BOC - 1999/054. Lunes 3 de Mayo de 1999 - 1518

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

1518 - Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 11 de febrero de 1999, sobre notificación de Resoluciones a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1. Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio. 2. Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de febrero de 1999.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

RESOLUCIONES QUE SE CITAN:

1) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 17, nº 130.

Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Viceconsejería de Turismo, recaída en el expediente sancionador nº 97/115 instruido a M&R Vertriebsgesellschaft, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes M&R Vertriebsgesellschaft.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a M&R Vertriebsgesellschaft, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 2 de septiembre de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por Asociación Provincial de Agencia de Viajes de Santa Cruz de Tenerife, y del acta de inspección nº 355, de 29 de mayo de 1997.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 17 de febrero de 1997, se recibió en esta Consejería escrito formulado por la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Santa Cruz de Tenerife, en el que denuncian a la asociación canaria de excursiones alemanas, la cual distribuye propaganda por las calles del Puerto de la Cruz, a los turistas de dicha nacionalidad. Solicitan la colaboración de la Consejería de Turismo para que realicen las gestiones que estiman pertinentes, para aclarar el asunto expuesto.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 29 de mayo de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en Autopista del Norte-Los Naranjeros, Edificio Escaño, 13, término municipal de Tacoronte, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 355 en la que esencialmente se hace constar que el folleto publicitario fue elaborado conjuntamente por las entidades Die Bodega, S.L.; Toscana Reisen; Florian’s Insel-Express; Diamant Ausfluge y Adac Viajes, sin intervención alguna de la Agencia de Viajes Valle-Tours, habiéndose distribuido en Puerto de la Cruz y zona sur de Tenerife, en los primeros días de mes de febrero. El folleto fue retirado de la circulación debido al malestar que su contenido causó entre otras agencias de viajes y en especial a D. Ramón García Padilla, director de Viajes Valle-Tours, que según su versión tiene contratado verbalmente la organización técnica de las excursiones que ésta ejecuta. En las mismas fechas se elaboró otro folleto publicitario con la autorización del responsable de Valle Tour. Se hace constar en el indicado folleto que la organización es de la Agencia Valle-Tours, incumpliéndose lo establecido en la Orden de 29 de junio de 1984, de la Consejería de Turismo. La agencia alemana contacta directamente con la empresa Pérez y Cairós, con domicilio en Valle Guerra, 63 (carretera), facturando directamente a éste por los servicios prestados. El precio de las excursiones es de 1.000 pesetas, salvo el de La Gomera que es de 7.900. Los guías forman parte del personal de la empresa. Por la organización técnica se paga a Viajes Valle-Tours, la cantidad mensual de 40.000 pesetas. Por último manifiestan que la Asociación Canaria de Excursiones Alemanas se encuentra en fase de constitución.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/115, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 2 de septiembre de 1997, por “Estar abierta al público la Agencia de Viajes M&R Vertriebsgesellschaft, sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentaria de Agencia de Viajes. Edita un folleto publicitario elaborado con Die Bodega, S.L.; Toscana Reisen; Florian’s Insel-Express; Diamant Ausfluge y Adac Viajes. Un segundo folleto con la programación 1996-1997. Asimismo contacta con la empresa Pérez y Cairós el transporte terrestre”.

5º) Que la expedientada ha realizado contestación a los cargos que se le imputan, en la que en síntesis alega: el no ser agencia de viaje, ni estar abierta como tal, pues el objeto de esta empresa es el de promoción y venta de productos del lugar, mantas de lana virgen y menaje de cocina, y para cumplir la finalidad comercial utilizan la organización técnica de la agencia de viajes Valle Tours. Tampoco consideran infracción el contratar directamente con la empresa Pérez Cairós, S.A. A raíz del acta de inspección y evitar malas interpretaciones se dejó de usar este sistema. Se actuó así en evitación de más molestias de las deseables a Viajes Valle Tours, pues eran más ventajosos los precios que se obtenían a través de Pérez y Cairós, que con esta última agencia de viajes. Tampoco es real que la empresa cobre como precio de excursiones 1.000 pesetas. Se cobran como gastos generales, tales como entradas al Loro Parque y Águilas del Teide. La propaganda que ha originado el expediente estuvo dos días en la calle y al comprobar la reacción contraria se retiró de forma inmediata de la circulación al ser advertidos de la inoportunidad de ello por la agencia Valle Tours. Piensan que estarían ante una sola infracción, cometidas por todos los implicados al existir unidad de actos, por lo que la sanción debería ser para todos. Encuentran la sanción desproporcionada, pues no existe perjuicio para nadie, ni transcendencia social, ni ser reincidente, ni intencionalidad especulativa. En el caso de una sanción lo estiman leve, o a lo sumo grave.

