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BOC Nº 117. Martes 31 de Agosto de 1999 - 3053

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

3053 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 28 de julio de 1999, que notifica Resolución de 2 de marzo de 1999, de este Centro Directivo, relativa al recurso ordinario nº 981/97, interpuesto por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de la entidad mercantil Franyasmar Bus, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución de la Secretaría General Técnica en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Franyasmar Bus, S.L. la Resolución de 2 de marzo de 1999 (libro nº 1, folio 93, nº 117), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 981/97 (expediente nº GC-1313-0-96), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 23 de junio de 1997.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de julio de 1999.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de la entidad mercantil Franyasmar Bus, S.L.

Visto el recurso ordinario formulado por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de la entidad mercantil Franyasmar Bus, S.L. contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 23 de junio de 1997, recaída en el expediente sancionador nº GC-1313-0-96 y teniendo a la vista los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo, matrícula GC-8532-Y, un transporte escolar sin autorización específica, dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso ordinario solicitando la revocación de la Resolución recurrida dejando sin efecto la sanción impuesta; a tal fin se exponen en síntesis los siguientes argumentos:

1. La prestación de dicho servicio de transporte escolar era realizado por la entidad recurrente con el vehículo, matrícula GC-8532-Y, en virtud del contrato administrativo concertado con el propio Gobierno Canario por lo que obviamente la autorización existe expresa y por escrito, en tanto en cuanto resulta ser la misma Administración competente para conceder la autorización específica la que ha procedido a la contratación del servicio por cuya realización se pretende sancionar.

2. Prescripción de la infracción administrativa.

3. La notificación formulada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias adolece de los defectos formales que permitan a la entidad expedientada ejercitar su derecho constitucional de defensa efectiva, habida cuenta que la empresa sancionada no ha recibido notificación previa de la supuesta infracción cometida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV, del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 23 de junio de 1997, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 2.296/1983, de 25 de agosto, por el que se regulan las normas sobre seguridad en el transporte escolar y de menores en relación con los artículos 89 y 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículos 105 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.

En primer lugar, no procede atender a la alegación formulada por la entidad recurrente sobre la prescripción de la infracción denunciada, en base a que en la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, se establece expresamente que “Las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso, el plazo de prescripción será de un año”, debiendo entenderse hecha tal remisión a la Ley 30/1992, al artículo 132 de la misma, que en su apartado primero establece que las infracciones muy graves, como es la que ha dado origen a la incoación del presente expediente sancionador, prescribirán a los tres años, comenzando a contarse dicho plazo desde el día en que la infracción se hubiera cometido, según dispone el apartado segundo del referido artículo 132 y quedando el mismo interrumpido con la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador (artº. 132.3) y en el presente caso, resulta obvio que dicho plazo prescriptivo no ha transcurrido entre la fecha de comisión de la infracción y la fecha de notificación de incoación del expediente sancionador.

En cuando a las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente sobre la existencia de defectos formales en la incoación y notificación en plazo del presente expediente sancionador, cabe indicar que una vez intentada la práctica de la notificación del Acuerdo de incoación del expediente y de la Resolución sancionadora, mediante carta certificada, a través del servicio de Correos, fue devuelto el correspondiente acuse de recibo, según obra en dicho expediente, procediéndose, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual “Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dictó”, a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 49, de 16 de abril de 1997, de la Resolución de 27 de febrero de 1997, de la Dirección General de Transportes, sobre notificación de denuncias - Pliegos de Cargos- a titulares de vehículos, por ignorarse su domicilio y en el Boletín Oficial de Canarias nº 126, de 29 de septiembre de 1997, de la Resolución de 18 de agosto de 1997, de la Dirección General de Transportes, sobre notificación de Resoluciones sancionadoras a titulares de vehículos, por ignorarse su domicilio, sin que tales actos adolezcan de defectos formales determinantes de su anulabilidad, en el sentido previsto en el artículo 63.2 de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no dándose la indefensión aducida por la entidad recurrente que pudo efectuar cuantas alegaciones estimase pertinentes, así como hacer uso de los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico para hacer valer sus intereses.

Teniendo en cuenta que el hecho constitutivo de la infracción sancionada consta plenamente acreditado en el expediente sancionador tramitado, al deducirse del Boletín de denuncia nº 468 formulado por Agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que de conformidad con el artículo 32 de Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres presta la cooperación necesaria a los miembros de la Inspección para un eficaz cumplimiento de sus funciones, que el vehículo, matrícula GC-8532-Y, del que es titular la entidad recurrente realizaba en la fecha de la denuncia, 23 de mayo de 1996, un transporte escolar sin autorización específica. Hecho infractor que, en momento alguno, ha sido desvirtuado por la entidad recurrente mediante prueba en contrario que destruya la presunción “iuris tantum” de veracidad que ampara a dicha denuncia. Por cuanto antecede, dado que el hecho infractor es subsumible en el artículo 140.a) de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en relación con el artículo 197.a) del Reglamento de la citada Ley y habiendo sido fijada la sanción impuesta de conformidad a los criterios que para la graduación de la misma se establece en el artículo 143 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículo 201 del Reglamento, dada la infracción cometida y las circunstancias concurrentes. En consecuencia, procede, de conformidad al informe propuesta emitido con fecha 17 de noviembre de 1998 por la Dirección General de Transportes, confirmar la Resolución recurrida por ser conforme a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción impuesta.

Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso ordinario promovido por D. Francisco Ramón Domínguez Castellano, en representación de la entidad mercantil Franyasmar Bus, S.L., y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 23 de junio de 1997, recaída en el expediente sancionador nº GC-1313-0-96, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d., Orden de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.

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