Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, de fecha 19 de enero de 1999, en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado, se procede, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la notificación a la entidad Sociedad Cooperativa Limitada Aparcería Joven de Gran Canaria, de la indicada Resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: Visto el recurso ordinario interpuesto por Dña. Ana María Suárez Viera, en calidad de Presidente de la Sociedad Cooperativa Limitada Aparcería Joven de Gran Canaria, domicilio en Urbanización Llano del Polvo, 4, Santa Lucía de Tirajana, en fecha 13 de agosto de 1998, contra la Resolución del Director del ICFEM nº 232, de 6 de marzo de 1998, la cual resultó publicada en el Boletín Oficial de Canarias de 13 de julio de 1998, en virtud de la cual se acuerda el reintegro de la subvención concedida a la entidad mencionada. En aplicación de la normativa vigente, resulta:
ANTECEDENTES
Primero.- Mediante Resolución de la Dirección General de Trabajo de 31 de diciembre de 1991 se le concedió a la indicada entidad una subvención en concepto de rentas de subsistencia por importe de 13.750.000 pesetas, de conformidad con lo establecido en la Orden de 30 de abril de 1990 de la Consejería de Trabajo y Servicios Sociales por la que se establecen subvenciones a Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades Anónimas Laborales (B.O.C. nº 58, de 9.5.90), en relación con la Orden de 15 de marzo de 1991 (B.O.C. nº 39, de 27.3.91).
Segundo.- La Resolución mencionada establece, entre otras, las siguientes obligaciones del beneficiario:
a) Entregar a cada socio por los que se concede la subvención diez fracciones iguales de 55.000 pesetas, pagaderas en los diez meses siguientes a la fecha de la transferencia por la Tesorería Delegada.
b) Justificar mensualmente durante todo el período que abarca la subvención, ante la Dirección General de Trabajo, los pagos efectuados a los socios beneficiarios mediante fotocopia del recibo oficial de salarios y documentos justificativos de las cotizaciones a la Seguridad Social.
c) Mantener la entidad durante un período de tres años como mínimo.
d) Asimismo, está obligado durante el plazo de tres años a su constitución, y para el caso de baja por cualquier causa de alguno de sus beneficiarios a cubrir su puesto con un nuevo socio trabajador en quien concurran las circunstancias indicadas en las letras a) y b) del artículo 1 de la Orden citada, o reintegrar la totalidad de la subvención recibida.
Tercero.- Con fecha 31 de diciembre de 1992 la mencionada entidad aporta documentación consistente en:
- Copia de los recibos de cobro de las 10 fracciones de 55.000 pesetas por los socios trabajadores beneficiarios. - Copia de los TC-1/8 y TC-2/8.
- Copias del D.N.I. y certificación del INEM de los nuevos socios admitidos en sustitución de los que causaron baja. Cuarto.- La mencionada documentación fue remitida a la Intervención Delegada con el informe del Director del ICFEM de fecha 16 de septiembre de 1993 en el que se hacía constar que restaba por justificar el mantenimiento de los puestos de trabajo durante un período de tres años.
Quinto.- La Interventora Delegada emitió informe favorable sobre la justificación de referencia, en fecha 20 de junio de 1994.
Sexto.- Con fecha 24 de marzo de 1995 se procedió a requerir la justificación hasta completar los tres años, sin que la entidad en el plazo establecido cumplimentara el requerimiento efectuado.
Séptimo.- Mediante decisión administrativa de fecha 12 de junio de 1997, se procedió a iniciar expediente de reintegro, sin que en el plazo establecido hiciese uso el interesado de un derecho para formular alegaciones.
Octavo.- Por Resolución de fecha 6 de marzo de 1998 se acordó el reintegro de la subvención por importe de 13.750.000 pesetas, más los intereses de demora correspondientes, Resolución que, al igual que el requerimiento y el inicio del expediente de reintegro, debió ser publicada en el Boletín Oficial de Canarias ante la imposibilidad de notificación personal a los representantes de la entidad.
Noveno.- Por escrito de fecha 13 de agosto de 1998, la representante de la entidad formula recurso ordinario contra la mencionada Resolución, una vez resultó publicada en el Boletín Oficial de Canarias de 13 de julio de 1998.
A los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Es competente para conocer del presente recurso el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, de conformidad con lo establecido en el artº. 29.1, letra e), de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Canarias, artº. 10.3 de la Ley 6/1996, de 30 de diciembre, de modificación de la Ley Territorial 7/1992, de 25 de noviembre, de creación del ICFEM y el artº. 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Segundo.- En primer término, se esfuerza la recurrente en las consideraciones previas en justificar sobre las razones que le han impedido conocer el estado del expediente y, en consecuencia, manifestar su oposición al expediente de reintegro. Pero lo cierto es que la Administración intentó en numerosas ocasiones dar traslado al beneficiario de la decisión administrativa instada de oficio, resultando infructuosas las gestiones realizadas en tal sentido, lo que motiva la publicación por el procedimiento establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En este sentido, sorprende en demasía tanto en el escrito de recurso ordinario presentado el 13 de agosto de 1998, como en el de solicitud de copia compulsada del informe de la Intervención Delegada encabezados por la Presidente de la entidad, se haga constar como domicilio aquel en el que en reiteradas ocasiones ha intentado la Administración la notificación de los requerimientos, inicio de reintegro, así como la Resolución que se recurre; más sorprendente resulta la pretensión de la recurrente de comunicación telefónica, de la Resolución.
Si era de interés de la recurrente intervenir en el procedimiento iniciado de oficio, tuvo suficiente tiempo desde junio de 1997, fecha en la que dice tener conocimiento del mismo, de comunicar por escrito domicilio conocido y de seguro que la Administración no hubiese puesto obstáculos para la defensa de una posición legítima de sus intereses.