6º) Que examinadas las razones esgrimidas por la expedientada y los documentos aportados se hace constar que en fecha 15 de enero de 1998 se le solicitó a D. Rolando Alvarado Rivero, en su calidad de representante legal de la entidad mercantil M&R Vertriebsgesellschaft, S.L., como declara en el escrito de alegaciones, la representación legal, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, a tenor de lo dispuesto en el artº. 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, concediéndosele un plazo de 10 días, sin que hasta la fecha se presentara dicha documentación indispensable, por lo que se estima la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la denuncia presentada por la Asociación Provincial de Agencia de Viajes de Santa Cruz de Tenerife, de 17 de febrero de 1997, y del acta de inspección nº 355, de 29 de mayo de 1997, donde se constata entre otros extremos que la Sociedad Limitada Vertriebsgesellschaft contrata directamente con la empresa Pérez y Cairós, con domicilio en la Carretera General de Valle Guerra, nº 63, la realización del transporte terrestre, facturando directamente a ésta por los servicios prestados, adjuntando facturas demostrativas. Los guías acompañantes de los clientes forman parte del personal de la empresa utilizándose los servicios de un personal cualificado de la empresa por autobús.

El Instructor con fecha de 2 de marzo de 1998, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía de ocho millones (8.000.000) de pesetas.

7º) Que la expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92) y de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la denuncia formulada por la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Santa Cruz de Tenerife, de 17 de febrero de 1997 y al acta de inspección nº 355, de 29 de mayo de 1997, donde se constata que la indicada agencia de viajes alemana contrata directamente con la empresa Pérez y Cairós, la realización del transporte terrestre, facturando directamente a esta empresa por los servicios prestados, adjuntado facturas demostrativas. Los guías acompañantes de los clientes forman parte de la empresa.

La propuesta de resolución, ante la devolución de la misma, por los Servicios de Correos y Telégrafos, ha sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 92, de 24 de julio de 1998.

No obstante lo anterior, a la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa inicialmente propuesta, debe tenerse en cuenta la carencia de antecedentes, no obrando constancia de haberse instruido expedientes sancionadores contra el expedientado sobre los que haya recaído resolución firme, según resulta de la consulta efectuada a los servicios correspondientes.

Quinta.- Que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artº. 11 del Decreto 231/1987, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de las Agencias de Viajes de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 166, de 31.12.87)y nº 27, de 29.2.88), con la calificación jurídica de grave, tipificada en el artº. 75.1, en relación con el 76.18, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de cuatro millones doscientas mil (4.200.000) pesetas a M&R Vertriebsgesellschaft, con C.I.F. nº B-38.422.838, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes M&R Vertriebsgesellschaft.

Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo en Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.

2) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 151, nº 783.

Resolución de 14 de octubre de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/136 instruido a Dña. Ángeles Hernández Velázquez titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Frutos.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Dña. Ángeles Hernández Velázquez, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 24 de septiembre 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por Dña. Ivonne Afonso Jiménez, y del acta de inspección nº 557, de 30 de julio de 1997.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 25 de junio de 1997, se recibió en esta Consejería a través del Ayuntamiento de La Laguna una reclamación formulada ante la O.M.I.C. de dicho municipio, en la cual denuncia malos tratos por parte de la hija de la dueña del antes mencionado Bar Frutos, así como trato descortés al solicitarle el Libro de Reclamaciones. Después de faltarle el respeto y demostrando muy mala educación, no sólo no le entregaron las Hojas de Reclamaciones sino que además la pusieron en la puerta de la calle.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 30 de julio de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en calle Nava y Grimón, 44, término municipal de La Laguna-Tenerife, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 557 en la que esencialmente se hace constar que en el momento de la visita el establecimiento está abierto al público y realiza la actividad de bar. Solicitada la documentación de la Administración turística, no la presenta, careciendo del Libro de Inspección, lista de precios sellada, Hoja de Reclamaciones y del aviso sobre su existencia. La compareciente manifiesta que la documentación existe, aunque no se encuentra en el local. En cuanto al hecho que tuvo lugar, manifiestan que el incidente ocurrido fue por el cambio de la venta de tabaco, terminando la discusión sin mayores consecuencias. 3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/136, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha de 24 de septiembre de 1997, por estar funcionando en régimen de explotación turística como bar en las siguientes condiciones:

1º) Sin haber notificado a la Administración turística canaria los precios que hayan de regir en la prestación de los servicios.

