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BOC Nº 115. Sábado 28 de Agosto de 1999 - 2977

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

2977 - Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 23 de junio de 1999, sobre notificación de Órdenes a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden recaída en el expediente iniciado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga. R E S U E L V O:

1. Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación; haciéndole saber que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, según lo estipulado en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 17.11.99 y B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Una vez firme la presente Orden, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.

El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.

2. Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de junio de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana. RESOLUCIONES QUE SE CITAN:

1º) Libro nº 1 de Órdenes del Consejero de Turismo y Transportes, folio 111, nº 117.

Orden de fecha 21 de mayo de 1999, del Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 98/200, instruido a Heatherplace, Ltd., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalows Las Villas.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Heatherplace, Ltd., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 30 de septiembre de 1998, como consecuencia de la denuncia formulada por Dña. Francisca Pretel Maldonado, y del acta de Inspección nº 10228 de 19 de agosto de 1998.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 1 de junio de 1998, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 3763 denuncia formulada por Dña. Francisca Pretel Maldonado, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta una serie de irregularidades que constan en el expediente.

2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 19 de agosto de 1998, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Dinamarca, 37, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, el servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de esta Viceconsejería, levantando al efecto el acta nº 10228 en la que esencialmente se hace constar que la entidad mercantil consignada explotaba turísticamente en régimen de Time Sharing o multipropiedad, seis unidades alojativas del complejo residencial Las Villas, situados en la calle Andorra y que llevan los números 54, 55, 56, 57, 58 y 59, sin acreditar a la Inspección estar en posesión de la preceptiva autorización de apertura expedida por la Administración turística canaria para ejercer la actividad en la modalidad extrahotelera.

3º) El 30 de septiembre de 1998, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/200, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.

4º) La empresa expedientada, en escrito de fecha 23 de octubre de 1998, registro de entrada nº 10050, por medio de su mandatario verbal D. Noel Frederick Matthew Deeves, en síntesis ha alegado lo siguiente: se remite a un escrito de 31 de agosto de 1998, en el que constan una serie de solicitudes a esta Consejería, sin que pueda alegar nada a la Resolución de iniciación hasta recibir contestación. En el referido escrito alega lo siguiente: que la sociedad ha vendido semanas en las mencionadas unidades por el sistema de Time Ownership, figura jurídicamente distinta al Time Sharing, actividad aquella la cual no está clara si entra dentro de la actividad turística alojativa como se define en el artº. 31 de la Ley 7/1995. No obstante si dicha actividad debe cumplir con las predisposiciones de la mencionada Ley, están dispuestos a hacer la solicitud correspondiente para obtener la autorización de apertura.

5º) Examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada y los documentos aportados no queda desvirtuado el hecho imputado pues, todas las reglamentaciones estatales o autonómicas que han regulado los establecimientos turísticos han condicionado el inicio de la explotación turística de éstos a la previa obtención de la preceptiva autorización administrativa de apertura, por lo que el titular consignado incurre en responsabilidad por explotar turísticamente las unidades 54, 55, 56, 57, 58 y 59, según consta en el acta de inspección nº 10288, careciendo de la preceptiva autorización que debió solicitar y obtener con anterioridad al inicio de dicha explotación, responsabilidad que se exige en virtud de lo establecido en el artº. 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, al constatarse y comprobarse la comisión de la infracción administrativa tipificada en el artº. 75.1 de dicho cuerpo legal. No obstante lo anterior y habida cuenta que la titular consignada no ha sido sancionada por infringir la normativa turística en vigor, se estima debe atenuarse la sanción inicial dada.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 17 de noviembre de 1998, formulo propuesta de sanción de multa en cuantía de 5.100.000 pesetas.

6º) La empresa expedientada, en escrito de fecha 28 de diciembre de 1998 registro de entrada nº 9088, ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que solicita que se ponga de manifiesto el expediente en la Oficina de Turismo del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, así como en dicho lugar se efectúe la comparecencia ante el Instructor.

7º) El 22 de enero de 1999, registro de salida nº 393, el Instructor del procedimiento, comunica al mandatario de la Sociedad Hertherplace Limited, que al no existir convenio con el Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote para depositar los expedientes sancionadores en la Oficina de Turismo la puesta de manifiesto del expediente, así como la comparecencia ante el Instructor a la que se refieren los artículos 14 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, los podrá realizar en las Oficinas de esta Consejería.

