 30 de abril de 1997, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden de 25 de octubre de 1990, sobre documentos de control en relación con el transporte de viajeros y las actividades auxiliares y complementarias del mismo.

Infracción con calificación de leve a tenor de lo preceptuado en el artículo 142 “l” de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículo 199.m) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.

En cuando a las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente sobre la existencia de defectos formales en la notificación de la Resolución sancionadora, cabe indicar que una vez intentada la práctica de la notificación de la misma mediante carta certificada, a través del servicio de Correos, fue devuelto el correspondiente acuse de recibo, según obra en dicho expediente, procediéndose, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual “Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del órgano que la dictó”, a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 97, de 30 de julio de 1997, de la Resolución de 19 de junio de 1997, de la Dirección General de Transportes, sobre notificación de Resoluciones sancionadoras a titulares de los vehículos, por ignorarse su domicilio sin que tal acto adolezca de defecto formal determinante de su anulabilidad, en el sentido previsto en el artículo 63.2 de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no dándose la indefensión aducida por la entidad recurrente que pudo efectuar cuantas alegaciones estimase pertinentes así como hacer uso de los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico para hacer valer sus intereses. Por otra parte, en ningún caso, puede entenderse prescrita la infracción denunciada en base a que en la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social, se establece expresamente que “Las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso, el plazo de prescripción será de un año, como es la que ha dado origen a la incoación del presente expediente sancionador, comenzando a contarse dicho plazo desde el día en que la infracción se hubiera cometido, según dispone al apartado segundo del referido artículo 132 y quedando el mismo interrumpido con la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador (artº. 132.3) y en el presente caso, resulta obvio que dicho plazo prescriptivo no ha transcurrido entre la fecha de comisión de la infracción, 9 de mayo de 1996 y la fecha de notificación de incoación del expediente sancionador.

Teniendo en cuenta que el hecho constitutivo de la infracción sancionada consta plenamente acreditado en el expediente sancionador tramitado al deducirse del Boletín de denuncia nº 1526 formulado por Agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que de conformidad con el artículo 32.2 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección para un eficaz cumplimiento de sus funciones que el vehículo, matrícula GC-3073-S, realizaba en la fecha de la denuncia, 9 de mayo de 1996, un transporte discrecional de viajeros sin formalizar el libro de ruta. Hecho infractor que, en momento alguno, ha sido desvirtuado a través de las alegaciones realizadas por la entidad recurrente toda vez que existe responsabilidad administrativa al ser de obligado cumplimiento la exigencia reglamentaria de que los vehículos destinados al transporte público de viajeros tanto si se encuentran realizando un servicio regular como discrecional, ya sea del mismo interior o internacional circulen provistos del correspondiente libro de ruta debidamente diligenciado y cumplimentado con arreglo a lo previsto en la mencionada Orden de 25 de octubre de 1990 sobre documentos de control en relación con el transporte de viajeros y las actividades auxiliares y complementarias del mismo. Por cuanto antecede y dado que el hecho infractor, plenamente acreditado, es subsumible en el artículo 142 “l” de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en relación con el artículo 199.m) del Reglamento de la citada Ley que consideran infracción leve la carencia o falta de datos esenciales de la Hoja de Ruta y habiendo sido fijada la sanción de multa impuesta de conformidad a los criterios que para la graduación de la misma se establece en el artículo 143 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículo 201 del Reglamento de la citada Ley, en consecuencia, procede, de conformidad al informe propuesta emitido con fecha 15 de junio de 1998 por la Dirección General de Transportes, confirmar la Resolución recurrida por ser conforme a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma manteniendo la sanción impuesta.

Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación.

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso ordinario promovido por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de entidad mercantil Fuerteventura Bus, S.L. y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 30 de abril de 1997, recaída en el expediente sancionador nº GC-1182-0-96, que determinó la imposición de una sanción de cuarenta y seis mil (46.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

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