2º) Sin tener el correspondiente Libro de Inspección.

3º) Sin tener las Hojas de Reclamaciones.

5º) Que la expedientada ha realizado contestación a los cargos que se le imputan, en la que en síntesis alega lo siguiente: que se dio de alta en régimen de arrendamiento el 13 de noviembre de 1995, y a partir de esa fecha le ha solicitado al propietario del local la firma necesaria para la tramitación tanto de la lista de precios, como del Libro de Inspección y de las Hojas de Reclamaciones, además de la solicitud de cambio de titularidad en el Ayuntamiento de La Laguna, sin que hasta el momento haya una predisposición satisfactoria por su parte, alegando este que no tiene que firmar ninguna documentación puesto que no es problema de él, y que solamente con el contrato de arrendamiento basta para tramitar la misma, esta circunstancia narrada anteriormente es el hecho que ha dado lugar al expediente sancionador que la inspección de turismo ha incoado contra su establecimiento. La expedientada reconoce las infracciones que se le imputan y manifiesta que no ha obrado en ningún momento con mala fe, solicitando de la autoridad correspondiente que interceda ante el dueño del local para poder legalizar la situación, y lograr así dejar de trabajar de forma ilegal.

6º) Que examinadas las razones esgrimidas por la expedientada y los documentos aportados se estima la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la denuncia formulada por Dña. Ivonne Afonso Jiménez, ante la O.M.I.C. de La Laguna y del acta de inspección nº 557 de 30 de julio de 1997, de lo que se desprende, que el indicado bar está funcionando en régimen de explotación turística, sin haber notificado a la Administración turística los precios que hayan de regir en la prestación de los servicios, además de no tener el Libro de Inspección ni las Hojas de Reclamaciones.

Por otro lado, las alegaciones vertidas no desvirtúan el hecho infractor, pues es un hecho reconocido por la empresa, dicha irregularidad consiste en ejercer la actividad de bar sin poseer la documentación que exige la normativa vigente.

A pesar de lo anteriormente expuesto (el no haber legalizado su situación ante la Administración turística) debe tenerse en cuenta a la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa propuesta la circunstancia de la carencia de antecedentes. No obrando constancia de haberse instruido expedientes sancionadores contra dicha empresa sobre los que haya recaído resolución firme.

El Instructor, con fecha de 16 de febrero 1998, formuló Propuesta de sanción de multa en cuantía de sesenta y cinco mil (65.000) pesetas por el primer hecho infractor; sesenta y cinco mil (65.000) pesetas por el segundo hecho infractor y sesenta y cinco mil (65.000) pesetas por el tercer hecho infractor.

7º) Que la expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92) y de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la denuncia formulada por Dña. Ivonne Afonso Jiménez, ante la O.M.I.C. de La Laguna y del acta de inspección nº 557 de 30 de julio de 1997, de lo que se desprende que el indicado bar está funcionando en régimen de explotación turística, sin haber notificado a la Administración turística los precios que hayan de regir en la prestación de los servicios, además de no tener el Libro de Inspección ni las Hojas de Reclamaciones.

Tramitada la propuesta de resolución, fue devuelta por los servicios de Correos y Telégrafos. La Inspección Turística, en fecha de 10 de marzo de 1998, se personó en la dirección del Bar Frutos, calle Nava y Grimón, 44, La Laguna, pudiendo observar que el establecimiento permanece cerrado, presentando evidentes signos de suciedad en la puerta y la entrada, lo que indica que está cerrado desde hace bastante tiempo. Se pregunta en un establecimiento contiguo, en él por casualidad se encontraba el dueño del local, D. Fructuoso Correa Correa, quien informó que Dña. Ángeles Hernández Velázquez dejó la explotación desde noviembre de 1997, desconociendo actualmente el paradero de la señora.

En fecha de 28 de abril de 1998, se comunica al Ayuntamiento de La Laguna la Resolución de 1 de abril de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, para su anuncio en tablón de edictos correspondiente, en base al artº. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La mencionada resolución se publica en el Boletín Oficial de Canarias nº 92, de 24 de julio de 1998.