8º) El 4 de febrero de 1999, el Instructor amplía el plazo a 7 días, ampliación que fue solicitada por la expedientada. 9º) Con fecha 18 de febrero de 1999, comparece ante el Instructor, D. Anthony James Oakley, por parte de la expedientada, cuyo contenido, así como del escrito presentado el 25 de febrero de 1999, registro de entrada nº 1698, se da por reproducido en aras de la economía procesal.

10º) El siguiente hecho:

- Explotar turísticamente las unidades alojativas números 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del establecimiento de referencia, sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de dicha actividad turística.

Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 10228 de 19 de agosto de 1998.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, señalándose que en relación con las alegaciones formuladas por 1a Sociedad Heatherplace Limited relativo al acta de inspección levantada por la Consejería de Turismo y Transportes a raíz de la visita que giró el pasado 19 de agosto de 1998 a las unidades alojativas propiedad de la referida sociedad sitas en Puerto del Carmen (Tías- Lanzarote) conocidas con el nombre Las Villas, deben formularse las siguientes consideraciones:

No es de recibo desde un punto de vista jurídico la argumentación empleada por la referida sociedad en cuanto pretende entender que la actividad que se lleva a cabo no es la propia de la modalidad turística de tiempo compartido, y ello se deriva del contenido no solo tradicional sino recogido en el propio derecho positivo (Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias), donde se configura dicha actividad como un supuesto de disfrute sucesivo y temporal de unidades alojativas, sin entrar a abordar la instrumentación jurídica a través del cual se consigue dicho resultado.

Al hilo de lo expuesto, no debe olvidarse que la naturaleza turística de las instituciones no se ve afectada por la voluntad o intención de las partes, debiendo estarse a lo que efectivamente es y representa la representación jurídica conformada. En este sentido carece de significación el invocar que el régimen empleado es el de Timeownership o basado en la titularidad por la sociedad de las unidades alojativas o la vinculación del disfrute ya referido en función de la propiedad de las acciones de dicha sociedad.

A este respecto, y sin perjuicio de reiterar lo antes expuesto debe señalarse que esta instrumentación jurídica no está acogida por nuestro Ordenamiento, siendo ésta típica del derecho francés, pero aún a mayor abundamiento y a los efectos hipotéticos de pretender su reconducción a las instituciones jurídicas españolas, y sin perjuicio de desconocer otros datos que permitan afirmar conducirnos a una exacta opinión, debe señalarse que el sistema de acciones-disfrute tal como se plantea parece de difícil compatibilidad con el sistema previsto por la legislación de sociedades anónimas en nuestro país, por cuanto se desconoce si los propios titulares de las acciones además del disfrute de tiempo compartido conserva en la sociedad todo y cada uno de los derechos y deberes que nuestra legislación otorga y exige a los accionistas de una sociedad anónima.

Con todo lo expresado carece de color alguno el intento de la sociedad interesada de pretender ampararse en una supuesta oscuridad de la situación anterior a la entrada en vigor de la Ley 7/1995, por cuanto el acta de inspección va referida a un momento posterior a dicha entrada en vigor, y conforme como ya se ha indicado la inclusión de la actividad desplegada como modalidad turística alojativa de tiempo compartido parece de todo punto indiscutible, sin que quepa acudir a la referencia que se hace en el apartado f) sobre el ofrecimiento en libre concurrencia, por cuanto dicha afirmación supone el desconocer la propia mecánica del tiempo compartido, que precisamente se basa en la fidelidad del demandante por la adquisición de los referidos derechos de disfrute, de tal manera que una vez adquirido éste desaparece lógicamente la libre concurrencia para el ámbito temporal y unidad alojativa al que se refiere aquel.

Asimismo, y con respecto a las alegaciones formuladas los días 10 y 25 de febrero de 1999 registro de entrada nº 1204 y 1698, en los distintos puntos del mismo, sobre la norma que le es de aplicación, se considera que la norma básica es la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias y sus distintos Decretos que en su momento la desarrollan, estando vigente el Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de apartamentos turísticos y siéndole de aplicación para el tipo de establecimiento, en cuestiones de requisitos mínimos y exigencias que ha de cumplimentar para su apertura y funcionamiento.

