Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 110. Miércoles 18 de Agosto de 1999 - 2845

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

2845 - Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 10 de junio de 1999, sobre notificación de Resoluciones a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

Descargar en formato pdf

Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1. Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

Las Resoluciones que se le notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan, deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.

2. Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

RESOLUCIONES QUE SE CITAN:

1) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 187, nº 484. Resolución de 6 de mayo de 1999, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/163, instruido a Nialdik, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalows A La Suerte del Golf.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Nialdik, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 23 de julio de 1998, como consecuencia de la reclamación de fecha 30 de octubre de 1997, formulada por la Agencia de Viajes Sun Valentín, S.A., y del acta de inspección nº 9106, de 31 de octubre de 1997.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 30 de octubre de 1997, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 7481, reclamación formulada por la Agencia de Viajes Sun Valentín, S.A., contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que formula denuncia contra D. Andrés Díaz Velázquez (representante legal de Nialdik, S.L.) que lleva la explotación del establecimiento “A La Suerte del Golf” de 2 llaves. Esta empresa lleva la gestión desde 1994 por contrato de arrendamiento de industria con la propiedad Sres. Cabrera Artiles y otros, pero la contratación la tiene cedida a Canary Bungalows, representado por Gilberto Viegas. Éste hizo contrato el 17 de junio de 1996 con el TT.OO. Fischer Reisen, desde el 2 de noviembre de 1996 al 31 de octubre de 1997 garantizando el 100% del precio. Pero las entradas del 29 de octubre de 1997 de varios señores no se permitió la entrada ocasionándose graves perjuicios. La empresa está actuando dolosamente por efectuar doble contratación y no desalojar el complejo en su fecha.

2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 31 de octubre de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida Touroperador Tjaereborg en Maspalomas, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 9106 en la que esencialmente se hace constar que no se encuentra en el complejo el Director D. Andrés Díaz, no puede facilitar documentación. Previa llamada telefónica del Inspector con el Director, queda citado en la Dirección General el 3 de noviembre de 1997, con la documentación, Libro de Inspección, etc. En virtud de los hechos denunciados el Director se compromete a no desalojar a los turistas antes de la fecha de los bonos admitidos. Carece de Libro de Inspección y de Hojas de Reclamaciones. Asimismo carece de placa con la categoría del establecimiento.

3º) El 23 de julio de 1998, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/163, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento. 4º) Con fecha 15 de diciembre de 1998, y habida cuenta que la titular consignada no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 50.000 pesetas.

5º) La empresa expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.

El siguiente hecho:

No exhibir, en el exterior del mencionado establecimiento, la placa-distintivo, en la que figure la categoría otorgada por la Administración turística competente.

Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 9106, de 31 de octubre de 1997.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base a que el hecho imputado infringe lo preceptuado en el artículo 19.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente).

Dicho hecho viene tipificado en el artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), calificado como leve. En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 50.000 pesetas, a Nialdik, S.L., con C.I.F. B-35367465, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalows A La Suerte del Golf.- Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

2) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 182, nº 364.

Resolución de 13 de abril de 1999, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/210, instruido a Hostesango, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante El Pajar.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Hostesango, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 21 de octubre de 1998, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 31727, de fecha 3 de octubre de 1997, formulada por Dña. Teresa Ramos Ramírez, y del acta de inspección nº 9215, de 18 de noviembre de 1997.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 28 de octubre de 1997, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 7366, Hoja de Reclamación nº 31727 cumplimentada por Dña. Teresa Ramos Ramírez, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que la comida es incomestible, de 4 platos no se podía comer ninguno, mal condimentado. Nos cobran agua de 1 litro y la ponen de 1/4.

2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 18 de noviembre de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida Mancomunidad, 4, en Arrecife de Lanzarote, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 9215 en la que esencialmente se hace constar que los platos que se sirven son de buena calidad, no siendo cierto lo alegado por la reclamante. Finalmente afirma que la reclamante consumió una botella de agua de 1 litro, cuyo precio es de 175 pesetas. Se visitan las dependencias de la industria turística comprobando el buen estado y conservación de sus equipos y mobiliario. Se señala que los productos alimenticios muestran buen estado de presentación. Que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Hostesango, S.L. Que explota el establecimiento según el Impuesto de Actividades Económicas desde el 1 de febrero de 1997, sin notificarlo a la Administración turística canaria. El anterior titular era D. Juan A. Sánchez Gopar con D.N.I. nº 43.271.878. Carece del Libro de Inspección y de las listas de precios selladas por la Administración. Presenta solicitud de cambio de titularidad del Cabildo de Lanzarote de 27 de febrero de 1997.