Quinta.- Que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965 y a los artículos 84 y 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, con la calificación jurídica de leves, tipificados en los artículos 76.5, 76.9 y 76.6, en relación con el artº. 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de sesenta y cinco mil (65.000) pesetas por el primer hecho infractor, sesenta y cinco mil (65.000) pesetas por el segundo hecho infractor, sesenta y cinco mil (65.000) pesetas por el tercer hecho infractor, a Dña. Ángeles Hernández Velázquez, con D.N.I. nº 42.016.815, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Frutos.- Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.

3) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 17, nº 133.

Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Viceconsejería de Turismo, recaída en el expediente sancionador nº 98/063, instruido a Procanavia, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes Procanavia.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Procanavia, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 3 de junio de 1998, como consecuencia de la reclamación formulada por los Sres. Marrero y Castañeyra, y del acta de inspección nº 01082, de 23 de enero de 1998. Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Que con fecha 6 de octubre de 1997, se recibió en esta Consejería reclamación formulada por los Sres. Marrero y Castañeyra ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Puerto de la Cruz, en la que se queja del error sufrido en el horario de salida del vuelo SP6137 de la Cía. Spanair con Cía. Charter Alpitours del 15 de septiembre de 1997 a las 7,30 Tenerife-Bologna a nombre de Marrero y Castañeyra, habiéndole informado la señorita de Alpitours que dicho vuelo sale todos los lunes a las 5,40 y que jamás ha variado desde que ha sido creado.

Que teniendo en cuenta que la Agencia ha expedido los billetes con el horario 7,30, confirmando por teléfono dicho horario el viernes 12 de septiembre de 1997 y que el vuelo se adelantó a las 5,40 horas, es por lo que reclaman el importe de los billetes, el importe de autopista Milán-Bologna, así como de gasolina, almuerzo de tres personas, exceso de equipaje que hacen un total de 75.150 pesetas; aparte de los trastornos y retraso ocasionados a los pasajeros y la pérdida de trabajo del familiar que los recogió en Milán, ya que fue en ese destino el único vuelo que se encontró en ese momento.

2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 5 de diciembre de 1997 se personó en la Agencia de Viajes Delia Tours, sita en la calle Pérez Zamora, 29, Puerto de la Cruz, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 00979, en la que esencialmente se hace constar que la Directora de dicha Agencia manifiesta al Inspector actuante que el reclamante había reservado dos billetes Tenerife-Bologna, para viajar el día 15 de septiembre de 1997, con horario previsto a las 7,30 horas.

Dichos billetes fueron adquiridos por la Agencia de Viajes a través de la mayorista Procanavia, que tiene su domicilio en el nº 15 de la Avenida de Anaga de Santa Cruz de Tenerife, y fueron cumplimentados por dicha mayorista. En dichos billetes que fueron cumplimentados el día 4 de septiembre de 1997, se refleja como horario de salida las 7,30 horas.

En la Agencia de Viajes se había recibido el día 2 de septiembre de 1997, el fax que se adjunta, donde el mayorista informaba del cambio de horario del vuelo de las 7,30 a las 5,40 horas. No obstante, al haberse emitido los billetes con posterioridad, se estimó que se había vuelto a cambiar el horario original.

Como consecuencia del contenido de la anterior acta de inspección, el 23 de enero de 1998, se personó el Servicio de Inspección de Turismo en la entidad Procanavia, S.L., levantando el acta nº 01082, en la que, en esencia, se hace constar, por manifestaciones del Apoderado de dicha entidad al Inspector actuante, que la reserva fue efectuada con anterioridad al día 2 de septiembre de 1997 y se comunicó a su centro colaborador en Puerto de la Cruz (Viajes Medymar) que expidiera los billetes. El día 2 de septiembre de 1997 se envió a la Agencia de Viajes Delia Tours de la variación en el horario de vuelo en el correspondiente fax que aparece en el expediente. El día 4 de septiembre de 1997 la Agencia Delia Tours fue a su centro colaborador a recoger el billete, donde se reflejó como horario del vuelo las 7,30 horas por desconocimiento de la variación.

El establecimiento, que se dedica como actividad única a la intermediación en la venta de billetes de avión a otras Agencias de Viajes, no cuenta con la preceptiva autorización de la Administración turística competente y carece de Libro de Inspección y Hojas de Reclamaciones.

3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/063, nombrándose Instructor y Secretario.

4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 3 de junio de 1998, por “Ejercer actividades propias de Agencia de viajes Mayorista, sin haber obtenido el correspondiente título-licencia”.