El hecho probado constituye la infracción prevista en el artículo 8º y 12.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente).

Dicho hecho viene tipificado en el artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) calificado como muy grave.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artº. 80.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 5.100.000 pesetas, por el hecho infractor, a Heatherplace Ltd., con C.I.F. A-0062436-A, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalows Las Villas.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 1999.- El Consejero de Turismo y Transportes, Lorenzo Olarte Cullen.

2º) Libro nº 1 de Órdenes del Consejero de Turismo y Transportes, folio 111, nº 118.

Orden de fecha 21 de mayo de 1999, del Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 98/201, instruido a Island Accomodation, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalows Las Villas.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Island Accomodation, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 30 de septiembre de 1998, como consecuencia de las denuncias de fecha 10 de junio de 1997, formuladas por D. Peter Ewing, D. Denis y Dña. Julia Vristie, y de las actas de inspección números 8653 y 8654 de 17 de junio de 1997, así como del informe que contiene actuaciones realizadas los días 16, 17 y 19 de dicho mes y año.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 10 de junio de 1997, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 3830 denuncias formuladas por D. Peter Ewing, D. Denis y Dña. Julia Vristie, contra el establecimiento consignado por entender que se realizaba explotación clandestina en los Apartamentos Las Villas, sito en la calle Mónaco, de Puerto del Carmen, término municipal de Tías.

2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 17 de junio de 1997, se personó en la calle Guanapay, CC. Guanapay, local 18, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, donde existe Island Accomodation, S.L., el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, levantando al efecto el acta nº 8653 en la que esencialmente se hace constar que después de visitar Viajes Corona, sito en la calle Nicaragua, 3, en el mismo municipio, donde se levantó el acta nº 8654, agencia que representa al Tour Operador inglés Direct Holidays, se le facilitó a la Inspección contrato firmado por dicho Tour Operador con la Sra. Christine Barrie, por el que Island Accomodation cede a Direct Holidays un cupo de 10 unidades alojativas en Las Villas para la temporada de 1 de noviembre de 1996 a 30 de octubre de 1997. De todo ello se desprende que Island Accomodation explotaba al menos 10 unidades alojativas en el establecimiento denominado Las Villas, sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y desempeño de dicha actividad turística reglamentada.

Asimismo, se realizaron otras actuaciones que figuran en el Informe emitido por el Jefe de la Sección de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística y que consta en el expediente en cuestión.

3º) El 30 de septiembre de 1998, se ordeno la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/201, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.

4º) Con fecha 22 de diciembre de 1998, y habida cuenta que la titular consignada no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 9.500.000 pesetas.

5º) La empresa expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.

6º) El siguiente hecho:

Explotar turísticamente 10 unidades alojativas, en el establecimiento de referencia, sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de dicha actividad turística.

Se considera probado en virtud de las denuncias presentadas así como del informe de la Sección de Inspección y de las actas números 8653 y 8654 de 17 de junio de 1997.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, pues todas las reglamentaciones, estatales o autonómicas, que han regulado los establecimientos extrahoteleros y turísticos en general han condicionado el inicio de la explotación turística de aquéllos a la previa obtención de la preceptiva autorización administrativa de apertura. Por lo que a nuestro ámbito territorial se refiere, el Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos, viene a disponer en su artículo 8º que para ejercer la actividad, las empresas explotadoras de los establecimientos turísticos reguladas en dicha Ordenación requerirán la preceptiva alta administrativa, de tal modo que el titular del establecimiento consignado Bungalows Las Villas, incurre en responsabilidad por mantener en funcionamiento los apartamentos careciendo de la preceptiva autorización, que debió solicitar y obtener con anterioridad al inicio de la explotación turística del establecimiento señalado, responsabilidad que se le exige en virtud de lo establecido en el artº. 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, al constatarse y comprobarse la comisión de la infracción administrativa tipificada en el artº. 75.1 de la citada Ley.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artº. 80.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 9.500.000 pesetas a Island Accomodation, S.L., con C.I.F. B-35296714, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalows Las Villas.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 1999.- El Consejero de Turismo y Transportes, Lorenzo Olarte Cullen.

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