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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación de la citada Orden de resolución de expediente de reintegro en el domicilio que figura en el expediente incoado por la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, sin que haya sido recibida por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes de fecha 22 de octubre de 1998, se acordó la resolución de reintegro del tenor literal siguiente:
Visto que por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes, de fecha 30 de diciembre de 1992, se concedió y abonó a la Comunidad de Propietarios Apartamentos Cumana una subvención por importe de trescientas mil (300.000) pesetas, para la redacción de proyectos de reforma y acondicionamiento de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, sitos en la Comunidad Autónoma de Canarias, a fin de adaptar sus estructuras a la normativa sobre seguridad y protección contra incendios, conforme a la Orden de 12 de noviembre de 1991. Visto que por Orden de 5 de marzo de 1998 se acordó el inicio de expediente de reintegro de la subvención concedida a la Comunidad de Propietarios Apartamentos Cumana por importe de trescientas mil (300.000) pesetas.
Visto que mediante oficio de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, con registro de salida de 11 de marzo de 1998, se realizó el preceptivo trámite de audiencia del interesado, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 36 del Decreto 337/1997 y en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Vistas las alegaciones formuladas por la beneficiaria de la subvención, efectuadas mediante escrito de fecha 27 de marzo de 1998, dentro del plazo previsto en el apartado 2 del artículo 36 del Decreto 337/1997.
Visto que la documentación aportada por la Comunidad de Propietarios Cumana es insuficiente al objeto de comprobar si las obras sobre seguridad y protección contra incendios de los Apartamentos Cumana, reflejadas en el proyecto aprobado y subvencionado, efectivamente se ejecutaron conforme a dicho proyecto.
Vista la normativa de aplicación, constituida a tal efecto por la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificada por la Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley 14/1994, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1995; por el Decreto 18/1991, de 21 de febrero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, entonces vigente y por el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Y de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Decreto 337/1997,
R E S U E L V O:
Primero.- Declarar la obligación de la Comunidad de Propietarios Apartamentos Cumana, N.I.F. E-35088426 y domicilio en Avenida de Las Palmeras, s/n, Urbanización Puerto Rico, Mogán, de reintegrar a la Hacienda Pública de Canarias el importe de la subvención recibida (para la redacción de proyectos de reforma y acondicionamiento del establecimiento Apartamentos Cumana, a fin de adaptar sus estructuras a la normativa sobre seguridad y protección contra incendios) que asciende a la cantidad de trescientas mil (300.000) pesetas, así como los intereses de demora devengados desde el momento de abono de la subvención, hasta la fecha de la efectividad de la devolución o reintegro de la cantidad principal.
Segundo.- De conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 20 del Reglamento General de Recaudación (en la redacción dada por Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo), el pago de la deuda principal deberá efectuarse en el siguiente plazo:
a) Si la notificación de la resolución tuviera lugar entre los días 1 y 15 de cada mes: desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Si la notificación de la resolución tuviera lugar entre los días 16 y último de cada mes: desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Tercero.- Dicha deuda podrá ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento con el consiguiente pago de los intereses de demora devengados, previa solicitud en la Tesorería Insular correspondiente, según determinan los artículos 48 y siguientes del Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, con las variantes introducidas por el artículo sexto del Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, por el que se modifican determinados artículos del Capítulo VII Aplazamiento y fraccionamiento del pago, del Título I del Libro I del Reglamento General de Recaudación.
Cuarto.- Corresponde la cobranza de dichas cantidades a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda, órgano competente en materia de tesoro, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 36 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.
Quinto.- Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir de la notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, previa la comunicación a que hace referencia el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de marzo de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
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