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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a Iguecar, S.A. la Orden de 29 de enero de 1999, registro de salida nº 147/O, que figura como anexo de esta Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 10 de septiembre de 1997.
2.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 1999.- El Secretario General Técnico, Víctor Manuel Pérez Borrego. A N E X O
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por Iguecar, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 10 de septiembre de 1997, recaída en el expediente nº 35/757/97 y que determinó la imposición de una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas, y
FUNDAMENTOS DE HECHO
Primero: que el día 6 de marzo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron una visita de inspección en la Estación de Servicio Shell, propiedad de Iguecar, S.A., sito en la Carretera General del Norte, km 4, Los Tarahales del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto (nº 5653) comprobaron que tenía expuesto para su venta al público botes tetra brik; Easy to pour and recloseable. Lower Sugar Ribena-Blackcurrant juice drink-light-No Artificial Colour or flavour. Rich in Vitamin-Best before 04 jun 97-LM-1 Litre, careciendo, por tanto, del preceptivo etiquetado al menos en castellano, lengua española oficial del Estado, de acuerdo con lo establecido por la normativa general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios de importación.
Segundo: que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios.
Tercero: que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas.
Cuarto: que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 29 de octubre de 1997, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:
La resolución ha de ser motivada, teniendo la Administración la obligación de dar respuesta sucintamente a todas las cuestiones planteadas por los interesados y a aquellas otras que deriven del expediente, lo cual no ocurre en este supuesto, pues se hace caso omiso de las alegaciones que se presentaron en escrito de fecha 2 de septiembre de 1997.
Entendemos insuficiente el contenido de la mencionada resolución (STS 18 de abril de 1990).
Por otro lado, teniendo en cuenta que se ha realizado una valoración excesiva del importe de la multa, entendemos que el órgano actuante no ha sido consecuente a la hora de fijar la cuantía de la misma con los criterios exigidos por el artículo 131 de la Ley 30/1992.
Y los criterios señalados por el artículo 35 de la Ley 26/1984.
Ningún sentido tiene que el órgano que resuelve cite los preceptos mencionados para dar cobertura legal a la sanción impuesta, si no motiva, ni siquiera sucintamente, la cuantía de la multa.
La actuación administrativa discrecional no resulta admisible después de la promulgación de la Constitución.
Sentencia del Tribunal Constitucional 2/87, de 21 de enero.
Por otro lado, dado que el procedimiento es el simplificado, al ser la supuesta infracción calificada como leve, no entendemos que el mismo no se haya ajustado a lo establecido en los artículos 23 y 24 del Real Decreto 1.398/1993.
Pues bien, ni se nos notifica Propuesta de Resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, ni la Resolución hoy recurrida se dictó por órgano competente en el plazo reglamentariamente establecido.
En este sentido, la STC 6 de febrero de 1989.
Las SSTS 8 de noviembre de 1989 y 5 de febrero de 1993.
Establece literalmente el artículo 19.3:
La propuesta de resolución se cursara inmediatamente al órgano competente para resolver el procedimiento, junto con todos los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el mismo.
Por otro lado, el presente procedimiento que se inició en marzo del presente año, cabe invocar de nuevo el artículo 134.1 de la LRJPAC, ante la evidencia de otra vulneración de las garantías de aquél.
Ha sido conculcado el principio consagrado en el artículo 134.1 de la Ley 30/1992.
Desde el punto de vista procedimental la Resolución que se recurre es inadmisible, y no sólo porque conculca el principio de legalidad sino porque quebranta las más elementales garantías, consagradas en el artículo 134 de la Ley 30/1992.
Precepto que hay que interpretar en relación con el artículo 24.4 del mismo texto legal y el 134.2 de la Ley 30/1992.
Lo anterior pone en evidente contradicción lo realizado en la práctica, pues el órgano instructor (la Dirección General de Consumo) es quien ha resuelto, cuando quien debió hacerlo era el Consejero de Sanidad y Consumo, su superior jerárquico.
Quinto: que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero: que se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver el Consejero de Sanidad y Consumo.
Segundo: que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios.
Tercero: que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Cuarto: que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permite modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la Resolución sancionadora del Director General de Consumo, por cuanto el artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, declara la responsabilidad del vendedor por los productos que tenga expuestos para su venta al público en cuanto al origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan.
En consecuencia, el/la recurrente incurre en responsabilidad dado el incumplimiento comprobado de las disposiciones ya indicadas en el fundamento de derecho segundo. Tal y como se indicó en el fundamento de derecho tercero, la determinación de la cuantía de la sanción impuesta por la Dirección General de Consumo se efectúa amparada en el artículo 36.1 de la citada Ley 26/1984, que permite fijar una cuantía de hasta 500.000 pesetas en las infracciones calificadas como leves dentro de cuyo margen debe actuar la discrecionalidad administrativa, debiendo atenderse en la graduación de la sanción al principio de proporcionalidad regulado en el artículo 131 de la mencionada Ley 30/1992.
No resulta exigible la notificación de la Propuesta de Resolución formulada por la Instrucción, ya que el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993 permite prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos y otras alegaciones que las aducidas, en su caso, por el interesado. En el presente expediente los hechos quedaron fijados en el acta y en el Acuerdo de iniciación y, constan en el expediente las alegaciones del interesado.
Asimismo existe la debida separación entre la fase instructora (el Instructor que se nombra en el Acuerdo de iniciación es D. Antonio Cruz Caballero) y la fase sancionadora (el Director General de Consumo es el órgano competente para sancionar en materia de consumo).
El procedimiento se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 del citado Real Decreto 1.398/1993, en relación con el artículo 43.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Quinto: que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA:
Desestimar en todos sus términos el recurso ordinario interpuesto por Iguecar, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 10 de septiembre de 1997, recaída en el expediente nº 35/757/97, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos (2) meses, desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Sanidad y Consumo exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Sanidad y Consumo, Julio Bonis Álvarez.
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