3º) El 21 de octubre de 1998, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/210, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.

4º) La empresa expedientada en escrito de fecha 18 de noviembre de 1998, registro de entrada nº 1150, en síntesis ha alegado lo siguiente: en relación al hecho de no haber comunicado el cambio de titularidad, se alega que el 27 de febrero de 1997, se comunicó al Cabildo de Lanzarote. El 28 de febrero de 1998, se requirió al interesado para que aportase determinada documentación, aportación que se realizó en los días siguientes. El 9 de noviembre de 1998, el Cabildo concede el cambio de titularidad, por tanto se ha cumplido. Asimismo, no carecía de Libro, se alega que en la fecha de la Inspección, lo tenía en trámite, no habiendo sido entregado a la sociedad por desidia y retraso de la Administración. Igual ocurrió con las listas de precios, por tanto no es culpa del interesado. Solicita prueba que se oficie al Cabildo para aseverar lo dicho.

5º) Examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada y los documentos aportados no desvirtúa, pues si bien se solicitó el cambio de titularidad el 27 de febrero de 1997, se le requiere para que aporte documentación y hasta 21 meses después el denunciado no aporta la misma, y como no sólo basta solicitarlo, sino que se dicte Resolución favorable. Se infringe, no obstante demostrado que se autorizó el cambio y la documentación está en regla 21 meses después, y careciendo de antecedentes se atenúan las sanciones a las cantidades que se determinarán en esta propuesta.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 24 de febrero de 1999, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de 90.000 pesetas, por el 1er hecho infractor, 90.000 pesetas, por el 2º hecho infractor y 90.000 pesetas, por el 3er hecho infractor.

6º) La empresa expedientada en escrito de fecha 8 de abril de 1999, registro de entrada nº 2941, ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis alega que se tenga por reproducido el contenido de las alegaciones presentadas el 18 de noviembre de 1998 de forma íntegra, ya que no han sido rebatidas de forma total. En todo momento, se comunicó el cambio de titularidad, lo cual ocurrió el 27 de febrero de 1997 y se retrasó por culpa de la Administración. Respecto a la obligación de notificar las listas de precios, son comunicadas por escrito el 27 de febrero de 1997 tal y como es reconocido en la Propuesta de Resolución. El retraso se produjo por culpa de la Administración del Cabildo y del Ayuntamiento. El procedimiento adolece de imprecisiones de carácter administrativo, que conlleva la nulidad de las actuaciones. En el escrito de 18 de noviembre de 1998 se solicitó prueba, se reconoce pero no acuerda la admisión o rechazo de la misma. Se incumple la Ley. Se puede considerar la prescripción de las infracciones cometidas por transcurrir más de 1 año desde la comisión de las mismas. Se infringe el artículo 74 de la Ley 7/1995. No ha habido infracciones. En base al artº. 15 del Decreto 190/1996, se pide nulidad del procedimiento. Caso de no tener en cuenta lo anterior se solicita apercibimiento.

Los siguientes hechos:

1º) Alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Hostesango, S.L., que explota el establecimiento consignado desde el 1 de febrero de 1997, sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente.

2º) Carecer del Libro de Inspección.

3º) No haber notificado a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios.

Se consideran probados en virtud de la Hoja de Reclamación nº 31727, de fecha 3 de octubre de 1997, formulada por Dña. Teresa Ramos Ramírez, y del acta de inspección nº 9215, de 18 de noviembre de 1997.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95). Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, sin que las razones esgrimidas tengan virtualidad alguna, en base a que los hechos imputados infringen lo preceptuado en los artículos:

- Artículos 2º y 5º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).

- Artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

- Artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio).

Dichos hechos vienen tipificados en los artículos:

Artículos 76.1, 76.9 y artº. 76.5, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Calificados como leves. Habiéndose desvirtuado las alegaciones del escrito de 18 de noviembre de 1998 en la Propuesta de Resolución, no se incide más en ello. Por otra la prescripción no existe, en aplicación del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes como se indica en la presente Resolución y en el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 90.000 pesetas, por el 1er hecho infractor, 90.000 pesetas, por el 2º hecho infractor y 90.000 pesetas, por el 3er hecho infractor, a Hostesango, S.L., con C.I.F. B-35460807, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante El Pajar.- Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de abril de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

3) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 189, nº 543.

