Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución de la Secretaría General Técnica en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Diego Muñoz Jiménez, S.L., la Resolución de 2 de noviembre de 1998 (libro nº 1, folio, 79, nº 545), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 729/97 (expediente número GC-0142-0-96), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 26 de febrero de 1997.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 1999.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. José Muñoz Jiménez en representación de Diego Muñoz Jiménez, S.L.
Visto el recurso ordinario formulado por D. José Muñoz Jiménez en representación de Diego Muñoz Jiménez, S.L. contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 26 de febrero de 1997, recaída en el expediente sancionador nº GC-0142-0-96, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en carecer el vehículo, matrícula NA-2932-J, de tarjeta de transportes en servicio público de mercancías, dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil pesetas (250.000) pesetas y precintado del vehículo 3 meses.
Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que el motivo de la sanción no puede ser en ningún caso imputable al NA-2932-J tiene solicitada desde el 26 de noviembre de 1991 en la Dirección General de Transportes de la serie MDP-N, en base a la bajas de transportes del citado vehículo como TD/N y la del semirremolque estando a la espera de que se expida la tarjeta definitiva del mismo o en su defecto un volante provisional solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, 23.10.95) por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Habiéndose notificado la Resolución sancionadora recurrida el día 12 de marzo de 1997, según consta en acuse de recibo unido al expediente y presentado el escrito de recurso con fecha 14 de abril de 1997 (registro de entrada nº 1481), resulta el carácter extemporáneo del mismo, al haber transcurrido el plazo de un mes que para la interposición del recurso ordinario se establece en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; no obstante lo anterior, se entra a conocer el fondo del mismo.
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente alteran sustancialmente los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 26 de febrero de 1997, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 90 y 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículos 41 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por las que se considera infracción administrativa muy grave, la realización de transportes públicos o actividades auxiliares o complementarias de los mismos para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres, exija título administrativo habilitante, careciendo de la preceptiva autorización del transporte o de la actividad de que se trate. Teniendo en cuenta que la cabeza tractora NA-2932-J está provista de tarjeta de transportes de la serie TD/N desde el año 1989, debiendo ostentar tarjeta de la serie MDP, y habiendo solicitado la misma con anterioridad a la fecha de la denuncia, sin que ésta haya sido expedida por causa no imputable a la entidad recurrente, en consecuencia, procede revocar la resolución sancionadora impugnada.
Quinto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación.
R E S U E L V O
Estimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. José Muñoz Jiménez en representación de Diego Muñoz Jiménez, S.L. y revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 26 de febrero de 1997, recaída en el expediente sancionador nº GC-0142-0-96, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas y precintado del vehículo 3 meses.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa comunicación al órgano que dictó la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d., Orden de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.
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