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Habiendo sido intentada la notificación de la Propuesta de Resolución dictada en el expediente sancionador nº 12/99 incoado por la Viceconsejería de Administración Pública a D. Rafael Rodríguez González, titular del Bar Don Jamón, por supuesta infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación. Acordada la incoación de expediente sancionador a D. Rafael Rodríguez González, titular del establecimiento Bar Don Jamón, por supuesta infracción a la vigente normativa sobre el juego, el funcionario Instructor del expediente formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES 1º) Con fechas 12 de noviembre de 1998 y 17 de diciembre de 1998, tuvieron entrada en este Centro Directivo, sendos escritos de la representación de la empresa operadora nº 394, S.I.T.E.C.S.A., poniendo en conocimiento que en el establecimiento Bar Don Jamón, sito en Santiago del Teide, calle La Hondura y Cercado Centro Comercial Tenir, local 4, tienen dos máquinas recreativas con permisos de explotación números TF-B-16.898 y TF-A-7.560, tramitadas con sus correspondientes Boletines de Instalación que se encuentran actualmente en vigor, con fechas de vencimientos 29 de octubre de 1999 y 30 de julio de 1999, respectivamente, y encontrándose en la actualidad desconectadas dichas máquinas.
2º) Con fecha 1 de febrero de 1999, por el Servicio de Inspección del Juego se levanta acta de constatación de hechos, dando cuenta de que el día 27 de enero de 1999, se procedió a verificar el número de máquinas instaladas en el establecimiento Bar Don Jamón, no encontrándose en el momento de la visita, ninguna máquina recreativa de tipo A, ni de tipo B. 3º) A la vista de los hechos, mediante Providencia dictada por la Viceconsejería de Administración Pública de fecha 3 de febrero de 1999, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado.
4º) Intentada la notificación de la Providencia y Pliego de Cargos en el domicilio del inculpado mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se instó la notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 12 de abril de 1999; no presentándose alegaciones en el plazo concedido al efecto.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85) y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio, 89/1990, de 23 de mayo y 235/1997, de 30 de septiembre.
Segunda.- De conformidad con lo establecido en los artículos 24.b) de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, y 7.5.b) del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales es competente para intervenir en la resolución de este expediente.
Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo.
Cuarta.- Habiendo quedado probado en virtud del acta de constatación de hechos levantada por el Servicio de Inspección del Juego en el establecimiento Bar Don Jamón, sito en Santiago del Teide, calle La Hondura y Cercado Centro Comercial Tenir, local 4, cuya titularidad la ostenta D. Rafael Rodríguez Rodríguez, que en el momento de la inspección el día 27 de enero de 1999, no se encontraba ninguna máquina recreativa de tipo A ni de tipo B, resultando que las máquinas con nº de matrícula TF-B-16.898 y TF-A-7.560, propiedad de la empresa operadora nº 394, S.I.T.E.C.S.A., tienen diligenciados sendos Boletines de Instalación con fechas de vencimiento 29 de octubre de 1999 y 30 de julio de 1999, respectivamente, incumpliéndose por el citado titular del establecimiento el plazo de permanencia que para las máquinas recreativas determina el artº. 22 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo. Quinta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en el artº. 22.1 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo, en cuya virtud, el deber de permanencia de las máquinas de juego en los locales donde estuviera autorizada su instalación, se prorrogará automáticamente por plazos sucesivos de doce meses, si con anterioridad al último mes de vigencia del plazo corriente, no se hace por alguna de las partes manifestación expresa en contrario, notificada a la otra parte por medio fehaciente, puesto en relación con lo dispuesto en el artº. 19.4 del citado texto reglamentario, por el que la instalación de las máquinas por la empresa operadora en los locales autorizados, supone su explotación, la cual podrá realizarse, cuando aquélla no sea titular de las actividades del local de instalación, en colaboración con el titular de la actividad desarrollada en el mismo, mediante la prestación de servicios por dichos titulares bajo cualquiera de las formas admitidas en derecho, que no interfiera en la explotación por la empresa operadora. Sexta.- De acuerdo con lo previsto en el artº. 39.23 del citado Reglamento, las infracciones deben calificarse de muy graves, esto es, no respetar el plazo mínimo de permanencia que para la máquina de juego se determina en el artº. 22 de este Reglamento, correspondiéndole una sanción de un millón de pesetas referida a cada máquina recreativa, que hacen un total de dos millones de pesetas, todo ello a tenor de lo preceptuado en el artº. 42 del citado texto reglamentario en relación con el artº. 22 de la referida Ley. En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artº. 43.1.2.d) del Decreto citado. Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 1999.- La Instructora del expediente, Aurora La Serna Ramos. Santa Cruz de Tenerife, a 1 de junio de 1999.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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