5º) Que la expedientada ha realizado contestación a los cargos que se le imputan, en la que en síntesis alega: que los directivos de Alpitour Italia SPA y Medymar Canarias, S.A. pensaron que sería buena idea constituir una oficina o departamento separado de la agencia de viajes con el fin de que comercializaran las plazas de “solo vuelo” que quedaban libres de los aviones procedentes de Italia, constituyéndose por ello Procanavia, S.L. el 9 de abril de 1997, con el fin de comercializar y dar a conocer el producto “solo vuelo” entre el Tour Operador reseñado y la Agencia de Viajes.

Además manifiestan que Procanavia, S.L. no es ninguna agencia de viajes ni pretende serlo, sino una empresa que tenía como fin servir de lazo comercial entre Tour Operador y la Agencia Minorista y lo único que hace es pasar por fax a la Agencia Minorista los precios y disponibilidad de las plazas, entregándose el billete de avión por la Agencia Minorista si el cliente final está conforme.

También alega que, en el caso que nos ocupa, Procanavia se limitó a dar a conocer a Delia Tours las condiciones del billete, entendiendo que esta actividad no encaja en el artº. 2.1 del Decreto 176/1997, lo cual es lógico por que en el “Ínter contractual” figura un Tour Operador, una Agencia de Viajes con las formalidades legales que exige la Consejería de Turismo (Delia Tours) y una empresa que se dedica a poner en conocimiento de esas agencias las ofertas y horarios de Alpitour Italia-SPA. Asimismo exponen que ni del artº. 75.1 de la L.O.T.C., ni del articulado del Decreto 176/1997, se deduce que Procanavia, S.L. deba constituirse en Agencia de Viajes. Y que con el fin de que existan garantías para el consumidor final Procanavia, S.L. hace constar en el billete de avión sus datos, no por ser su misión la de mediador ni tampoco por desarrollar actividad descrita en el artículo 2 del Decreto 176/1997, sino para que el consumidor sepa que en caso de tener que reclamar, podrá hacerlo contra la Agencia Minorista y contra Procanavia, S.L.

También destacan que Procanavia, S.L. nunca ha publicitado o exteriorizado su servicio como Agencia de Viajes.

Por último solicitan que se tenga por presentado su escrito de alegaciones y que como consecuencia del mismo se archive el presente expediente sin más trámites.

Se aporte el original del billete de avión nº 4378313 a efectos probatorios.

6º) Que examinadas las razones esgrimidas por la expedientada y los documentos obrantes en el presente expediente, se considera que debe estimarse su responsabilidad administrativa, ya que consta acreditado que en la misma se están realizando actividades reservadas exclusivamente a las Agencias de Viajes Mayoristas, puesto que hacen de mediador en la venta de billetes de avión entre un Tour Operador y una Agencia de Viajes Minorista, sin haber obtenido previamente el correspondiente título-licencia, y sin que por otra parte se trate de una compañía aérea que como tal tiene la facultad de vender billetes de avión.

No obstante lo anteriormente expuesto, a la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa inicialmente propuesta, debe tenerse en cuenta la carencia de antecedentes, hecho este que se comprueba mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes.

El Instructor, con fecha de 20 de octubre de 1998, formuló Propuesta de sanción de multa en cuantía de cuatro millones seiscientas mil (4.600.000) pesetas.

7º) Que la expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92) y de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95). Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la reclamación formulada por los Sres. Marrero y Castañeyra, a los correspondientes billetes de avión, al contenido de las actas levantadas a la Agencia de Viajes Delia Tours y a Procanavia, S.L. y al fax contestando a la reclamación de los citados clientes, así como del enviado a Delia Tours, comunicándole el cambio de horario del vuelo contratado; desprendiéndose de todo ello que Procanavia, S.L. está realizando actividades reservadas exclusivamente a las Agencias de Viajes Mayoristas, al mediar en la venta de billetes de avión entre un Tour Operador y una Agencia de Viajes Minorista, sin haber obtenido el correspondiente título-licencia.

No obstante, a la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa propuesta, y con objeto de minorar la misma, debe apreciarse en la expedientada la circunstancia de haber limitado su actividad únicamente a la intermediación en la venta de billetes de avión.

Quinta.- Que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artículo 4º, en relación con los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto de 176/1997, de 24 de julio, por el que se regulan las Agencias de Viajes (B.O.C. nº 100, de 6.8.97), con calificación de grave, en base al artº. 75.1, en relación con el 76.18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de tres millones trescientas cincuenta mil (3.350.000) pesetas a Procanavia, S.L., con C.I.F. nº B-38.451.910, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes Mayorista Procanavia.

Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo en Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.



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