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BOC Nº 111. Viernes 20 de Agosto de 1999 - 2880

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

2880 - Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 15 de julio de 1999, del Director, relativo a notificación de la Resolución de 21 de mayo de 1999, por la que se pone fin al procedimiento de reintegro de la subvención concedida a la empresa Ramón Suárez Pérez.- Expte. nº 61/90.

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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución de procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a la empresa Ramón Suárez Pérez de la Resolución de procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 1.663, de fecha 21 de junio de 1999, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Examinado el procedimiento de reintegro iniciado de oficio a la empresa Ramón Suárez Pérez mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 3965, de fecha 17 de junio de 1998, y teniendo en cuenta que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales, de fecha 9 de agosto de 1990, registrada al nº 3454, se le concedió una subvención a la empresa Ramón Suárez Pérez por importe de dos millones doscientas mil (2.200.000) pesetas, de conformidad con lo establecido en el Decreto 75/1990, de 4 de mayo, por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento del empleo y demás normas reguladoras de las subvenciones públicas.

Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era la contratación por tiempo indefinido de cuatro trabajadores desempleados. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos:

- El beneficiario de la subvención venía obligado a tener cubierto el puesto de trabajo correspondiente a la subvención durante los tres años siguientes a la fecha de la contratación, como mínimo, y a mantener el nivel de empleo en centros de trabajo de la empresa radicados en Canarias, durante el mismo tiempo, de manera que la plantilla de trabajadores fijos se incrementara al menos con los trabajadores contratados de conformidad con el citado Decreto.

- Si el contrato que daba origen a la subvención se extinguía antes de los tres años, contados desde la fecha en que comenzaba a surtir efectos, el beneficiario de la subvención estaba obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador, contratado con sujeción a las mismas condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la misma.

- El perceptor de la subvención venía obligado a justificar que el importe de la subvención había sido invertido con la finalidad para la cual se concedió, mediante la aportación ante la Dirección General de Trabajo, al término de cada año de duración del contrato, de fotocopias compulsadas con sus originales, de los TC-1 y TC-2 y recibos oficiales de salarios correspondientes a los trabajadores, en virtud de cuya contratación fue concedida la subvención.

- Esta obligación se mantenía durante los tres años siguientes a la contratación, como mínimo y, en todo caso, hasta el momento en que se hubiera justificado totalmente la aplicación de la subvención.

Tercero.- Mediante Resolución de fecha 17 de junio de 1998, notificado al interesado el día 4 de enero de 1999 (por haber sido devuelto por Correos el intento de notificación en el domicilio del interesado y ser publicado en el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en orden a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), se inició de oficio procedimiento para el reintegro de la subvención concedida, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante del reintegro que en la citada Resolución se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle. Las razones que motivaron la iniciación del proceso citado se concretan en las siguientes:

Haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos, en la forma y plazo que se establece en la resolución de concesión y normas reguladoras, por cuanto el requerimiento de este Instituto de 7 de diciembre de 1994, con número de registro 7.224 de 20 de diciembre de 1994, le fue notificado el día 29 de diciembre de 1994, sin que haya sido presentada la documentación requerida hasta la fecha.

Cuarto.- El plazo correspondiente al trámite de audiencia concluyó el pasado 16 de enero de 1999. Se ha constatado que, hasta el día de la fecha, la empresa beneficiaria de la subvención no ha hecho uso de su derecho a alegar y a presentar los documentos y justificaciones que tuviera por convenientes. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El procedimiento de reintegro iniciado a Ramón Suárez Pérez, mediante Resolución del Ilmo. Sr. Director de ICFEM nº 3965, de fecha 17 de junio de 1998, tuvo como fundamento el incumplimiento del beneficiario de la subvención del deber de justificar el destino dado a los fondos recibidos, toda vez que el interesado, en virtud del artículo 9 del Decreto 75/1990 que regula la presente subvención, estaba obligado a justificar, que el importe de la subvención había sido invertido en la finalidad para la cual fue concedida, aportando ante la Dirección General de Trabajo, al término de cada año de duración de los contratos, de fotocopias compulsadas con sus originales, de los TC-1 y TC-2 y recibos oficiales de salarios correspondientes a los trabajadores en virtud de cuya contratación indefinida fue concedida la subvención:

a) Dña. María Teresa Abreu Rodríguez, con relación contractual convertida en indefinida el 29 de mayo de 1990.

b) D. Andrés Martín Expósito, con relación contractual convertida en indefinida el 29 de mayo de 1990.

c) D. Rubens A. López Pérez, con relación contractual convertida en indefinida el 29 de mayo de 1990.

d) D. Santiago Núñez Gil, con relación contractual convertida en indefinida el 1 de junio de 1990.

El interesado, D. Ramón Suárez Pérez, no aportó los TC-1 y TC-2, ni los recibos oficiales de salarios de los trabajadores nominados correspondientes al período de tres años estipulado en la normativa, a partir de la conversión en indefinido, período que abarcaba desde el 29 de mayo de 1990 hasta el 28 de mayo de 1993, en tres de las conversiones en indefinido subvencionadas, excepto en el caso del trabajador D. Santiago Núñez, cuya conversión se produjo el 1 de junio de 1990, por lo que el período de justificación de tres años se extendió para este trabajador hasta el 30 de mayo de 1993.

Segundo.- Además de la normativa reguladora de la convocatoria, en los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), así como en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), que resulta de aplicación al presente expediente en virtud de su Disposición Transitoria Primera, así como de la Disposición Transitoria Primera del vigente Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. Se han observado, igualmente, las normas generales de procedimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92).

Tercero.- Se estima procedente el reintegro de la subvención concedida, por cuanto que de la documentación obrante en el expediente de referencia, queda acreditado, como se afirma en el acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro que ahora se resuelve y respecto del que el beneficiario de la subvención no ha formulado alegación alguna en defensa de los derechos que pudieran corresponderle, el incumplimiento de la obligación de justificar de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 75/1990, de 4 de mayo, por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento del empleo.

Cuarto.- Corresponde al Director del Instituto Canario de Formación y Empleo la competencia para el inicio y resolución del presente expediente de reintegro, de acuerdo con el artículo 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, en concordancia con los artículos 1 y 3 de la Ley 7/1992, de 25 de noviembre, de creación del Instituto Canario de Formación y Empleo (B.O.C. nº 166, de 2.12.92).

Como consecuencia de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar procedente el reintegro de la subvención concedida a la empresa Ramón Suárez Pérez mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales, al haber incurrido en la causa determinante del reintegro de la referida subvención, por no haber justificado, en los términos que han resultado probados en los antecedentes de esta resolución.

Segundo.- La cantidad a reintegrar asciende a dos millones doscientas mil (2.200.000) pesetas, por el principal, más dos millones doscientas treinta y siete mil ciento veintinueve (2.237.129) pesetas, en concepto de intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención (21 de noviembre de 1990), hasta la fecha de la propuesta de la presente resolución (10 de mayo de 1999), calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente resolución hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar. Tercero.- La obligación de reintegro establecida en esta resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento, y que se exigirá, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.

Cuarto.- El reintegro habrá de efectuarse en la cuenta corriente que se indica:

Entidad: Caja General de Ahorros de Canarias. Cuenta corriente nº 2065/0118/81/1114001822.

Notifíquese al interesado la presente Resolución, con la indicación de que, contra ésta, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación del presente acto.”

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 1999.- El Director, Francisco Zumaquero García.

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