Resolución de 12 de mayo de 1999, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/289 instruido a Hiltrud Lodes, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Casa Lila.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Hiltrud Lodes, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 15 de diciembre de 1998, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 78156, de fecha 18 de febrero de 1997, formulada por D. Andrés Pajares Alonso, y del acta de inspección nº 8158, de 7 de marzo de 1997.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 18 de febrero de 1997, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 1043, Hoja de Reclamación nº 78156, cumplimentada por D. Andrés Pajares Alonso, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que la dueña de los Apartamentos retuvo su D.N.I. ilegalmente durante 4 días, exigiendo 5.000 pesetas para su devolución. Se va la luz y no hay agua caliente. Pagando 7.700 pesetas por día.

2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 7 de marzo de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en La Puntilla, 22, término municipal de Mogán, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8158 en la que esencialmente se hace constar que se vio obligada a retener el D.N.I. del reclamante pues no pagó al llegar y una vez pagó se le devolvió. La falta de agua y luz se debió a cortes de Unelco. No tiene expuesta la placa distintivo indicando la categoría. No tiene expuesta la lista de precios comunicada a la Administración turística canaria. No se tiene actitud antipática hacia los clientes que no sean alemanes.

3º) El 15 de diciembre de 1998, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/289, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.

4º) El expedientado en escrito de fecha 23 de febrero de 1999, registro de entrada nº 1624, en síntesis ha alegado lo siguiente: que referente al hecho 1º de la Resolución de iniciación, no se notifican anualmente los precios, por no haber sufrido modificación alguna, manteniéndose los notificados. Del 2º hecho “no tramitar la reclamación” fue porque nos comunica verbalmente su intención de no reclamar, no procediendo por nosotros el trámite. El hecho 3º es cierto pues la placa se había retirado unos días antes por estar deteriorada y colocándose de inmediato. En consecuencia como son faltas leves motivadas por desconocimiento y sin reincidencia, solicita el archivo del expediente sancionador.

5º) Examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados: no desvirtúa, pues respecto al hecho 1º, ordena el artº. 23 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, de Ordenación de Apartamentos, apartado 2, anualmente ... deben presentarse. El 2º hecho, al no cumplir con su palabra el reclamante, se infringe, no debieron fiarse de la promesa. Y el 3er hecho es reconocido en las alegaciones y aunque se repuso, está ordenado esté fija y de haber ocurrido lo alegado debió advertirse al Sr. Inspector al momento de levantar el acta. No obstante no teniendo antecedentes de menos de cinco años se atenúan las sanciones a las cantidades que se dirán en esta propuesta.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento, con fecha 22 de marzo de 1999, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de de 90.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 22.500 pesetas por el 2º hecho infractor, y 30.000 pesetas por el 3er hecho infractor.

6º) El expedientado no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.

Los siguientes hechos:

No haber notificado anualmente a la Administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios (E-45).

No tramitar la Hoja de Reclamación nº 78156 en el plazo de un mes a contar a partir del día de la reclamación (E-48).

No exhibir, en el exterior del mencionado establecimiento, la placa-distintivo, en la que figure la categoría otorgada por la Administración turística competente (E-61).

Se consideran probados en virtud de la Hoja de Reclamación nº 78156 de fecha 18 de febrero de 1997, formulada por D. Andrés Pajares Alonso, y del acta de inspección nº 8158, de 7 de marzo de 1997.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, sin que las razones esgrimidas tengan virtualidad alguna, en base a que los hechos probados constituyen las infracciones previstas en los artículos:

Artº. 23 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente). Artº. 11 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las Hojas de Reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22 de julio).

Artº. 19.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente).

Dichos hechos vienen tipificados en:

Artículos 76.5 y 76.6, en relación con el artº. 77.7, y artº. 77.1, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Calificados como: leve.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 90.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 22.500 pesetas por el 2º hecho infractor y 30.000 pesetas por el 3er hecho infractor a Hiltrud Lodes, con C.I.F. X-0470976-M, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Casa Lila.- Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de mayo de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

© Gobierno de Canarias