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Habiendo sido intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 10/99, incoado por la Viceconsejería de Administración Pública a D. Guillermo Díaz Santiago, titular del establecimiento Bar Acuarius, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Acordada la incoación de expediente sancionador a D. Guillermo Díaz Santiago, titular del establecimiento Bar Acuarius, por supuesta infracción a la vigente normativa sobre el juego, el funcionario Instructor del expediente formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES 1º) Con fecha 21 de enero de 1999, fue levantada acta de infracción por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Bar Acuarius, sito en Radazul, El Rosario, Puerto Deportivo de Radazul, s/n, se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa de tipo B, TF-B-14.149, propiedad de la empresa operadora nº 394, S.I.T.E.C.S.A., careciendo el establecimiento del Libro de Reclamaciones, no se encuentra en lugar visible de fácil visión para el usuario. Una vez preguntado al compareciente sobre la existencia del mismo responde que se encuentra en la Gestoría. 2º) Mediante Providencia dictada por el Viceconsejero de Administración Pública de fecha 1 de febrero de 1999, se ordenó la incoación de expediente sancionador por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado. 3º) Notificada la Providencia y Pliego de Cargos al inculpado, mediante carta con acuse de recibo de fecha 10 de febrero de 1999, no se presentaron, sin embargo, alegaciones en el plazo concedido al efecto.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Primera.- Las competencias funcionales en esta materia vienen determinadas en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85) y en el Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio y 89/1990, de 23 de mayo. Segunda.- De conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre (B.O.C. nº 122, de 16.9.91) y 8.3 del Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Viceconsejero de Administración Pública es competente para intervenir en la resolución de este expediente. Tercera.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 43 del citado Decreto 93/1988, de 31 de mayo. Cuarta.- Habiendo quedado probado que en el establecimiento Bar Acuarius, sito en Radazul, El Rosario, Puerto Deportivo de Radazul, s/n, se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa de tipo B, TF-B-14.149, propiedad de la empresa operadora nº 394, S.I.T.E.C.S.A., careciendo el establecimiento en el momento de la inspección el día 21 de enero de 1999, del Libro de Reclamaciones, no se encuentra en lugar visible de fácil visión para el usuario. Una vez preguntado al compareciente sobre la existencia del mismo responde que se encuentra en la Gestoría. Quinta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a lo dispuesto en los artículos 31.1.d) y 44.2 del referido Decreto 93/1988, de 31 de mayo, en cuya virtud, en todo momento deberán hallarse en el local donde estuvieren en explotación las máquinas recreativas, entre otros, el Libro de Reclamaciones a que se hace referencia en el artº. 44 del referido Reglamento. El titular del establecimiento y, en su defecto, la empresa operadora será responsable de la existencia en el mismo del Libro de Reclamaciones. Sexta.- De acuerdo con lo previsto en el artº. 40.5 del citado Reglamento, la infracción debe calificarse de grave, la falta de exigencia a la empresa operadora por el titular del establecimiento o la inexistencia en éste de la documentación a conservar en el local, correspondiéndole una sanción de cien mil pesetas, a tenor de lo preceptuado en el artº. 42 del mismo texto reglamentario en relación con el artº. 22 de la referida Ley. En su virtud, se le notifica cuanto antecede a fin de que en el plazo de ocho días hábiles pueda alegar cuanto considere en su defensa, de acuerdo con el artº. 43.1.2.d) del Decreto citado.- Santa Cruz de Tenerife, a 1 de marzo de 1999.- La Instructora del expediente, Aurora La Serna Ramos. Santa Cruz de Tenerife, a 20 de abril de 1999.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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