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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado. Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. José González Marrero, la Resolución de 21 de septiembre de 1998 (libro nº 1, folio 75, nº 447), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 660/1997 (expediente nº GC-3341-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 27 de noviembre de 1996.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de marzo de 1999.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. José González Marrero.
Visto el recurso ordinario formulado por D. José González Marrero, contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 27 de noviembre de 1996, recaída en el expediente sancionador nº GC-3341-0-95, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo GC-1584-N un transporte escolar careciendo de autorización específica, dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas.
Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que la notificación del expediente se efectuó mediante boletín, habiendo transcurrido más de tres meses desde la denuncia por lo que la infracción está prescrita y que el vehículo tenía solicitada la autorización con fecha 21 de septiembre de 1995, teniendo comunicación de ello el Jefe del Servicio Insular de Transporte de fecha 24 de enero de 1996, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismos y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95) por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y transportes.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido substanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 27 de noviembre de 1996, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 89 y 140.c) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículos 105 y 197.c) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por los que se considera infracción administrativa muy grave, la realización de transportes públicos o actividades auxiliares complementarias de las mismas para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante careciendo de la realización de transportes o de la actividad de que se trate.
Teniendo en cuenta que según consta en la denuncia amparada por una presunción iuris tantum la veracidad al ser formulada por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, quien de acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, venía obligado a realizarla estando deslizado de los hechos y de sus participantes al encontrarse en una situación de independencia material y subjetiva que permite estimar su apreciación desprovista de todo perjuicio y, por ende, utilizar la misma como elemento de juicio suficiente para basar en él una decisión acertada y justa (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1982), el vehículo realizaba un servicio escolar careciendo de la tarjeta de transportes de la que debe encontrarse provisto constituyendo el hecho denunciado infracción administrativa de carácter muy grave, sin que haya sido desvirtuada mediante prueba en contrario ya que de la documentación aportada por el recurrente no se desprende que el vehículo tenía tarjeta de transporte, obrando en el expediente informe del Cabildo Insular de Gran Canaria de fecha 18 de noviembre de 1997, en el que se hace constar que consultados sus archivos, no figura que el recurrente tiene otorgada autorización específica para transporte escolar correspondiente al curso escolar 1995/96. En consecuencia, procede desestimar el recurso interpuesto, confirmando la resolución sancionadora.
Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Desestimar, en todos sus términos el recurso ordinario promovido por D. José González Marrero y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 27 de noviembre de 1996, recaída en el expediente sancionador nº GC-3341-0-95, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
La Secretaria General Técnica (p.d. Orden de 9.10.95; B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.
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