Tercero.- Entiende la recurrente, en la primera de sus alegaciones, que la obligación adquirida se limita a justificar la entrega efectuada en diez fracciones de 55.000 pesetas, según el artículo 6 de la Orden de 30 de abril de 1990, y a mantener la entidad durante tres años como mínimo. Por ello, considera que el ICFEM incurre en un error al exigir que la justificación se prolongue durante tres años.
En cuanto a la primera de las cuestiones planteadas hay que dejar patente que el número 4 del resuelvo de la resolución de concesión condiciona la subvención a la justificación mensualmente durante todo el período que abarca la subvención, ante la Dirección General de Trabajo, los pagos efectuados mediante fotocopia del recibido oficial de salarios y documentos justificativos de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Es decir, la cuestión se centra en dilucidar el período que abarca la subvención y, a este respecto, convine aclarar lo siguiente:
a) Se le exige a la entidad su mantenimiento durante tres años. b) Se le obliga, durante el plazo de tres años siguientes a su constitución, y para el caso de baja por cualquier causa de alguno sus beneficiarios, a cubrir su puesto con un nuevo socio trabajador en quien concurra las circunstancias exigidas para la concesión otorgada en su día (la edad e inscripción en el desempleo).
Resulta evidente que el período que abarca la subvención no puede circunscribirse únicamente a justificar en el plazo de un año la entrega de las diez fracciones de 55.000 pesetas, y los justificantes de las cotizaciones correspondientes a 10 meses, sino que el mismo se extiende a tres años. Y ello es así puesto que si la entidad, durante los tres años siguientes a su constitución, debe cubrir las bajas que se produzcan con un nuevo socio trabajador, dicha obligación implica, sin ningún género de dudas, el mantenimiento de los puestos de trabajo por igual período.
Al no acreditarse dicho extremo procede el reintegro de la subvención concedida en su integridad, por aplicación de lo establecido en el artº. 32, letra b), del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Cuarto.- Respecto al condicionamiento de mantener la entidad durante un período de tres años como mínimo, la recurrente estima que el mismo está cumplimentado hasta la fecha de hoy, al no haberse disuelto ni descalificado, aun cuando se encuentra en situación de baja provisional como consecuencia de no haber liquidado el Impuesto de Sociedades a los ejercicios 1991, 1992 y 1993.
Obviamente, no pueden tener favorable acogida las consideraciones esgrimidas por la recurrente, toda vez que cuando se habla de mantenimiento de la entidad durante el indicado período lo es en clara referencia al mantenimiento de la actividad productiva que no es otra que la producción y comercialización de productos hortofrutícolas, flores y productos ganaderos (artº. 2 de los Estatutos), lo que implica, a su vez, la participación de todos los socios trabajadores con su trabajo personal.
Por otro lado, extemporáneamente argumenta la existencia de razones de fuerza mayor que motivaron la suspensión temporal de la obligación y el derecho a prestar su trabajo, con pérdida de los derechos y obligaciones económicas de dicha prestación, de la totalidad de los socios trabajadores, según certificación del acuerdo adoptado por la Asamblea General de 15 de diciembre de 1992.
Sin embargo, en virtud de lo establecido en el artº. 51.12 del Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artº. 47 del mismo cuerpo legal, la suspensión de los contratos por causa de fuerza mayor deberá ser constatada por la Autoridad Laboral previo expediente tramitado al efecto de acuerdo con los preceptos indicados.
El interesado se limita a aportar una simple certificación sin que exista constancia de los órganos administrativos correspondientes sobre la existencia de la fuerza mayor. En el mismo sentido, conviene poner de manifiesto que estamos ante una suspensión, como la cataloga la recurrente, bastante sui generis ya que debería establecerse un plazo concreto y determinado de duración; en caso contrario, podríamos estar hablando de una extinción, puesto que desde dicha fecha la cooperativa no realiza actividad alguna.
Por último, hay que dejar patente que el beneficiario aceptó en su día la subvención concedida lo que implica automáticamente la aceptación de las condiciones y obligaciones plasmadas en la resolución de concesión.
Quinto.- Tampoco puede tener favorable acogida la pretensión de la recurrente en cuanto a la aplicación del artº. 9.2 del Decreto 3/1998, de 9 de enero, por el que se establece el régimen específico de las subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo y de la economía social y para las acciones de formación profesional ocupacional, de la competencia del ICFEM, puesto que con independencia de que no ha sido constatada la existencia de la fuerza mayor, dicho precepto no es de aplicación al supuesto que nos ocupa. Y ello es así, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del citado cuerpo legal, la cual establece que los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones en materia de fomento y mantenimiento del empleo y de la economía social y formación profesional ocupacional iniciados y las ayudas y subvenciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto seguirán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento de su iniciación o concesión.
Sexto.- Los argumentos esgrimidos en el recurso no desvirtúan en ningún caso lo establecido en los preceptos legales citados, lo que implica la aplicación automática de lo establecido en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo que a los reintegros se refiere.
Vistos los preceptos legales citados y demás concordantes de general aplicación,
R E S U E L V O:
Desestimar el recurso ordinario interpuesto por Dña. Ana María Suárez Viera, en calidad de Presidenta de la S.C.L. Aparcería Joven de Gran Canaria, contra la Resolución del Director del ICFEM de 6 de marzo de 1998, relativa al expediente de reintegro de la subvención concedida a la citada Sociedad.
Notifíquese la presente al interesado con la indicación de que contra la misma, al poner fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime procedente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de 1999.- El Director, Francisco Zumaquero García.
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