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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, de fecha 22 de marzo de 1999, en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado, se procede, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la notificación a la entidad Gabinete Jurídico Lex, Sociedad Cooperativa, de la indicada resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:
Visto el recurso ordinario interpuesto por Dña. María del Pilar Suárez de León, en calidad de liquidadora única de la entidad Gabinete Jurídico Lex, S. Coop., contra la Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo (nº 1.265) de fecha 20 de noviembre de 1998 relativa al expediente de reintegro instado a la mencionada entidad. En aplicación de la normativa vigente resulta:
ANTECEDENTES
1º) Al amparo de lo establecido en la Orden de 30 de agosto de 1994, de convocatoria de las subvenciones reguladas en el Decreto 124/1994, de 20 de junio, se le concedió a la entidad Gabinete Jurídico Lex, S. Coop., una subvención a la incorporación de trabajadores desempleados como socios trabajadores de cooperativas y sociedades anónimas laborales, mediante Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, de 11 de noviembre de 1994, y por importe de tres millones seiscientas treinta y cinco mil pesetas (3.635.000) pesetas.
2º) En virtud de lo consignado en el resuelvo quinto de la indicada Resolución, la entidad venía obligada a justificar que el importe de la subvención ha sido invertido con la finalidad para la cual se le concede mediante la presentación anual y durante tres años, a partir del inicio de la actividad y/o incorporación del socio trabajador a la entidad, de recibos acreditativos del pago del salario y los boletines de cotización a la Seguridad Social.
3º) Según documentación obrante en el expediente y tras sucesivos requerimientos, la entidad justifica plenamente la subvención en lo que respecta al primer plazo según informe de la Intervención Delegada del ICFEM, de 11 de junio de 1996, quedando pendiente de justificar el segundo y tercer plazo que abarca la subvención.
4º) Con fecha 14 de enero de 1997 se procede a inscribir las escrituras relativas a la disolución de la entidad mediante Resolución nº 5 del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo.
5º) Por escrito de 6 de febrero de 1998, el ICFEM procedió a requerir a la citada entidad la justificación de los restantes plazos de justificación de la subvención, resultando devuelto el mismo por interesado desconocido, lo que obligó a su comunicación por los trámites previstos en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
6º) Por acuerdo del Director del ICFEM de 8 de junio de 1998, se procedió a iniciar expediente de reintegro a la citada entidad, formulándose por ésta alegaciones por escrito de fecha del siguiente 27 de junio.
7º) Por Resolución del Director del ICFEM, nº 1.265, de 8 de octubre de 1998, se acordó el reintegro de la subvención, concedida a la entidad Gabinete Jurídico Lex, S. Coop., por Resolución del Director del ICFEM, de 11 de noviembre de 1994, al haber incurrido en causa determinante de reintegro, notificada con fecha del siguiente 21 de octubre, siendo formulado recurso ordinario contra la misma el 20 de noviembre de 1998.
8º) Con fecha de entrada en el ICFEM del día 20 de noviembre de 1998, Dña. Pilar Suárez de León, formula recurso ordinario contra la Resolución del Director del ICFEM nº 1.265, de 8 de octubre de 1998.
A los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Es competente para conocer del presente recurso el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, de conformidad con lo establecido en el artº. 29.1, letra e) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Canarias, artº. 10.3 de la Ley 6/1996, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley Territorial 7/1992, de 25 de noviembre, de creación del ICFEM y el artº. 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Segundo.- Como cuestión previa conviene considerar la alegación nº 5 de las plasmadas en el escrito de recurso en el sentido de que se formularon alegaciones a la resolución de inicio de reintegro; si bien es cierto que las mismas no fueron tenidas en cuenta, no es menos cierto que estamos ante lo que la doctrina ha denominado como irregularidades formales no invalidantes, cuando no se causa indefensión y del contenido de acto se desprende que la subsanación posterior a una eventual nulidad no va a llevar a otra conclusión, debiendo obviarse por razones de economía procedimental; pese al error padecido, la recurrente ha podido alegar cuanto estimó procedente en el recurso ordinario y con plenitud de garantías; donde ha efectuado las alegaciones que ha considerado oportunas así como proponer y practicar pruebas.
Tercero.- En el escrito de alegaciones presentado en su día la hoy recurrente considera que desde la solicitud de inscripción de disolución de la Sociedad Cooperativa hasta la solicitud de cancelación de asientos (31.1.96 a 25.3.98) no se recibió escrito de requerimiento de justificación, ni tampoco durante el tiempo de publicación del balance de liquidación. Olvida la recurrente que la obligación de justificar la subvención no viene dada por un requerimiento a efectuar por la Administración, sino que trae su razón de la resolución de concesión que la recurrente pretende desconocer (resuelvo quinto), donde claramente se especifica la obligación de justificación y la forma de cumplimentarla. Que no pretenda trasladar a la Administración una obligación que sólo a ella incumbe, de la que no puede alegar desconocimiento y que tiene su origen en una resolución firme y consentida en todos sus extremos.
Por otro lado, la liquidación de la Sociedad Cooperativa conlleva que la misma haya liquidado la totalidad de las deudas que tenga con los socios, asociados o acreedores según se desprende de los artículos 109.2 y 6, 112 y 113.5 a la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas, circunstancia que no concurre en el caso que nos ocupa, puesto que aun a sabiendas de las obligaciones asumidas con la Administración de justificar la subvención durante tres años (hasta diciembre de 1997) procede a iniciar los trámites de disolución y liquidación en el mes de octubre de 1996 sin que en el balance de liquidación conste la cantidad correspondiente a la subvención concedida.
Cuarto.- Los argumentos esgrimidos en el recurso en ningún caso desvirtúan los fundamentos jurídicos plasmados en la resolución de reintegro, por lo que ésta debe ser confirmada en todos sus extremos, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de esta Comunidad Autónoma, y en el artículo 81 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
Vistos los preceptos legales citados y demás concordantes de general aplicación, R E S U E L V E:
Desestimar el recurso ordinario interpuesto por Dña. María del Pilar Suárez de León, liquidadora única de la entidad Gabinete Jurídico Lex, S. Coop., contra la Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, nº 1.265, de fecha 8 de octubre de 1998 por la que se acuerda el reintegro antes mencionado.
Notifíquese la presente al interesado con la indicación de que contra la misma, al poner fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, con sede en Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime procedente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de julio de 1999.- El Director, Francisco Zumaquero García.
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